Redacción Canal Abierto | Durante los últimos meses, se multiplicaron las tomas de tierra por parte de quienes no tienen dónde vivir. Y, con ellas, la discusión sobre su legitimidad, la colisión de derechos que implican, y sobre cuál debería ser la primera respuesta del Estado ante la emergencia: la represión o el diálogo.
Ana Pastor no tiene dudas: “Está lo ilegal y lo ilegítimo. En el caso de la tierra, una toma sí es una cuestión ilegal pero no es ilegítima. Se podría considerar como un grito de auxilio de sectores que vienen alejados de la mano del Estado hace mucho tiempo. En la provincia de Buenos Aires este problema lo arrastramos desde los 80”.
Pastor es integrante histórica de Madre Tierra y de Habitar Argentina, organizaciones que vienen trabajando hace años por el derecho a la tierra, a la vivienda y a un hábitat adecuado en el territorio bonaerense.
Establecés el comienzo de las tomas en los 80, ¿qué las motivó?
—En ese momento se acabó la posibilidad de acceder a un crédito popular, que se cortó por las restricciones impuestas por la deuda externa, y porque una ley de la dictadura en el provincia de Buenos Aires, la Ley de Uso del Suelo, que prohibió los loteos de tierras en la periferia. Con ellos se quiso evitar que se hicieran islas de urbanizaciones, pero la realidad es que en una macrociudad a donde todos los trabajos se concentran alrededor del puerto la gente viene hacia acá, y esos loteos le daban un lugar donde vivir al sector popular o al sector obrero de baja calificación. Al cercenarse eso, las tomas explotaron, porque la gente en algún lugar necesitaba vivir.
¿Y por qué volvieron a explotar ahora?
—Esta nueva explosión se da en un marco de una pandemia, durante la cual, si bien hubo una prohibición de los desalojos por el Decreto 320, éste habla de los desalojos formales. Pero los sectores populares alquilan y compran en la informalidad. Entonces se produjeron desalojos informales, que no pasan por los juzgados. Quien te alquila te dice: si no me pagás, te vas. Y no se puede recurrir a nadie porque no hay un contrato de alquiler de por medio. Hay todo un sector de la población que en pandemia se quedó sin lugar donde vivir. Ahí hay una pata de la necesidad.
¿Cuál es la otra?
—La pata de arrastre, los sectores que ya venían hacinados. Y en la provincia lo que se ve es mucha tierra ociosa y gente que está conviviendo en pequeños lugares con grandes grupos familiares. Con esta necesidad viene el aprovechamiento de otros.
¿Quiénes son esos otros?
—Si hablamos de ilegalidad, la deberíamos poner de parte de los vivos que, como tienen conocimientos y contactos para saber qué tierra va a tener poca resistencia a la toma, organizan ventas clandestinas donde hay gente que compra engañada y otra que no tiene otra alternativa y paga para poder entrar.
Entonces hay un escalón intermedio de gente que usurpa y, al mismo tiempo, se aprovecha del desesperado.
—Exacto. El problema es que cuando caemos en esas nuevas tomas con las fuerzas represiva, a la que estamos reprimiendo es a la última víctima. No agarramos al pirata que le vendió, al que sabía que estaba engañando a otros y que se fue con la plata. Entonces, esas familias terminan siendo dobles víctimas: por un lado porque terminan en la Justicia, y por otro lado porque perdieron la plata que pagaron. Ante esto hace falta urgente una respuesta masiva y clara de parte del Estado.
¿Cuál debería ser esa respuesta?
—No puede ser sólo judicial y policial. La respuesta tiene que ser política. Hoy se está en un escenario que quizá por la pandemia viene más lento de lo que quisiéramos, pero hay diseño de políticas que podrían ir poniendo esto en caja.
¿Cuáles son esas políticas o herramientas que tiene el Estado?
—En la provincia de Buenos Aires está la Ley 14.449, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que peleamos las organizaciones y ganamos en diciembre de 2012. Lo que plantea es que el Estado debe gestionar el territorio, y que el territorio tiene recursos para hacer la vida más igualitaria. Para ello establece cuatro tipos de instrumentos, dos de los cuales tienen que ver con la recuperación de recursos que el territorio genera y los otros con cómo desarrollar el territorio con servicios. Es decir: generar suelo con consorcios urbanísticos, donde se una el Estado con los que tienen tierras, con los privados.
