Canal Abierto Radio | Marcelo Andrés Maisonnave, abogado del Observatorio del Lawfare del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), explicó que se trata de una discusión que trasciende el ámbito académico, judicial o político: “El lawfare es un proceso que tiene múltiples dimensiones, la judicial es una pero no es la única, es una estrategia regional, a nivel latinoamericano que ha tenido un impacto en cuestiones geopolíticas, económicas, sociales”.
La investigación de Poder Ciudadano y El Destape muestran como las reiteradas visitas de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri coincidieron con la reactivación de causas clave contra referentes de la oposición, y el abordaje de los medios hegemónicos de comunicación.
“Los hechos que se están revelando en estos días a partir de una investigación periodística, que acudió a una Ley de Acceso a la Información Pública son contundentes, y creo que empiezan a dejar en claro quiénes han sido los actores principales en esta estrategia en la región”.
En Latinoamérica los objetivos más visibles del lawfare son los ex presidentes de Brasil, Lula da Silva; de Ecuador, Rafael Correa; y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Esta estrategia se pudo visualizar previo al golpe de Estado y durante el gobierno de facto en Bolivia entre 2019 y 2020. Cabe destacar que decenas de ex funcionarios de esos gobiernos, así como dirigentes sociales también fueron perseguidos y hostigados por la justicia y los medios de comunicación.
El abogado remarcó que estos elementos “comprueban que son una organización que estaba dirigida desde el Poder Ejecutivo para orquestar causas sin pruebas, violando el debido proceso para perseguir, amedrentar o amenazar a dirigentes políticos en ese momento de la oposición”.
Los registros de la Casa Militar muestran las visitas oficiales de los jueces Mariano Borinski y Gustavo Hornos, y el fiscal Raúl Pleé. También pasaban por allí los integrantes de “la Mesa Judicial de Macri”, Marcos Peña, ex Jefe de Gabinete, Gustavo Arribas, ex jefe de la AFI, el ex Ministro de Justicia Germán Garavano, el ex Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, José Torello entre otros funcionarios. Y a eso se le suman los principales periodistas del Grupo Clarín, La Nación y América.
“Son funcionarios con jueces, en reuniones o en eventos, porque son supuestos partidos de paddle o de fútbol. Y ahí uno tiene que entender que hubo una amistad, un vínculo que excede el ámbito estatal, público, y que claramente se involucra con las causas que han tenido durante estos años. Y estas visitas coinciden con días previos a decisiones importantes que han tomado estos mismos jueces o fiscales en causas como la Ruta del Dinero K o la de Alberto Nisman”.
A partir de ahora se puede investigar, sumariar y sancionar, incluso llevar a los implicados a juicio político a través del Consejo de la Magistratura. Al mismo tiempo, se les pueden iniciar denuncias penales por asociación ilícita. Y por último, lo que ya pidió Carlos Beraldi, el abogado de Cristina, de anular todas las causas.
Por último, comparó la situación con Brasil donde el lawfare llevó a la proscripción y encarcelamiento de Lula cuando lideraba las encuestas para la presidencia, y hoy la mala gestión del Presidente Jair Bolsonaro está llevando a una tragedia sin precedentes. “Llevamos un año de pandemia, hay una crisis económica muy grande, hay una cuestión social y sanitaria que atender pero esto no quita que tengamos que discutir la reforma judicial, porque hace a la salud de la democracia” indicó.