La toma de rehenes en Caseros culminó luego de casi diez horas y alrededor de 300 disparos cuando el captor Alejandro Maldonado fuera abatido por la policía. El rehén, José Alejandro Cáceres, llevaba ocho horas muerto según confirmó la autopsia policial. Antes, Maldonado intentó ahorcar a su esposa, Paula Russo, quien logró escapar de la vivienda con la pareja e hijo de la víctima. El captor contaba con licencia para portar armas a pesar de tener cinco causas penales.
«Siempre escuchamos que tenemos como país una de las legislaciones más avanzadas y más modernas en tema de armas, pero no sirve de nada si el Estado no las hace cumplir», sostuvo Adrián Marcenac, titular de la Asociación Civil «Alfredo Marcenac» y parte de la Red Argentina para el Desarme. «Llama la atención. Si estaba tan desequilibrado, ¿Quién fue el psicólogo que firmó y el organismo que avaló la licencia?¿No hubo ningún llamado de atención sobre las denuncias que tenía de violencia contra su familia?», cuestionó.
«El Estado no supo controlar ni visualizar que no era una persona capacitada para tener un arma», señaló Adrián Marcenac.
Las licencias para usuarios de armas son entregadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y Maldonado había renovado su credencial de legítimo usuario (CLU) en 2017. Al respecto del organismo estatal, Marcenac declaró: «En el tema armas me animaría a decir que el control es casi inexistente».
Sobre la cantidad de disparos realizados por el captor, el especialista denunció que el circuito comercial de municiones «en nuestro país fluye libremente de un lado al otro sin control del Estado, y de esto no se hace cargo ningún funcionario».
«En este caso, el arma fue comprada legalmente y otorgada con licencia del Estado. Es más grave todavía porque el Estado no supo controlar ni visualizar que no era una persona capacitada para tener un arma, y tendría que hacerse responsable el psicólogo que firmó ese certificado porque evidentemente no fue un brote de un momento a otro, sino que venía desde hace años», señaló y destacó: «Hubo un profesional que avaló con su firma que a este personaje le dieran la licencia para un arma».
A 15 años del asesinato de su hijo Alfredo por parte de Martín Ríos, conocido como el «loco de Belgrano», Adrián Marcenac denunció que «ningún gobierno ha trabajado en serio» para controlar el mercado ilegal de armas y municiones en el país.
Y especificó que «durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un retroceso enorme porque la directora de ANMaC generó un negocio particular para una empresa y le otorgó a Dienst Consulting, en ese momento, la exclusividad en todo el país para emitir los psico-físicos. Esto ahora lo dieron de baja y volvió a manos del Estado. Por eso no es que hubo gobiernos mejores que otros en este tema, sino peores».