Redacción Canal Abierto | Garbarino+ es la mayor cadena de ventas de electrodomésticos y electrónica del país. Sumida en una crisis y con una deuda de $11.000 millones fue comprada en plena cuarentena por el Grupo Prof, una aseguradora liderada por el protesorero de San Lorenzo, Carlos Rosales, a mediados del 2020.

Luego de concretar la compra en la que competía con el grupo Covelia de Ricardo Depresbiteris –ligado al empresario Hugo Moyano–, Rosales logró renegociar la deuda que incluía como principales acreedores a empresas internacionales como Samsung, Carrier y LG, y locales como Newsan, Mirgor, BGH y Alladio.

La facturación de la cadena con locales en todo el país creció “en un 1000%” según afirma Rosales en una entrevista en Forbes, y la firma inició una reestructuración de la empresa que proponía cerrar locales a la calle y crecer en la venta online. En este tiempo la compañía convenió el sponsoreo de las casacas de clubes de fútbol como Boca Juniors y San Lorenzo, Rosales compró Radio Continental, y mediante una agresiva y costosa campaña publicitaria mantuvo la marca en alto.

Pero este aparente exitoso derrotero comenzó a mostrar sus fallas. “Tenemos compañeros suspendidos que aún no cobraron el sueldo de abril. En el interior, si tomamos en cuenta a Musimundo (también administrada por el Grupo Prof), cerraron más de 30 sucursales y suspendieron a los compañeros sin darles ninguna respuesta de qué van a hacer con ellos. Los aportes de jubilación y obras sociales están impagos desde hace un año. En abril no llegamos a cobrar ni el 40% del sueldo, nos pagan en cuotas, y los suspendidos aún no cobraron nada”, narra Fernando, empleado de una tienda de la provincia de Buenos Aires.

“Está entrando muy poca mercadería. Los proveedores no entregan porque les piden que se pague al día. Lo poco que entra es por consignación, como a préstamo”, cuenta Fernando, consultado sobre los motivos que pueda esgrimir la firma. “Marzo fue un mes muy bueno de ventas, se llegó a los objetivos de venta muy bien. Pero la empresa está queriendo achicar todo lo posible y que los locales que queden sean puntos de entrega y pasar todo a venta por internet”, comenta el trabajador.

“La empresa alega una crisis, pero a los empleados bajo convenio de camioneros –los del centro de distribución de La Tablada– les pagaron casi la totalidad del sueldo, y a los de comercio nos dejan de lado. El gremio no hizo nada, tuvo la audiencia ayer. Algunas seccionales hicieron marchas, pero la marcha que hicieron los chicos de la CTA en Lomas de Zamora fue la más grande”.

La situación para los más de 4 mil empleados y empleadas de la firma es incierta y en las últimas horas corren fuertes rumores de que se estaría concretando el traspaso de la empresa a otro dueño.

 

Complicidad del sindicalismo empresario

La llegada de Rosales a Garbarino contó con el aval de la FAECyS (Federación de Empleados de Comercio) liderada por Armando Cavallieri. Esta federación no ha movido un dedo hasta esta semana en la que solicitó y tuvo una audiencia con la patronal en el Ministerio de Trabajo.

La concreción de la venta al Grupo Prof tuvo el aval de Cavallieri quien, según fuentes periodísticas, hizo llegar su beneplácito a la Casa Rosada que hizo oír esta sugerencia del titular de la FAECyS a los anteriores dueños y sus acreedores. De esta forma el “Gitano” se aseguró no perder afiliaciones entre los 4.300 empleados y la relevancia que la entrada de Covelia, ligada a Camioneros, hubiera provocado.

En estas horas, la reacción -tardía- del gremio se debe a que en las bases se le empieza a prender fuego. Algunas seccionales locales como Zona Norte y Merlo han tomado medidas de acción y han realizado marchas para denunciar la situación, algo insólito en este sindicato.

Por otro lado, la FAECyS se ve presionada por el accionar del Sindicato Joven CIS de la CTA Autónoma, rama de la central de trabajadores que mediante la afiliación directa a la misma agrupa a trabajadoras y trabajadores del comercio, servicio e industria. Este gremio realizó una importante movilización en Lomas de Zamora este martes 18 de mayo en consonancia con la seccional de Córdoba Capital, provincia en la que la firma cerró varias sucursales y en la que la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (AGEC), filial de la FAECyS, brilla por su ausencia.

Protesta de trabajadores de Garbarino CIS CTA Córdoba
Protesta de trabajadores de Garbarino acompañados por el CIS-CTA en Córdoba

 

Audiencia por demora salarial

En la tarde del 19 de mayo se llevó a cabo una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación entre la empresa Garbarino+/Compumundo y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios en el marco del conflicto suscitado por las deudas salariales que ambas empresas mantienen con el personal en todas las sucursales del país.

La representación de la empresa informó que se realizaron y se continuarán realizando los pagos adeudados: “se abonaron $16.500 a los trabajadores suspendidos, imputado a la remuneración del mes de marzo… estamos en mayo, habría que informarles y que los trabajadores vivimos de nuestros salarios y que con esa suma no se cubre ni medio alquiler”, dice el trabajador.

Por su lado, la parte sindical representada por Jorge Bence, secretario General del Sindicato de Comercio de Lomas de Zamora, afirmó que la organización sindical que representa “mantiene el estado de alerta y reitera que los pagos realizados resultan insuficientes”. Al mismo tiempo, denunció que “en las sucursales en las que se ha procedido a cerrar las puertas en forma transitoria para luego abrirlas, se les estaría notificando a los trabajadores que esos días serían descontados de su sueldo”. La empresa desmintió esto último y solicitó un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

 

El fondo de la cuestión

Rosales tiene un plan de vaciamiento. Su intención es desprenderse de los trabajadores de la venta presencial sin darle la chance de capacitarse para la venta digital. Descartan a este personal y lo reemplaza por operadores de call centers que están regulados por un convenio que es muy inferior al de empleados de comercio –aunque también lo negoció el Sindicato de Comercio– y acompañado por una ley de teletrabajo que suprime garantías constitucionales. Están manipulando a la gente diciéndoles que arreglen ahora un acuerdo económico porque después no va a haber nada y el propio sindicato de Comercio reproduce ese discurso”, explica Gustavo Córdoba, secretario General del CIS-CTA, en diálogo con Canal Abierto.

En síntesis hay un vaciamiento para migrar a la plataforma digital descartando a los trabajadores de la venta presencial, y quedarse con los trabajadores de call center que están hiperflexibilizados y precarizados”.

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