Por Mariano Vázquez | La recuperación de la democracia y los levantamientos militares generaron un consenso partidario resumido en el Nunca Más y en el pacto político-social de unidad contra el golpismo. Ya es emblemática la foto de una Plaza de Mayo desbordada por el pueblo y en el balcón de la Casa Rosada el presidente Raúl Alfonsín y el líder de la oposición Antonio Cafiero. Fue en Semana Santa de 1987 y durante la jornada la foto de ambos líderes mostró la determinación de todas las fuerzas de que la Argentina no permitiría un retorno al Terrorismo de Estado. Este miércoles, ese consenso tambaleó por las especulaciones de la oposición recalcitrante.

La policía bonaerense es un fuerza de 92.000 efectivos que nunca ha podido ser reformada por ningún gobierno democrático. Una fuerza incontrolable y con negocios ilegales multimillonarios. Es probable que no tengan apetencias golpistas, aunque son conocedores de su capacidad de desestabilización. El 3 de septiembre escribí en mi cuenta de twitter: “(Eduardo) Duhalde dijo que podría haber un golpe militar, yo digo, sí, pero de la Bonaerense, que continúa la doctrina de (Ramón) Camps, que ningún gobierno se atrevió a tocar”.

 

Mientras el debate siga siendo más fuerzas de seguridad y más cárceles no habrá solución. Con los medios hegemónicos, gobierno, oposición y la ciudadanía hablando del “clima de inseguridad” parece imposible aceptar que la respuesta es menos policías y más servicios de respuesta inmediata del Estado, desfinanciar a la institución y quitarle funciones, por ejemplo, sobre casos no violentos.

Descarnadamente lo escribió en 1969 el periodista Rodolfo Walsh en el semanario CGT de los Argentinos: «Es una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata».

Antecedentes: Ecuador y Bolivia

Se abre con vehemencia la camisa. No tiene chaleco antibalas. No está protegido. Impetuosamente dice: “Si quieren matar al Presidente, aquí está, mátenme si tienen valor”. La escena la protagoniza el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa. Fue un 30 de septiembre de 2010 ante un motín policial de proporciones. Luego, secuestrado en el hospital policial, reiteró: “Yo de aquí salgo como Presidente o como cadáver”. Un grupo de elite lo rescató a tiro limpio. El enfrentamiento entre policías y militares en las calles de Quito dejó un saldo de dos militares, dos policías y un joven estudiante universitario muertos.

Lo que parecía un reclamo meramente sindical derivó en la toma del aeropuerto internacional Mariscal Sucre, la adhesión de un par de regimientos del interior del país. Los seguidores del expresidente Lucio Gutiérrez ingresaron por la fuerza en los estudios de la televisión pública para llamar al pueblo a unirse a la asonada. Los periodistas en el estudio desarticularon la maniobra denunciando que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado.

Dos años después en Bolivia se desató un violento motín policial, que tiene un antecedente poco conocido: en 2011 el entonces presidente Evo Morales destituyó al comandante nacional de la Policía por corrupción y pasó a manos civiles la administración del sistema de identificación personal y licencias de conducir, una de las cajas de recaudación ilegal más importante de la policía. Esto generó muchísimo malestar.

Resquemor que, con la excusa de una recomposición salarial, estalló en junio de 2012 cuando fui testigo de esa sublevación policial que se extendió en ocho de los nueve departamentos (provincias) del país. Los uniformados quemaron documentos y computadores en la sede de inteligencia y del Tribunal Disciplinario, tomaron edificios públicos y privados, marcharon amenazantes frente a la Casa de Gobierno disparando tiros al aire y se enfrentaron con los movimientos sociales que salieron a las calles a defender al proceso de cambio. La correlación de fuerzas permitió la victoria democrática.

El exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, hoy asilado y asediado por el gobierno de facto en la Embajada de México en La Paz, explicó en su libro “Policía y democracia en Bolivia” que “a) actúa bajo un liderazgo político y corporativo prebendal; b) tiene una estructura represiva y militarizada; c) es altamente burocratizada; d) con precaria profesionalización; e) una organización donde predomina el trabajo informal; f) caracterizada por su atomización estructural; y g) una organización con serias tendencias hacia la privatización de sus funciones”.

