Canal Abierto Radio | La pandemia agravó no solo la crisis social y económica, también los procesos que requieren tiempo y presencialidad como lo son los que se atraviesan en la Justicia Laboral.
“El Poder Judicial tiene que ver con el disciplinamiento social, con mandar mensajes a la sociedad sobre normas permitidas o prohibidas que se alientan o se sancionan”, caracterizó el abogado Pablo Kleiman, integrante del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma Capital.
“La Justicia del trabajo es el último lugar al que recurre un trabajador tras años de negación de derechos, y donde generalmente se presenta cuando ya está sin trabajo. Porque trabajar y reclamar a la vez es imposible. Y cuando llegan, es un proceso largo, soso y finalmente injusto. De hecho, los pocos que llegan se desalientan por razones diversas: tienen que esperar unos cinco o seis años para tener una sentencia firme, dependen del juzgado y la sala que les toque”.
La pandemia extendió aún más los tiempos y obligó a suspender audiencias testimoniales. La crisis sanitaria también evidenció las múltiples fallas en infraestructura de los juzgados, un problema que afecta no solo el funcionamiento institucional sino también el ambiente laboral, dificultando a su vez el cumplimiento de los protocolos necesarios.
“Hay cosas que naturalizamos hace años, pero que representan situaciones desesperantes: los juzgados laborales se caen a pedazos, se inundan, se corta la luz, no andan los ascensores, no andan las impresoras, los abogados trabajan amontonados”, subrayó Kleiman. A todo esto, la reciente habilitación de audiencias virtuales arrojó un nuevo impedimento que resulta llamativo en esta era, como es la falta de internet.
Por otra parte, estas deficiencias atentan contra trabajadoras y trabajadoras judiciales, quienes “sufren unas condiciones de trabajo horrible y extensión de la jornada laboral y muchas veces maltrato de los magistrados”.
Estas demoras redundan en beneficios para empleadores que con el correr del tiempo ven reducidos los montos reales de indemnizaciones por despidos injustos o accidentes laborales.
“La Justicia del trabajo es un negocio multimillonario en tanto y en cuanto permite la transferencia de millones de pesos del sector trabajador al sector patronal”, denunció el letrado al referirse a un estudio del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma que demuestra que de cada 100 trabajadores que pueden reclamar, solo siete llegan a juicio; y que de estos últimos, el 85% termina arreglando antes. “Los trabajadores no tienen ahorros para vivir seis años y cuando llevan dos años de juicio ya tienen la soga al cuello, le debe plata a todos los familiares o amigos y te piden que lo arregles por dos pesos”.