Redacción Canal Abierto | Este martes 15, una nueva marcha provincial se dirige a la capital, Rawson. Los chubutenses le dicen al poder político, como lo hacen desde hace 18 años, que no quieren megaminería en la provincia.
El gobernador Arcioni, por su parte, presentó un proyecto de ley de zonificación minera en la misma fecha en que tomaba estado parlamentario el proyecto presentado por la Iniciativa Popular, “la ley construida por las asambleas con mucha transparencia, y que lleva siete años de tomar estado público. En ese momento saca de la galera este proyecto que venían negociando bajo cuerda. La reacción social fue fenomenal, ya llevamos un mes con la provincia movilizada. En todas las comunidades hay actividades y movilizaciones”, comenta Pablo Palicio Lada, referente de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut y del Movimiento Antinuclear de Chubut (MACH), en diálogo con Canal Abierto.
La Iniciativa Popular para prohibir la Megaminería en Chubut se lanzó a mediados de año por segunda vez. Ya en 2013, una primera iniciativa había llegado a la legislatura provincial pero la ley que terminó aprobando el poder legislativo distaba tanto de la propuesta original que al poco tiempo fue derogada. El tratamiento del proyecto estuvo rodeado de escándalos que incluyeron la foto de un diputado recibiendo instrucciones de la minera Yamana Gold.
“Gracias a la fenomenal movilización fracasaron los intentos de tratamiento exprés del proyecto oficial en la única comisión al que fue enviado y cuando sólo restaban las últimas tres sesiones del año”, señala Lada. “El cinismo del gobernador es muy grande, es el mismo que hizo campaña y ganó la elección gracias a decir que rechazaba la megaminería, y hay registros de ello por todos lados”.
Ante la falta manifiesta de licencia social para el tratamiento de la propuesta de zonificación en las últimas horas los legisladores están modificando el proyecto. “Le están dando una maquillada al proyecto para ver si consiguen los votos para que salga de la comisión y para conseguir los votos en el recinto”.
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La zonificación
La provincia de Chubut, mediante la Ley 5.001, del 8 de mayo de 2003, prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
El artículo 2 de esta ley establece:
“Artículo 2°.- El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la LEY XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley:
La zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso.”
Esta ley es del año 2003, es claro que los ciento veinte días se han extinguido pero de este artículo se vienen sirviendo éste y otros tantos intentos previos de avanzar con la megaminería en Chubut.
“Hace rato que da vueltas un borrador de la zonificación que coincide con el mapa del catastro minero. Lo que se entrega es el 70% del territorio de la provincia, lo achicaron un poco, pero dejan abierta la puerta en un artículo a posteriores ampliaciones, una vez que logren entrar”, explica el referente ambiental. “Este proyecto está hecho a medida de Panamerican Silver, la minera canadiense propietaria del proyecto Navidad, que ha tomado el rol de estado paralelo en la zona de la meseta, la zona de los grandes yacimientos. Pero también abre la puerta a la minería del uranio, mucho más grave. La zonificación es un eufemismo para permitir la apertura minera”.
Hay por lo menos quince comunidades originarias reconocidas que están en el área incluida en la zonificación, a las que no se les hizo la consulta previa, libre e informada que debe ser anterior a la presentación de cualquier proyecto de ley, no posterior. “Ahí tenemos una ilegalidad de rango constitucional y se violan acuerdos supranacionales como el Convenio 169 de la OIT”.
“Otro argumento falaz que utilizan para convencer a la sociedad es decir que le van a cobrar 6 puntos más de regalías a las mineras por sobre lo que dice la Ley Nacional de Inversiones Mineras. Pero esta ley establece un 3% de regalías para las provincias y prohíbe taxativamente cobrar ni un peso más. Las mineras, gracias a esa ley, tienen 30 años de estabilidad fiscal por lo cual no se les puede cobrar ni medio centavo más”, describe Lada, “Esos puntos de más, son espejitos de colores, un engaño”.
Demonizar a las asambleas
El movimiento de asambleas comunitarias de Chubut lleva 18 años de actividad. Todos los 4 de cada mes vienen realizando marchas pacíficas y es un movimiento con arraigo en la mayoría de las ciudades y pueblos de la provincia.
“El gobierno sabía que se iba a generar este rechazo. Lo primero que hicieron fue intentar demonizar al movimiento de asambleas. Un medio muy importante de la provincia nos llamó ecoterroristas”, comenta Lada. “Después de la demonización vino la criminalización. Después de una marcha en la que hubo incidentes, el ministro Federico Massoni, un personaje a la altura de Bullrich-Berni, salió a cazar asambleístas. Hubo unos operativo con fuerzas especiales para un delito, que de haberlo, era menor. Algo nunca visto”.
📍#Chubut | Persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias.
Organizaciones ambientalistas denunciaron que militares y policías, comandados por el ministerio de Seguridad provincial, salieron de cacería contra activistas que resisten a la explotación minera a cielo abierto. pic.twitter.com/Qy1fiQKBkW
— cosecha roja (@cosecharoja) November 13, 2020
Días después, luego de otra marcha, le cruzaron un auto en la ruta a unos asambleístas y los llevaron detenidos violentamente. Casi se produce una pueblada en la comisaría y fueron liberados a las pocas horas. “Les salió mal, la repercusión fue contraproducente para el gobierno y bajaron los decibeles con este intento de criminalización”.
“Sustento” académico
Los primeros días de noviembre, al hablar durante la presentación del Plan Estratégico Minero que encabezaron el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y el secretario de Minería, Alberto Hensel, el mandatario chubutense sostuvo: “Estamos convencidos de que estamos dando por primera vez una discusión con un sustento académico, tecnológico, científico, que nos va a permitir salir de esta discusión del sí o el no para hablar de una vez por todas de cómo hacer minería”.
La respuesta fue contundente. En un documento conjunto el CONICET, el INTA, las universidades patagónicas, salieron a decir que no habían sido consultadas.
“Los organismos e instituciones nacionales que conformamos el sistema académico, científico y tecnológico de la provincia del Chubut no hemos sido convocados de manera formal a realizar nuestro aporte y a participar de la discusión, ya sea en el seno del poder ejecutivo, o en el marco de su tratamiento parlamentario”, sostiene el documento y concluye: “Las importantes movilizaciones y expresiones populares que se vienen manifestando desde hace ya tiempo nos dan la certeza de que sin licencia social no hay comunidad que pueda tener un desarrollo sustentable. Por todo lo expuesto, consideramos que no están dadas las condiciones para la aprobación de esta ley.”
También las iglesias católica y protestante se manifestaron en contra de la propuesta oficial.
Coimas, escraches y otros argumentos
“Este proyecto de zonificación es una nueva estafa a la Iniciativa Popular. La constitución obliga a la Legislatura a darle tratamiento pero ni la han mirado. Este proyecto vino a bloquearla”, señala Lada.
En los últimos días, algunos diputados que se oponen a la iniciativa oficial fueron escrachados en sus domicilios. Personas con camperas de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) acamparon en la calle con carteles. No se hizo presente ni un solo policía, tampoco ningún vecino. Massoni declaró que era gente pacífica que se manifestaba a favor del proyecto.
Pasadas las 23 horas, así estamos 👇 pic.twitter.com/EXuMEeh1uZ
— Florencia Papaiani (@Florpapaiani) December 9, 2020
En las últimas horas se filtró el audio de una conversación de la diputada Leila Lloyd Jones que se opone a la iniciativa, y que fue escrachada en su domicilio la semana previa, que dice que quienes están votando a favor de la zonificación habrían cobrado diez millones de pesos.
Foto: Aníbal Aguaisol