Por Mariano Vázquez | Evo Morales no es un líder de izquierda más. Su historia de lucha en defensa de la hoja de coca, que pretendieron erradicar con violencia y represión los gobiernos-títeres de Estados Unidos, lo posicionaron como un estandarte antiimperialista. Su regreso triunfal a Bolivia es la historia de un resistente.
Guerra a los cocaleros
La caída de la Unión Soviética llevó a Estados Unidos a modificar los paradigmas de la Guerra Fría. Para eso, en noviembre de 1989, puso en marcha el Plan General de la Estrategia Presidencial contra el Narcotráfico, conocido como Plan Bennett, bajo la consigna de que el comercio internacional de droga constituía una amenaza para la Seguridad Nacional. Este se aplicó el 15 de febrero de 1990 mediante el convenio regional conocido como la Declaración de Cartagena firmado entre los gobiernos de Estados Unidos, Bolivia, Perú y Colombia.
En el caso boliviano se rubricaron el 9 de mayo de 1990 tres anexos del Convenio de Prevención integral. Así se formalizó lo que ya venía ocurriendo en los 80: la militarización de las zonas de producción de cultivos de coca para su erradicación forzosa. Militares norteamericanos comandaban esta tarea. Se trató de una guerra de baja intensidad ejecutada en plena democracia contra cocaleros, que además se constituían en baluartes de la lucha contra el neoliberalismo.
Ronald Reagan (1981-1989) ya había aplicado el plan Santa Fe I. La DEA asumió como objetivo inicial la erradicación con el Primer Plan Quinquenal de Reducción del Cultivo de Coca (1981-1986), que se inició durante la dictadura de Luis García Meza y continuó con la recuperación de la democracia en 1982. Según explica Fernando Salazar Ortuño en el libro Kawsachun Coca (2008), en este período se inició la intervención estatal contra los productores, que trajo aparejado un ciclo de violencia militar y resistencia campesina.
El trópico cochabambino fue objeto de una militarización prolongada. El Estado estigmatizó y criminalizó a los campesinos acusándolos de “narcotraficantes”, “guerrilleros”, “narcoterroristas”. Atrocidades fueron cometidas en plena democracia contra miles de familias. Con la excusa de la guerra contra las drogas buscaron eliminar a las organizaciones cocaleras.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) llegó al gobierno en 1985 de la mano de su líder histórico, Víctor Paz Estenssoro, quién bajo la excusa de que “Bolivia se nos muere” puso en marcha un ajuste estructural de la economía, mediante el achicamiento del gasto público, el cierre de empresas estatales, los despidos masivos y un proceso incipiente de privatizaciones. También aceptó las presiones de los Estados Unidos para erradicar los cultivos de coca. Esta estrategia se efectivizó mediante el Plan Trienal de Lucha contra el Narcotráfico. La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, conocida como Ley 1008, fue aprobada el 19 de julio de 1988 e institucionalizaba a Estados Unidos como vector de la represión para la erradicación forzosa de cultivos de coca.
Debilitar la base
Durante los gobiernos venideros (Jaime Paz Zamora, 1989-1993; Gonzalo Sánchez de Lozada, 1993-1997 y 2002-2003; Hugo Banzer/Jorge Quiroga (1997-2002) se incrementó esta política represiva con instructores militares estadounidenses que arribaron al país para entrenar a las fuerzas locales en acciones de shock para la erradicación total. “El 20% de la producción nacional de hidrocarburos se produce en la provincia Carrasco y Chapare ¿No será que quieren una zona liberada de conflictos para terminar instalando empresas norteamericanas y transnacionales para sacar petróleo del Chapare?”, se preguntaba el periódico Hoy de Cochabamba, en su edición del 11 de noviembre de 1995. Uno de los hitos fue en 1998 la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) conformada por oficiales, suboficiales, soldados y policías, que incluía también personal norteamericano.
En marzo de 2002, Quiroga se reunió con el presidente George W. Bush. La agenda contemplaba cinco puntos: La exportación de gas boliviano a California, la ampliación del ATPDEA (Acta de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga, por sus siglas en inglés), la lucha contra el narcotráfico, la cooperación internacional y el terrorismo. Este cumplió al pie de la letra estas órdenes con la aplicación del Decreto Supremo 26.415 un mes después de su visita a los Estados Unidos. Los campesinos reaccionaron al intento de cerrar los mercados de Sacaba y Eterazama. La represión causó muertos y heridos. La obsesión de Washington era debilitar la base política de Evo Morales. Quiroga militarizó el Chapare y clausuró Radio Soberanía, de propiedad de la Federación de Cocaleros.
