Redacción Canal Abierto | Integrantes de los pueblos nucleados en el Tejido de Profesionales Indígenas lanzaron una campaña a fin de recolectar un millón de firmas para exigir al Estado la incorporación de las preguntas por la pertenencia a los pueblos originarios y por las lenguas nativas en el próximo Censo Nacional, a realizarse en 2022.

La agrupación, que además de sus integrantes provenientes de distintas naciones originarias cuenta con el asesoramiento de lingüistas, antropólogos e investigadores de diversas universidades nacionales, viene dialogando en las mesas de trabajo preparatorias con el INDEC sin que su demanda encuentre eco en el organismo productor de datos de nuestro país.

La preparación del censo comenzó en 2018, cuando Mauricio Macri aún era presidente del país, Jorge Todesca estaba al frente del INDEC, la mayoría de los argentinos desconocía la existencia de una localidad china llamada Whuan y no se esperaban una pandemia que impidiera la realización del censo en 2020, que es cuando debió haber ocurrido.

Si bien las preguntas por la autopercepción de la variable étnica fueron incorporadas en 2001 y 2010, éstas se encontraban únicamente en el cuestionario ampliado que consta de 57 preguntas en vez de las 35 que componen el regular. “La trampa es la siguiente: quien determina a quien se le aplica el cuestionario ampliado es el INDEC, según una presunción del censo de 2001. Según aquellos resultados, quedó instalada la idea de que en ciertas ciudades viven indígenas y en otras no; en unas provincias viven más y en otras menos”, explica a Canal Abierto la politóloga Veronica Azpiroz Cleñan, mapuche e integrante del Tejido de Profesionales.

Y agrega que “eso no tiene ningún tipo de consistencia técnica desde la producción de dato estadístico, por lo tanto, que esté la pregunta de pueblos originarios dentro del cuestionario básico y se le aplique a toda la población en Argentina ya es todo un logro, porque no depende de a quién ni a dónde mandan el cuestionario. Pasaba que como en la ciudad de Buenos Aires no aplicaban el ampliado, parecía que en la cuidad no había ningún indígena”,

Otro de los puntos que se plantean es la necesidad de incorporar un listado con la totalidad de los pueblos originarios reconocidos en nuestro territorio. En los cuestionarios ampliados se dejaba un casillero en blanco a ser completado por el censista. El problema que esta metodología acarrea es que las planillas son luego escaneadas y la falta de comprensión de un nombre puede derivar en resultados alterados.

“Si se deja el casillero en blanco, como se hace ahora, cada censista a mano alzada tiene que completar el nombre del pueblo al que cada persona responde. Eso lleva a dos problemas: el primero que nadie escribe con la misma grafía, por lo tanto la máquina que lee la respuesta lee error. Eso lleva a un segundo problema que es la demora en la limpieza de la base de datos. Entonces quien limpia determina si ahí dice mapuche, mapuce, mapunce o lo que sea”, agrega Azpiroz Cleñan.

El argumento esgrimido por los especialistas del INDEC es la falta de espacio para incorporar todo el listado, algo que suena raro si se piensa que se trataría de un listado de algo más de 39 líneas y que podría resolverse en menos de una carilla. “Dicen que no hay espacio físico en el cuestionario básico, nosotros le decimos invisibilización racista, que está basado en el racismo institucional. No quieren nombrar a los pueblos”, acusa la politóloga.

Al reclamo de la identidad se el agrega el de la lengua, donde se busca la incorporación de un cupo de hablantes de cada lengua originaria en la nómina nacional de censistas. Este requerimiento se basa en dos realidades. Por un lado, que quien vaya a preguntar en zonas en las que las comunidades son perseguidas por las autoridades pueda establecer un diálogo desde la empatía. Al respecto, Azpiroz Cleñan cuenta que “en el sur, antes de Maldonado, Nahuel o el Cushamen, como no había suficiente personal, un gendarme fue a censar a territorio mapuche. El pueblo mapuche tiene memoria de lo que hace gendarmería en tierra mapuche. Si va un gendarme a preguntar van a contestar que no, yo soy argentino. Bajo la ciudadanía argentina se borra la identidad previa”.

Y señala el otro aspecto, que refiere a que, en muchas zonas, la lengua originaria es la única que se habla: “en algunos casos y algunas casas la gente habla mapudungun, no habla castellano. Entonces preguntamos, ¿cómo vas a generar una respuesta exacta en quien responde si quien pregunta no habla la lengua de quien está censando?”.

Así es que el reclamo consiste en que de los 860.000 censistas, 22.000 sean indígenas y tengan la competencia laboral de poder hablar más de una lengua: castellano y otra originaria.

La especialista remarca que la inclusión de estos aspectos no se basa en una inquietud intelectual, sino que es información necesaria para el diseño de políticas públicas para esos sectores de nuestra población. “No se puede generar prevención en salud solamente en la legua hegemónica que es el castellano. Ya se vio que el COVID no fue entendido por la población qom y no pudo generar estrategias de prevención de contagio”, grafica.

Y concluye con el planteo de que “hasta el momento, desde hace 200 años, no se sabe qué cantidad de lenguas existen con exactitud ni la cantidad de hablantes de esas lenguas. Entonces, ¿cómo vamos a generar una política de revitalización y recuperación lingüísticas si no se sabe cuáles son las lenguas que ya están en peligro de extinción ni las que están con más vitalidad y no lo necesitan?”.

 

 

 

 

 

 

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