En noviembre de 2019, el golpe que depuso al presidente Evo Morales comenzó con un orquestado amotinamiento policial que como reguero se extendió a todo el país. El factor principal para el quiebre constitucional fue la rebelión de los uniformados, al que luego se sumaron sectores sociales, grupos civiles de choque y el apriete militar para que renuncie Morales.

 

Sindicalización policial

Muchas voces se alzaron para decir que la policía debe estar sindicalizada. Se puede resumir a ese conjunto de voces del ámbito judicial, político y gremial con esta frase: “Con sindicatos policiales esto no pasaba”. En los párrafos siguientes se ofrece una serie de antecedentes negativos que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de abordar el debate en nuestro país.

Bolivia tiene a la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), e incluso existe la Federación Nacional Única de Esposas de Policías. La presencia de estas representaciones gremiales no impidió ni motines ni golpes. La sindicalización no alcanza ni soluciona la crisis sistémica de este sector.

Observamos una idealización de los sindicatos policiales de países desarrollados. En Estados Unidos y Canadá estos gremios tienen a los gobiernos (especialmente municipales) bajo una fuerte coerción. Por ejemplo, impiden sancionar a los responsables del gatillo fácil por las cláusulas de los contratos colectivos. Boicotean cada intento de reforma y se oponen al control civil de sus actos a través de comités de supervisión.

Los poderosos sindicatos locales, estatales y federales dirigen su esfuerzo a encubrir y proteger a sus afiliados de las acusaciones de abuso de poder y brutalidad. Como lo demuestra este artículo que posteó el Sindicato Internacional de Asociaciones Policiales (IUPA, por sus siglas en inglés) sobre el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos del policía blanco Derek Chauvin el 25 de mayo de este año: “Arrodillarse sobre el cuello de un sospechoso está permitido por la política de uso de la fuerza (…) Se considera una ´opción de fuerza no mortal´, según el manual”, por lo que pidió que no “haya apresuramiento para condenar a nuestros oficiales”.

Se explayó al respecto la periodista Kim Kelly en un artículo titulado “No más sindicatos policiales”: “Chauvin fue citado varias veces por uso de fuerza excesiva en el trabajo; ha estado involucrado en al menos dos tiroteos policiales (…) ha abusado repetidamente de su poder, privilegio y autoridad para amenazar y aterrorizar, y ahora se le ha visto matando a una persona en cámara (…) Y gracias a los controvertidos incentivos de afiliación sindical, también es alguien que técnicamente cuenta como ‘hermano sindical”.

Solo el 0,3 por ciento de los policías fueron condenados por matar y en el 99 por ciento de esos homicidios el agente ni siquiera fue imputado. Solo en 2019 la policía asesinó a 1.089 personas. En Argentina, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denuncia que hay un caso de violencia policial cada 30 horas. Con el confinamiento y el último caso revelado, el de Facundo Castro Astudillo, esa tendencia sistemática continúa. La organización villera La Poderosa plantea desde hace rato el “control popular a las fuerzas de seguridad”.

La prestigiosa revista The New Yorker realizó uno de los informes más exhaustivos de la historia de los sindicatos policiales y por qué se oponen a reformar sus estructuras arcaicas y represivas: “Los sindicatos policiales pueden ofrecer a sus miembros protecciones extraordinarias. Los oficiales acusados ​​de mala conducta pueden recibir representación legal pagada por la ciudad y tiempo suficiente para revisar la evidencia antes de hablar con los investigadores. En muchos casos, se garantiza el sueldo de los agentes suspendidos y se ignoran las recomendaciones disciplinarias de las juntas de supervisión. Las quejas presentadas demasiado tarde quedan descalificadas. Los registros de mala conducta pueden mantenerse en secreto y destruirse permanentemente después de tan solo sesenta días”.

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