Redacción Canal Abierto | Luján de Cuyo es una localidad mendocina reconocida por sus viñedos y bodegas. Ubicada al pie de los Andes, en la vera norte del Río Mendoza y de la ruta 7 que llega hasta Chile, se asientan allí reconocidas fincas como la de la bodega Luigi Bosca –de la familia Arizu–, Norton, Lagarde, Nieto Senetiner, Ruca Malen, Catena Zapata, por nombrar apenas algunas de las más de cincuenta marcas que hacen un producto con alto valor agregado, tradición regional y valoración internacional.
En la foto, con unos racimos de uva en primer plano, viñas y álamos detrás y los Andes en el horizonte, no se ve un problema que amenace a esta economía regional y a la salud de sus pobladores. Las aguas subterráneas, esenciales para la vida y fundamentales para la producción vitivinícola, fueron contaminadas por la refinería de YPF emplazada en la zona.
El 1º de mayo de 2020 falleció Oscar Fernando Riquelme, un niño de 9 años que vivía en el barrio Juan Martín Giménez de Perdriel, localidad vecina. El pequeño padecía leucemia meloidea aguda, dolencia que puede haberse originado por la contaminación del agua que consumía –proveniente de un pozo de la comuna– y por las emanaciones tóxicas de la destilería. Este hecho reactivó la causa por contaminación iniciada contra la municipalidad de Luján de Cuyo, la petrolera y otros organismos estatales implicados.
Los antecedentes
En 2003 se confirmó que se produjeron filtraciones de combustibles en las napas de agua en Luján de Cuyo. La “mancha subterránea” en el acuífero de la subcuenca El Carrizal se mantiene y, en algunos casos, se expande. Hay un área de 3 kilómetros en la que se detecta en el agua subterránea benceno (BTEX) y otra de 8 kilómetros que tiene MTBE (metil tert-butil éter), una sustancia incorporada a las naftas para reemplazar al plomo.
La refinería fue instalada en 1940 y los primeros indicios de contaminación datan de 1994, pero fueron mantenidos bajo absoluta reserva. En 2000, el Departamento General de Irrigación confirmó la contaminación pero los vericuetos burocráticos hicieron que pasaran años antes de que se iniciaran las tareas de remediación, por lo tanto se incrementó y extendió el daño ambiental.
Debido a la muerte del niño de Perdriel el procurador Alejandro Gullé dispuso la instrucción de una causa penal en la que se investiga la posible responsabilidad penal de directivos y funcionarios de la Municipalidad de Luján, YPF, EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), Aysam y del Departamento General de Irrigación (DGI), como presuntos autores del delito de “daño a la salud por contaminación con residuos peligrosos”, según lo prevé la Ley 24.054 de Residuos Peligrosos. La causa está a cargo de la fiscal Laura Rousselle, jefa de la Fiscalía de Delitos no Especializados del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza.
La causa
Si bien durante años la justicia no avanzó demasiado en el expediente que investiga los hechos, el último año la fiscal Rouselle solicitó imputar y citó a declarar a directivos de YPF y el DGI por contaminar el acuífero.
“En el Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC), a partir del año 1993, la empresa YPF comenzó a utilizar MTBE para la producción de combustibles, proceso industrial a partir del cual vertió por sobre los límites permitidos tal sustancia juntamente con BTEX, a consecuencia de lo cual tales químicos percolaron el suelo y contaminaron el acuífero subterráneo que se ubica bajo las instalaciones de la destilería (…) del cual se abastecen pozos de agua con destino para consumo humano, actividades agrícolas e industriales (…), afectando de tal modo la composición química originaria del agua subterránea, tornándola riesgosa para los usos concedidos, en tanto que dichas sustancias resultan ser altamente tóxicas para la salud humana, animal y vegetal aún en bajas proporciones”, sostiene la Fiscalía de Delitos no Especializados en el escrito judicial al que tuvo acceso Canal Abierto.
La Fiscalía también señala que desde septiembre del año 1994 las autoridades de la planta, estaban anoticiadas mediante un informe del CRAS (Centro Regional de Aguas Subterráneas, desde el 98 integrado al INA) de la presencia de residuos químicos nocivos en el acuífero provenientes de la actividad de la destilería. En diciembre de 1996, el CRAS hizo conocer a la empresa, bajo la dirección de Abraham Zarzur, los posibles focos de la contaminación señalada.
Luego en el año 2000, el citado DGI detectó trazas de contaminación bajo la zona del CILC y en el área circundante. Finalmente, recién en 2003, Lucio Duarte, superintendente del DGI ordenó a YPF a “adoptar las medidas de mitigación provisorias y de reparación definitiva”. Casi diez años de inacción en los que la contaminación se profundizó… Pero eso no acabó allí, las dilaciones continuaron: entre licitaciones, presentación de propuestas, cajoneos y cabildeos, la contratación de la empresa Worley Parsons, a cargo del plan de mitigación, se realizó recién a fines de 2012. Meses después comenzaron los estudios para analizar la metodología a implementar y recién en julio de 2018 estuvo operativa la acción efectiva de reparación, la Primera Barrera Hidráulica y la Tercera Barrera Hidráulica se concluyó con la puesta en funcionamiento del último pozo en diciembre de 2020. 16 años después de los primeros datos certeros de contaminación del acuífero.
Los citados a declaración son: los sucesivos responsables del DGI Lucio Duarte (al frente cuando se detectó la contaminación), Eduardo Frigerio (nombrado por Celso Jaque) y José Luis Álvarez. Quedó afuera de esa instancia, al menos por ahora; y todos los directores de la Refinería de Luján de Cuyo: Abraham Zarzur, Jorge Augusto Ciacciarelli, Daniel Oscar Palomenque, Ricardo Buyatti y Félix Julio Neme, ex directivos de la petrolera en tiempos en que la empresa estaba bajo control de la española Repsol –entre los años 1999 y 2012–.
La acusación hacia los directivos de la petrolera según el escrito es que “la empresa YPF además de realizar los vertidos con sustancias altamente tóxicas (…) existió una demora también comprobada para iniciar y concluir de forma efectiva los trabajos y obras necesarias para extraer las sustancias tóxicas halladas en las zonas núcleo, producto de lo cual, tales compuestos pudieron transportarse a zonas antes no afectadas”.
La declaración a que se los cita es de carácter informativo, no implica una imputación, pero los deja bajo la órbita de la posible comisión de un delito penal.
En el escrito se señala también que la inacción de los intervinientes provocó la contaminación de los pozos para consumo humano del barrio Costa Flores y que debe establecerse “como presunta causa del daño a la salud de algunos habitantes de dicho asentamiento poblacional y la muerte de un niño”.
Las tareas de remediación
YPF puso en marcha un proceso de remediación que es llevado adelante por la empresa Worley Parsons, controlado por el Departamento General de Irrigación a través de la Dirección de Policía del Agua y auditado por el Instituto Nacional del Agua.
El proceso de saneamiento del acuífero consiste en el bombeo en pozos de extracción (denominados barreras hidráulicas) –varios a lo largo del área afectada para evitar la dispersión de contaminantes en la dirección del flujo–, para separar el agua con afectación y tratarla en una planta específica en la superficie, y reinyectarla a las napas subterráneas.
En estos días, la causa se reactiva y desde la Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina están iniciando una campaña para dar relevancia a este hecho poco conocido y para que se profundicen las tareas de remediación y mitigación.