La resistencia cocalera y su irrupción en la vida política nacional provocó la abierta intromisión de la Embajada estadounidense en las elecciones de 2002. La política pactada sufría un golpe inesperado. Los votos dieron cuenta del nuevo escenario: Sánchez de Lozada obtuvo el 22,5% y Evo Morales el 21%. Días antes de las elecciones, el embajador Manuel Rocha amenazaba: “El electorado boliviano debe considerar las consecuencias de escoger líderes de alguna manera conectados con el narcotráfico y el terrorismo. Si los productores de drogas ilícitas llegaran a tomar el poder en alguna parte ese país se convertiría en un paria internacional donde no habría inversiones nacionales ni extranjeras ni creación de empleos lícitos”.
La resistencia cocalera fue el germen de la Guerra del Agua, de enero de 2000 en Cochabamba, contra el intento gubernamental de privatizar el sistema público de agua potable vendiéndoselo a una multinacional estadounidense. Tres meses de huelgas y movilizaciones desbarrancaron el proyecto privatizador. Y el punto culminante que permitió la clausura del período entreguista fue el intento de vender el gas a los mercados transnacionales de ultramar a través de puertos chilenos. En septiembre de 2003 se generalizaron las protestas en las zonas andinas. El 13 de octubre los manifestantes bloquearon las comunicaciones entre El Alto y La Paz. Sánchez de Lozada envió tropas militares para dispersar a los manifestantes. 67 muertes fue el saldo luctuoso de la represión emenerreista. El mandatario que hablaba mejor inglés que castellano huyó cuatro días después en helicóptero a una cómoda estancia en los Estados Unidos.
Objetivo de la CIA
Evo Morales fue siempre objetivo político de la Embajada de Estados Unidos. Nacido en el pequeño pueblo de Orinoca, en el departamento andino de Oruro, su historia es fiel reflejo de las clases indígenas históricamente sojuzgadas. Creció en la pobreza, debió trabajar desde los cuatro años como pastor y perdió a cuatro hermanos por causas evitables. Su familia, como otras miles, se mudó al Chapare en busca de una mejor situación económica. Allí se convirtió en dirigente sindical. En 1982-1983 fue secretario general del Sindicato San Francisco; en 1985, de la Central 2 de agosto, hasta que en 1988 llegó a la cúspide: secretario ejecutivo de las Federaciones del Trópico de Cochabamba, cargo que aún hoy ocupa. Pero también se convirtió en un líder que entendió que no sólo había que pelear por reivindicaciones sectoriales sino también para cambiar al país de raíz. Por eso, en 1985, creó el Frente Amplio de Masas Antiimperialistas (FAMA) en respuesta a la constante presencia de la DEA y tropas estadounidense.
En 1993 fue elegido diputado bajo el paraguas de Izquierda Unida (IU) obteniendo el mayor porcentaje de votación a nivel nacional (62%). Luego de esa experiencia, buscó la autonomía mediante la creación del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y la refundación el Movimiento al Socialismo (MAS). Con esta fusión fue candidato presidencial en 2002 en el que obtiene el 21% mencionado.
En las elecciones presidenciales de 2005, fue la voz de los silenciados, de las víctimas del neoliberalismo y la represión, de los asesinados en las movilizaciones populares contra la entrega de los recursos naturales. El sistema de partidos tradicionales entró en descomposición por la corrupción, el entreguismo y la sumisión a los Estados Unidos. Morales catalizó esos sentimientos emancipadores y se convirtió en el primer presidente electo en primera vuelta desde el retorno a la democracia en 1982 con el 53,7% de los votos. Que se amplió en el referendo ratificatorio de 2008 (67%) y en las presidenciales de 2009 (64%) y 2014 (61%). Y se truncaron en 2019 tras el golpe cívico-policial-militar que obligó a Morales a exiliarse en México para luego recibir por parte de Argentina el estatus de refugiado.
Siempre puso el cuerpo. En 1984 estuvo en el primer bloqueo de caminos que terminó con tres campesinos asesinados en las proximidades de Huayllani. En Parotani, durante mayo de 1987, murieron otros cinco que bloqueaban rutas por el Plan Trienal. La Masacre de Villa Tunari, en 1988, donde 11 cocaleros perecieron, según los sindicatos campesinos, por disparos de UMOPARES y agentes de la DEA. Esa presencia hilvanó la columna vertebral del movimiento cocalero: antiimperialista, anticapitalista y anticolonial.
La investigación más detallada sobre el profundo odio que Estados Unidos le profesa a Morales lo realizó la periodista argentina Stella Calloni en su libro Evo en la mira: CIA y DEA en Bolivia (2009): “Vimos morir a varios compañeros. Fui testigo de cómo agentes de la DEA nos masacraban. Después recogimos cadáveres ahogados en el río y nos dimos cuenta de que algunos traían grandes orificios de bala, disparadas por las armas militares”, le contó Evo a la autora.
