Canal Abierto Radio | Desde el Anfiteatro Eva Perón de ATE, la abogada María del Carmen Verdú habló sobre el trabajo de sistematización de los casos de violencia institucional, desde represión, uso de armas, torturas, y desapariciones forzadas, entre otros, de las Fuerzas de Seguridad, que plasman cada año en el Informe de la Situación Represiva Nacional de la Coordinadora contra Represión Policial e Institucional (CORREPI).

“Necesariamente hemos tenido que separar en dos partes el año 2020, la previa al 20 de marzo de 2020 cuando se impuso el DNU 297 el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y la posterior durante la cuarentena y actualmente el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” comentó.

Desde la Coordinadora no cuestionan al ASPO ni al DISPO como medida eficiente para el cuidado de la pandemia de coronavirus, pero marcan que derivó en “una ampliación de las facultades de las Fuerzas de seguridad” y en “un incremento de casos en todas las modalidades, muy particularmente en relación a las muerte de personas privadas de libertad”. Al principio consideraron posible un descenso del gatillo fácil por las restricciones de circulación, pero no solo no ocurrió sino que incrementaron otras modalidades, como las detenciones arbitrarias con muertes en comisarías, como el caso de Florencia Magalí Morales Santa Rosa del Conlara, en San Luis; y las desapariciones forzadas como las de Facundo Castro y Luis Espinoza, entre otros casos.

“Son 411 los casos que tenemos registrados de personas que fueron asesinadas por el aparato represivo estatal entre el 10 de diciembre de 2019 y  el 19 de noviembre de este año, porque allí hubo que recortar la recepción de casos para empezar el trabajo de clasificación, sistematización estadística y etcétera. Nos da un promedio de una muerte cada 20 horas”.

Si bien los números son levemente mejores que los de 2019, y hubo algunos cambios auspiciosos con el gobierno del Frente de Todos como “la derogación de los protocolos Bullrich de actuación de la Fuerza” y la prohibición del uso de las táser y del arma reglamentaria a parte del personal de la Policía Aeroportuaria fuera del servicio, “claramente no fueron suficientes para romper la aguja, para marcar un cambio significativo” afirmó Verdú.

Agenda anti-represiva urgente

La abogada reiteró las recomendaciones que realizan a “cualquier gobierno que quisiese poner un pequeño límite a la letalidad de las Fuerzas de Seguridad en las calles”, a través de acciones simples como prohibir el uso del arma reglamentaria fuera de servicio, que representan la mitad de los casos de gatillo fácil. También habló de cambios en los protocolos de detenciones, ya que más de la mitad de las muertes en comisaría son a personas que cometieron faltas, robos menores, contravenciones y que están “demoradas” allí.

“Si se cumpliese la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH del caso Bulacio que en septiembre de 2003 obligó al Estado Argentino a eliminar todas esas normas y prácticas de nuestro sistema interno, bajás en un día al 50% las muertes en Comisarías” subrayó.

Escuchá la entrevista completa:

Recibí más periodismo de este lado

Archivo historico