Redacción Canal Abierto | El 24 de septiembre, un operativo de la Policía de Río Negro, ordenado por los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien, ingresó por la fuerza al territorio recuperado por la lof Quemquemtrew en el paraje Cuesta del Ternero, en la zona rural de El Bolsón. Con violencia detuvieron a varias personas, entre ellas a un niño de 8 años. La Justicia provincial actuó argumentando la “usurpación” de tierras del denunciante Rolando Rocco por parte de la lof.

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En medio de este estado de sitio en el que se encuentran, los organismos de derechos humanos denunciaron que no están dejando pasar ni abrigo ni comida, y una serie de incendios en las oficinas de Turismo y de Vialidad Nacional en la zona fueron adjudicados a los mapuches por la gobernadora Arabela Carreras.

A raíz de esto, Carreras solicitó el envío de las fuerzas federales al territorio para intervenir en lo que definió como un “ataque terrorista”. El secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, reclamó una salida dialogada para el conflicto entre la comunidad Quemquemtreu y el gobierno de la provincia, y desestimó cualquier acción colateral que afecte la vida y supervivencia de las personas.

“La muerte de Rafael Nahuel nos enseñó que el poder represivo del Estado no tiene límites. Nosotros no podemos pedir alegremente el envío de fuerzas federales a reprimir conflictos territoriales que no podemos solucionar por la vía del diálogo en un estado de derecho”, remarcó Aguiar.

Por la tarde del lunes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández se reunió con una comitiva integrada por el consejero de la Zona Andina, Nehuen Loncoman; Dora Riestra, integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) Bariloche; miembros de la APDH nacional; y Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de la Provincia de Río Negro.

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Con este último dialogó Canal Abierto a la salida del encuentro, y aseguró que el ministro “desestimó el envío de fuerzas federales para el abordaje de este conflicto”.

En relación a la permanencia de la comunidad Quemquemtreu en Cuesta del Ternero, Aguiar pidió que se garantice la sobrevivencia de sus integrantes, y también se pronunció sobre el incendio del puesto de Vialidad Nacional. “Este tipo de acciones delictivas contra el patrimonio público y las amenazas a la gobernadora son repudiables, lógicamente. Está claro que el Estado argentino tiene una deuda histórica con las comunidades originarias, y el Estado rionegrino en particular con el pueblo mapuche”.

En la zona hoy hay un acampe humanitario, y la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche elevó una denuncia y una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tanto el fiscal como el juez que intervienen en la causa han prohibido el ingreso de alimentos y de abrigo.

La comunidad continúa sitiada por la policía de Río Negro. Por ello, el Parlamento Mapuche hizo eje en enmarcar que los conflictos por la tierra adquieren mayor dimensión porque faltan herramientas o no se adecuan las herramientas para generar el diálogo. Por este motivo, pusieron en valor la conformación de una mesa de diálogo que sirvió para tener un abordaje alternativo en los conflictos territoriales.

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