Disparen contra Evo
La acción represiva conjunta entre militares bolivianos y estadounidense incluyó intentos de asesinato de Morales. Uno de ellos ocurrió en 1989 “al cumplirse el primer aniversario de la masacre de Villa Tunari, Evo habló en el acto de recordación y protesta que realizaron los campesinos y los familiares de las víctimas. Al día siguiente, un grupo de UMOPARes lo detuvo, lo golpeó duramente y lo arrojó al monte pensando que estaba muerto”.
Evo lo confirma a Opinión en la edición del 21 de mayo de 2008: “(En 2001) Al salir de esta reunión un policía se me acercó para advertirme que me cuidara porque otro policía llamado Canán me estaba esperando en Villa Tunari. Ese Canán, en esos momentos capitán o mayor de la policía, era conocido porque perseguía a los movimientos sociales, pero especialmente siempre estaba detrás de mí. Avisado iba yo y recuerdo que en el camino me perseguían. Era una persecución evidente, una especie de caza de gato y ratón”.
También fue acusado de sedición, al igual que lo hizo el gobierno de facto de Jeanine Añez. El 18 de abril de 1995 fue detenido (ocho fueron las detenciones que sufrió como dirigente cocalero) con la excusa de que era parte un complot para cometer un golpe de Estado contra Sánchez de Lozada. Una trama urdida por los ideólogos de la contrainsurgencia estadounidense. Lo acusaban de intentar romper el orden constitucional en alianza con Sendero Luminoso de Perú y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Con esa excusa militares estadounidenses y bolivianos irrumpieron violentamente en la sede del encuentro del Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca (CAPHC), que presidía Evo. Allí fue arrestado junto a decenas de dirigentes sindicales y confinado en lugar remoto de la selva amazónica.
El costo social de las políticas de erradicación de la hoja de coca proyecta la dimensión represiva y vergonzante de la presencia de los Estados Unidas en Bolivia y, particularmente, en la zona del Trópico de Cochabamba, durante casi dos décadas. Aquí las cifras: 206 personas asesinadas, de las cuales 8 son bebes que murieron asfixiados por ataque con gases, a manos de fuerzas del ejército, de la policía, la DEA, militares de los Estados Unidos o mercenarios. 121 personas torturadas, 4134 casos de detenciones ilegales, detalla Salazar Ortuño en el libro “Kawsachun Coca”.
Con la asunción de Evo y la expulsión de la DEA en 2008, el combate contra las drogas en Bolivia fue reconocido por Naciones Unidas y la Unión Europea. Obviamente, Estados Unidos descertificó a Bolivia desde el 2006 hasta 2019. Este editorial del 14 de septiembre de 2016 del New York Times es elocuente: “Esta semana, la Casa Blanca publicó su informe anual sobre los países que están en primera línea de fuego en la guerra contra las drogas. Como era de esperar, Bolivia ha sido señalada como uno de los tres países que ha fallado a la hora de combatir de manera efectiva el narcotráfico. ‘El mundo sabe que nuestro modelo antinarcóticos funciona mejor sin Estados Unidos’, contestó Morales (…) Según la oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito, el cultivo de coca en Bolivia ha disminuido durante los últimos cinco años. Estas tácticas han sido aprobadas por expertos y funcionarios occidentales porque premia los derechos y necesidades de campesinos pobres. Eso contrasta con la estrategia que Estados Unidos financia hace tiempo en la región, una combinación de fumigación aérea, erradicación manual y persecución de capos. En Colombia, que ha sido el aliado más estrecho de Washington en la lucha contra el narcotráfico, es donde se ha hecho más evidente que el enfoque no es el adecuado. El año pasado, el cultivo de coca en Colombia aumentó casi un 40 por ciento comparado con el año anterior según las Naciones Unidas. El enfoque de mano dura ha incrementado la violencia. Quizá sea hora de que Washington deje de usar esas etiquetas y estudie los méritos de enfoques alternativos como el boliviano”.
En su política antinarcóticos Estados Unidos subestimó la capacidad de resistencia y organización de los campesinos de los trópicos cochabambinos y el carácter sagrado y ancestral de la hoja de coca para la mayoría de la población. La presencia de organismos estadounidenses multiplicó el sentimiento antiimperialista. Esa injerencia, en alianza con los gobiernos neoliberales de turno, tuvo como respuesta el desarrollo de un movimiento sindical de resistencia comandado por Evo, que primero tuvo un carácter defensivo y que en pocos años logró una proyección nacional que derivó en la conquista del Estado central y la elección del primer presidente indígena en la historia del país.
Estados Unidos fracasó en su intento de erradicar y demonizar la hoja de coca y en su intento por destruir al movimiento campesino cocalero.