Canal Abierto Radio | El pasado viernes 12 de febrero se promulgó en el Boletín Oficial la ley 27615, la cual fue votada por unanimidad en el Congreso el pasado febrero. Allí se le reconoce “a los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar”.
Valeria Carreras, abogada de 31 de las 44 familias de tripulantes del ARA San Juan, explicó que esta ley “que se sancionó con una velocidad increible” es una “mala ley”, ya que “es la misma ley que se hizo para la explosión de Río Tercero, el caso de la AMIA, para los desaparecidos, siempre es la misma fórmula, son sueldos de la categoría mínima de empleados del Estado”. A la vez, comentó que era el mismo ofrecimiento que les realizó el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, quién está siendo imputado como responsable de la tragedia.
En los casos nombrados, las víctimas eran ciudadanos que habían muerto por algo que el Estado no cumplió. La diferencia con los submarinistas es que “eran empleados en relación de dependencia de la Armada Argentina, y el ex ministro Aguad no había contratado seguro de riesgo de trabajo, los privó de la chance de haber sobrevivido, porque cuando vos tenés seguro de riesgo de trabajo, tenés sí o sí inspecciones periódicas, para que el empleador haga mejor las condiciones de seguridad de tu ámbito de desempeño”.
La tabla de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo establece que un monto superior a la reparación que propone el Estado. El cobro, que se puede reclamar voluntariamente durante un año, no solo implica la renuncia a una ART, sino a todo derecho por indemnización por daños y perjuicios, y a cualquier otro beneficio o indemnización que se le quiera realizar desde algún otro ente gubernamental. Al mismo tiempo, es incompatible con cualquier acción judicial en trámite de reclamo de daños
“El ministro de Defensa (Agustín Rossi) dijo que el que no esté de acuerdo con el monto, puede hacer juicio, porque esta ley es voluntaria, le dan a todo aquel que se anote”, comentó Carreras.
“La causa penal la seguimos, a eso no renuncia nadie acá. Renunciar a la causa penal sería vendernos por dinero”. Subrayó que son 68 chicos y chicas que quedaron huérfanas, “y van a querer saber por qué se quedaron sin padre y si los responsables tuvieron una condena”.
Por eso la querella mayoritaria de Valeria Carreras y Lorena Arias, junto a otras tres familias representadas por María Laura Ochoa, continúan las acciones legales contra el ex ministro Aguad, el ex presidente Mauricio Macri, al titular de la Armada Marcelo Srur, y a nueve oficiales “de altísimo rango”. La Justicia de Comodoro Rivadavia decidió procesar a 7 de los oficiales, y las abogadas apelaron “porque consideramos que sí tenía responsabilidad” y lograron “dar pruebas, de la responsabilidad penal que le cabía a Macri, a Aguad y a todos los que teníamos delante”.
“Yo le he prometido a mi hijo que esta causa va a llegar a su fin, con la mayor certeza de que es lo que nos merecemos en Argentina. Cómo no vamos a merecer en un caso de la Argentina no quedarnos con el olvido o esas causas eternas que nunca la gente va a creer lo que se decía, porque fueron tan manoseadas que la verdad parecía mentira. En este caso por lo menos hemos decidido no terminar así”
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