Otro de los instrumentos es castigar la tierra ociosa, para que a quienes la tienen les salga más caro retenerla que ponerla a la venta. Porque el grave problema de la vivienda tiene que ver con el valor inmobiliario: hoy no existe la función social de la propiedad, sino una función mercantil de la propiedad. Y lo tenemos naturalizado, nos parece lógico que la vivienda y la tierra sean inaccesibles. La función social de la propiedad debe estar por arriba de la propiedad privada absoluta
¿Y qué herramientas de mediación prevé la ley, por ejemplo, para situaciones como las tomas?
—Tiene un Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda, del cual soy parte, y obliga a los municipios a utilizar instrumentos de participación. Ante cada conflicto, como las tomas o la intervención del Estado en un barrio popular, debe haber una mesa de gestión intersectorial, donde participan municipios, legisladores, colegios profesionales, organizaciones, universidades, y el Poder Ejecutivo provincial.
Para las tomas, por otro lado, hay que poner en marcha rápidamente el Programa Nacional de Producción de Suelo, que por primera vez tiene el gobierno nacional. Pero este plan fue lanzado en medio de la pandemia, por eso es complicado ponerlo a funcionar.
Entonces parece que la discusión entre si la respuesta a las tomas es represión o diálogo ya está saldada. Sin embargo, vuelve a abrirse…
—Porque a pesar de que existen los instrumentos, hacen falta recursos y voluntad política, para lo cual hay que asumir el tema del hábitat como uno de los problemas eje.
A nivel estructural, hay que solucionar la disgregación de la cuestión del hábitat en la provincia: Vivienda está por un lado, Infraestructura por otro, Ambiente por otro, una situación que se atomizó por completo durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Hay que unificar la conducción política provincial de la gestión del territorio. Y a nivel nacional, también habría que hacer una coordinación de las políticas públicas que impactan sobre un mismo territorio.
Cuando te referís al tema de la tierra, ¿hablás sólo de la vivienda o también de la tierra productiva?
—De todo. Si abordamos el tema de la tierra tenemos que abarcar la tierra urbana, para vivir, la tierra rural, para trabajar y para vivir. Y de la tierra ancestral y su derecho a la recuperación.
Nosotros decimos que el territorio tiene que ser económicamente equitativo, socialmente incluyente, espacialmente integrado, ambientalmente sostenible, culturalmente identitario, y también tiene que estar democráticamente planificado y eficazmente gestionado. Eso atraviesa no sólo en el área urbana la cuestión vivienda y el área rural la cuestión productiva, sino que pasa por las zonas periurbanas donde, por ejemplo, hay cinturones frutihortícolas que hoy están desapareciendo por el avance de las urbanizaciones de un lado, y por el avance del cultivo extensivo del otro. Con eso desaparece el trabajo y también se nos encarece el alimento.
De igual manera la sojización altera las cuencas de los ríos y genera las inundaciones.
Si la gente ha tendido a hacinarse en las periferias de las zonas productivas porque llega en busca de trabajo, ¿uno de los abordajes para solucionar el problema habitacional no debería ser la distribución espacial del trabajo que ahora está concentrado en torno al puerto de Buenos Aires?
—Totalmente. La Ley de Hábitat contempla un llamado a los municipios a que planifiquen su territorio, en la que tiene que entrar todo lo que hace al desarrollo de la vida de la población de ese lugar. Eso atraviesa desde el de qué vive la gente, cómo vive, y hacia dónde se traslada, y cómo. Hay que pensar al territorio al servicio de la vida integral.
Hay municipios, como el de Moreno, que vienen hace mucho tiempo preocupándose y ocupándose de la gestión de su territorio con perspectiva de derechos y se hacen presentes en los lugares de las tomas, las desalientan, censan a la gente, y gestionan con los dueños de las tierras ociosas emprendimientos urbanísticos público-privados. Otros no tienen nada armado y, ante las tomas, llaman a la policía.
Foto: La Nación