Redacción Canal Abierto | Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial y secretaria de Asistencia a la Víctima y Violencia de Género de La Plata Carolina Píparo continuará detenido. Así lo dispuso la jueza de garantías Marcela Garmendia, quien entienda en la causa por doble homicidio en grado de tentativa luego de atropellar a Luis Lavalle e Iván Coronel, dos jóvenes que viajaban en moto en la madrugada de año nuevo. El acusado se halla detenido desde el 8 de enero y ahora buscará poder cumplir esa instancia de manera domiciliaria.

La resolución responde al pedido hecho por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien en el escrito presentado el lunes afirmó que “no puede dejar de advertirse, no solo de los testigos oculares del hecho, sino también de la prueba pericial la clara intención del sujeto activo de causar la muerte a las víctimas. Esto queda comprobado con todo el accionar del imputado realizado antes, durante y después de cometido el delito que se le enrostra”.

Este dictamen se dictó luego de una audiencia llevada adelante ayer, en la que la jueza atendió estos argumentos y los de las partes. Previamente el acusado fue sometido a una pericia psiquiátrica, instancia en la que la perita de parte presentada por su defensa fue recusada por no estar matriculada en el Colegio de Psicólogos de La Plata, distrito en el que iba a ejercer. La misma determinó que Buzali es una persona consciente de los actos que realiza.

Entre los argumentos atendidos por la jueza para dictar la prisión preventiva está el planteo de Martín De Vargas, abogado que representa a Luis Lavalle, quien “resaltó la falta de arraigo que estaría dado por la indeterminación del domicilio real del imputado Buzali”. Esto se desprende que al momento de dar domicilio, Píparo y Buzali fueron en distintas oportunidades la casa en la que vive al padre del acusado, un departamento en Puerto Madero y el country Grand Bell. Sobre este último domicilio hay distintas versiones de contratos que oscilan entre 2 y seis meses de alquiler. El domicilio en CABA podría contrariar disposiciones del poder legislativo bonaerense que establecen que los legisladores deben residir en territorio provincial. En su escrito, la jueza también consignó que “el causante cuenta con los medios económicos necesarios para profugarse y la pena en expectativa”.

Sobre el hecho puntual ocurrido esa madrugada, la magistrada consideró débil el argumento que sostiene que creyeron que se trataba de los motociclistas que los habían asaltado una hora antes. Por un lado, el dictamen establece que “dicha suposición encuentra su frágil fundamento en una campera de color turquesa que poseía uno de los presuntos victimarios. Ello, sumado a la falta de claridad en la cantidad de sujetos que debían perseguir, torna poco razonable los motivos por los cuales comenzó esta ‘carrera’”.

También resalta que “resulta llamativo que no tuviera miedo o mínimamente conciencia de su autopuesta en peligro al momento de iniciar la persecución contra los sujetos responsables del robo con arma de fuego, pero sí sentir temor por su vida (“nervioso, abrumado y temeroso”) posteriormente al hecho objeto de investigación, lo cual lo llevó a no detener su automóvil y retirarse del lugar del hecho, sin asistir a las víctimas de autos”.

Y por último advierte que “en los momentos previos a colisionar con el motovehículo conducido por Lavalle y Coronel, Buzali ya no advirtió la presencia del sujeto con campera de color turquesa que funcionaba como principal guía de su persecución contra el grupo de motociclistas, debido a que según él ‘la calle es súper oscura’”.

Y refuta la pericia accidentológica presentada por la defensa Según la cual Buzali circulaba a 25 kilómetros por hora. “También surge de su relato que, con la intención de no perderlos de vista y alcanzarlos, tuvo que sobrepasar dos vehículos que se interponían con los motovehículos que perseguía. Para ello, necesariamente debió imprimir mayor velocidad a su vehículo para darles alcance, lo que derriba su versión que, al momento del choque, transitaba con su automóvil Fiat 500 a baja velocidad”, plantea el fallo.

Consultado por Canal Abierto el abogado Juan Fontana, quien junto a sus colegas Rodolfo Baqué y Juan Beluardo representan a Iván Coronel sostuvo que “era el resultado que esperábamos. Consideramos que existían riesgos procesales de entorpecimiento probatorio y de riesgo de fuga. Ha sido una resolución de acuerdo a lo que se ha probado en el expediente”. Por su parte, De Vargas expresó que “está saliendo todo según lo que venimos trabajando y probando. La justicia nos está dando la razón en todo. Estamos ahora a la espera de la resolución en torno al arresto domiciliario“.

Esta etapa encuentra a Buzali con un cambio en su defensa. Fernando Burlando y Fabián Améndola fueron desplazados de esa función en esta causa, aunque siguen representando a Píparo en la otra causa, la que investiga el asalto del que fue víctima. La defensa de Buzali hoy está a cargo de Marcelo Peña, alguien que tiene en sus pergaminos haber ejercido la defensa del genocida Christian Von Wernich y del sacerdote acusado de abuso Raúl Anatoly Sidders. También fue candidato a intendente de la ciudad de las diagonales por el Frente NOS, la agrupación antiderechos que postuló al ex Director de Aduanas del gobierno de Macri Juan José Gómez Centurión.

Tras el pedido hecho por la fiscal el lunes, la audiencia de ayer y el dictamen fueron precedidas por una ofensiva de parte de la defensa para volver a instalar la idea de que el atropello se produjo porque estaban siendo perseguidos por motochorros. Así se difundieron grabaciones del 911 en la que se escucha a ambos decir que estaban siendo perseguidos por tres motos. Esta situación es real: se trataba de los amigos de Lavalle y Coronel que perseguían al auto que los atropelló, arrastró la moto tres cuadras y siguió a toda velocidad sin detenerse a atender a las personas a las que había embestido.

En visitas a programas televisivos, Píparo enfatizó el otro argumento según el cual también es víctima, pero de una persecución política. “Le tuve que explicar a mis hijos que su padre es la única persona presa en el país por cuatro puntos de sutura” expresó en una entrevista. Este argumento busca posicionarla de cara a los comicios de este año, en el que debe renovar la banca que ostenta en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Esta instancia electoral podría ser un puntal de posicionamiento de cara a las municipales de 2023. Con la legislación vigente al día de hoy, el actual intendente Julio Garro no puede presentarse a un tercer mandato y la legisladora es una de las caras más fuertes que ese espacio político tiene, ya que cuenta con el aval de la propia presidenta del PRO Patricia Bullrich.

 

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