Canal Abierto Radio |“Hay una falsa dicotomía entre la presencialidad sí o la presencialidad no, como si estuvieran en contra de la presencialidad si estamos todos a favor, pasa que hay un virus y no se puede negociar con un virus”, indicó al aire de Canal Abierto Radio el abogado e integrante del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma Capital, Pablo Kleiman, sobre las irregularidades en la judicialización del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021.
Al mismo tiempo informó que las ONGs ligadas al macrismo y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fueron al Foro Contencioso Administrativo de la Corte de la Ciudad, que ejerce la competencia originaria y exclusiva según el Artículo 117 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el conflicto de intereses es evidente: “Es nulo que una de las juezas que resuelve, Nieves Macchiaveli, es la hermana de Eduardo Macchiaveli, el secretario general a nivel nacional del Pro, y secretario de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto en este debate están en juego las políticas del gobierno del que participa su hermano”.
Kleiman también destacó: “No está en juego para nada el derecho a la educación, y además si hay derechos en pugna, por un lado el derecho a la vida y a la salud y por otro el derecho a la educación, cuál primaría, es obvio. No se suspenden las clases indefinidamente sino que se tomó esta medida temporalmente, frente al pico de contagios y la circulación de las nuevas cepas”.
El propio gobierno de Alberto Fernández ayudó con la construcción de la idea de que las escuelas y las aulas – así como sectores industriales o de servicios – son lugares seguros donde se respetan los protocolos de distanciamiento, limpieza y ventilación. Ratificado por Nicolás Trotta, ministro de Educación, y Carla Vizzotti, ministra de Salud.
Al respecto, Kleiman aseveró: “Por otro lado el gobierno de la Ciudad, erigiéndose el defensor de la educación cuando faltan vacantes, cierran escuelas, no construyeron jardines. En el 2020, la CTA junto a otras organizaciones, presentaron un amparo para garantizar conectividad de internet y netbooks a todos los estudiantes que no tenían, que fue aprobado en primera instancia por el Juez Roberto Gallardo, y exigió que se le entreguen computadoras y conectividad a todos los chicos que así lo requieran”.
“El tribunal de Justicia de la Ciudad, que es el mismo tribunal que está interviniendo ahora, quitó a Gallardo, dejó en suspensión esa medida hasta que se resuelva el asunto, y un año después, todavía no lo resolvieron. Entonces es contradictoria la urgencia en no resolver la cuestión de la conectividad y las netbooks de hace un año, dejarlas planchadas, y ahora de repente están todos con la locura de la educación”, agregó el abogado.
Kleiman, quien también desarrolla su actividad en lo laboral, subrayó que estas diferencias “dan lugar a que las patronales despidan y aprieten a los docentes que si no van a trabajar y quieren cuidar su salud, los van a echar, como el caso del colegio ORT que la semana pasada despidió a dos docentes por adherir al paro: Acá las empresas, los empresarios creen que no se les aplica las leyes que se les aplica a todo el mundo, la huelga es un derecho constitucional y los despiden por hacer huelga”.
Y finalizó: “En el medio hay cuestiones jurídicas que quedan en el aire. Si soy docente y tengo un accidente al ir a trabajar, la ART va a decir que no me cubre porque estaba licenciado por el gobierno nacional y por lo tanto, más allá de que se tenga razón es un litigio más previo al que después tengo por la reparación de un accidente que ya demora ocho años”.
