Por Revista Cítrica | El artículo 24 de la Constitución de la CABA señala explícitamente en uno de sus apartados que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior…”. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires que gobierna Horacio Rodríguez Larreta es cada vez mayor la población de jóvenes, niños y niñas que año tras año no encuentran vacantes y se quedan sin la oportunidad de acceder a una educación pública, laica y gratuita. Este año 15 mil personas serán excluidas, sin contar los Centros de Primera Infancia (CPI): ahí, según el registro que llevan las familias del colectivo Vacantes para Todxs, la cifra se eleva al doble.

Para peor, en vísperas de Navidad el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad emitió un fallo que se ganó el repudio de toda la comunidad educativa: le rechazó a Camila José Behar León el amparo que le había antepuesto al Gobierno de la Ciudad para exigirle cupo en un jardín público. Entre sus fundamentos el TSJ esgrime que quien no pruebe tener un mejor derecho que los grupos a los que asigna prioridad el artículo 17 (mediante el cual la Ciudad se compromete a desarrollar políticas para superar las condiciones de pobreza y asistir a las personas con necesidades básicas insatisfechas); no podrá exigir su admisión en el sistema público si las vacantes no son suficientes. Sí, para el TSJ el Gobierno de la Ciudad tiene derecho a no tener las vacantes y las escuelas que el sistema educativo necesita.

Por otro lado el fallo agrega que la obligatoriedad por parte del Estado se limita a asegurar la escolaridad de aquellos niños en situación de pobreza y exclusión, es decir, aquellos que presenten un certificado de pobreza y no puedan afrontar los gastos para una educación privada. Sí, para el TSJ la escuela pública es un depositario de niñes pobres. Y no un derecho de la sociedad.

La falta de vacantes afecta especialmente a las madres solas que están al cuidado de sus hijxs. Ese el caso de Camila Behar, de 24 años, la mujer a la que le negaron el amparo. Camila llegó de Chile en el 2016, estudia Economía en la UBA, está sin empleo y necesita de manera urgente que su hijo de dos años consiga una vacante en jardín maternal. Recibe dinero que le manda su familia. Con eso y lo que le pasa el papá de su hijo paga el alquiler de un departamento de dos ambientes en el microcentro, además de los servicios, la comida, la leche y los pañales del bebé.

“No puede ser que el camino para que me den una vacante en un jardín tenga que ser tan engorroso y cuesta arriba. Me da mucha tristeza. Yo como mujer tengo el cuidado de mi hijo casi al 100 por ciento. Las preocupaciones de la escuela, del médico, de quién me lo cuida; son mías. Es imprescindible que mi hijo consiga una vacante para que yo pueda seguir con mi carrera y pueda trabajar de lo que me gusta. También es importante para mi hijo: está en la edad de sociabilizar. Muchas veces fui a la facultad con él a upa. Salía, le daba teta y volvía a entrar a clase. Es complejo. Las autoridades no se ponen en el lugar de alguien que no tiene recursos para pagar un jardín privado, y tampoco tiene recursos humanos, como una madre o una hermana que te lo cuide. Yo no tengo a nadie. Estos meses fueron muy duros, más que nada a nivel humano”, nos dice Camila.

“Es imprescindible que mi hijo consiga una vacante para que yo pueda seguir con mi carrera y pueda trabajar de lo que me gusta. Es sabido que si no trabajas en una escuela, o si no tenés hijxs ya inscriptos, no te van a dar vacantes”, lamenta  Camila.

Según calcula habrá invertido diez horas, como mínimo, buscando jardines. Una hora y media por día sentada en el escritorio, llamando y preguntando. La travesía para conseguir vacante comenzó a principios de octubre 2020. Camila buscó jardines públicos y también subvencionados, con cuotas que no bajaban de los 15 mil pesos, casi lo mismo que un privado. Miró horarios, dónde estaban ubicados, eligió escuelas que quedaban entre su casa y la facultad, leyó cada uno de los comentarios que hacían las familias en las redes sociales. Llenó los datos de la pre-inscripción. No perdió la esperanza. Cuando el 30 de noviembre se publicaron los resultados, estaba en lista de espera. Así hasta ahora. El gobierno porteño todavía no le ha dado respuestas concretas ni soluciones, como a tantas otras madres que padecen la misma problemática.

Pero no se quedó de brazos cruzados: juntó toda la documentación y con el apoyo de su abogado Óscar Luis Rosón presentó un recurso de amparo ante el GCBA. Se movió rápido. Y en medio de aguas turbulentas, una luz de esperanza: el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Darío Reynoso, contradijo al Tribunal Superior y ordenó al gobierno de la Ciudad que provea una vacante, o en su defecto , le provea los medios necesarios para que el menor asista a un establecimiento privado, garantizando su escolaridad temprana.

Camila concluye: “Es un trabajo mental que no debería por qué tenerlo uno. Es sabido que si no trabajas en una escuela, o si no tenés hijxs ya inscriptos, no te van a dar vacantes. El año pasado opte por no inscribirlo porque ya sabía la respuesta. Me sentí afortunada con el fallo del juez Reynoso. Pero es paradójico porque no tendría que sentirme así: esto no debería ser un logro”.

Texto: Lautaro Romero
Fotos: Agustina Salinas

Publicado originalmente en Revista Cítrica

 

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