Redacción Canal Abierto | El boicot a la sesión parlamentaria que el día martes iba a tratar entre otros proyectos el de etiquetado frontal, puso al descubierto la embestida del bloque de Juntos por el Cambio para derogar la Ley de alquileres.
La primer información provino a través de un comunicado de Inquilinxs Agrupados. En él se explicaba que la oposición buscaba anular la ley a partir de la modificación de los artículos que regulan las actualizaciones del precio de los alquileres y el plazo mínimo de los contrato de alquiler. El referente Gervasio Muñoz planteaba que “si la oposición logra la derogación de los artículos más importantes de la ley de alquileres es indudable que la crisis habitacional se agravará, pero no sólo eso, sino que también la crisis social. El acceso a la vivienda no puede estar en manos del mercado inmobiliario”.
Esta versión fue luego confirmada por propios integrantes del principal bloque opositor, agregando la ley de boleta única de papel al pliego de condiciones que imponían para bajar a sus bancas y dar el quórum que habilitaría la sesión. Fernando Muñoz es titular de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad y ante la consulta de Canal Abierto alertó que “la modificación que plantea formalmente y con presentación de proyectos de ley Junto por el Cambio tiene que ver con los dos artículos de la ley que objetivamente favorecen a los Inquilinos”.
“Ellos quieren que la duración del contrato que actualmente el mínimo es de tres años por la ley, reducirla a dos. Esto significa no solamente un tema de plazo, sino sobre todo un tema económico de rentabilidad porque de esa manera cada 24 meses como sucedía antes pueden volver a fijar el precio nuevo del alquiler porque en la Argentina sigue estando desregulado el precio inicial del contrato. Entonces no es lo mismo renovar contrato cada tres años que hacerlo cada dos. Eso le da una ventaja un handicap de 50 60 por ciento que te pueden fijar nuevamente a los dos años”, desarrolló.
En cuanto a la modificación de la actualización del precio, Muñoz explicó que que «buscan que se haga cada seis meses o como dicen ellos, pactado. O sea que se hagan forma mensual o trimestral que es como se hacen los alquileres comerciales que no están regulados. De la manera que tenemos regulado por la ley los de vivienda, por lo tanto les da libertad para también fijar el precio y que sea acumulativo. Así, si yo pago 10.000 me ponen 20% semestral el primer semestre pago 12 mil. Pero a partir de ahí el segundo 20% se basa sobre 12.000. O sea que al final, termina siendo mayor el aumento anual que es el sistema que teníamos antes».
Uno de los caballitos de batalla con los que argumentan es que esta legislación lejos de mejorar la situación de la gente que alquila vino a empeorarla. El dato llamativo es que el primer impulso de esta legislación fue dado durante los estertores del gobierno de Mauricio Macri y Daniel Lipovetsky fue uno de sus gestores.
“Esta ley no es la mejor de las leyes, pero implicó en principio un avance por el hecho de que se pudo discutir algo que que parecía que era imposible como es la relación de los inquilinos, los propietarios y lo que es el mercado de del acceso a la vivienda en los alquileres. Si hay que modificarla es para ampliar derechos, no para quitarlos. Que el mercado inmobiliario esté detrás de derogar esta ley es porque justamente la ley de alguna manera tuvo un efecto positivo que es brindarle un mínimo de estabilidad a quienes tenemos que alquilar para poder tener un techo», manifestó Mariano Pasi, integrante del Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CODIP-CTA).
«Somos trabajadores y trabajadoras. Nuestro salarios son miserables y estas actualizaciones golpean salvajemente al bolsillo del inquilino, pero la realidad es que derogando la ley tampoco es la solución. Lo que es lo que va a pasar es que va a ser peor porque proponen justamente modificar la ley para que los acuerdos de actualizaciones sean acuerdos entre partes y los inquilinos somos quienes llevamos la de perder porque tenemos una una situación de de mayor «, agregó.
Pasi también recalcó «la discusión está entrampada. Porque los medios de comunicación pretenden instalar que el debate es entre inquilinos y propietarios y esa no es la realidad. La realidad es que la discusión es entre el mercado inmobiliario y los inquilinos.
«Los propietarios que tienen departamentos para alquiler como para mantener un ingreso que les permite vivir no lo quitan del mercado. Ante la necesidad de ese ingreso, lo negocian, lo ponen en el mercado y se alquila. Quienes realmente pueden quitar los alquileres de los inmuebles del mercado de alquiler son quienes pueden tener el departamento vacío un par de meses hasta que la situación mejore obviamente a su favor. Así que lo que acá estamos planteando es una discusión con el mercado inmobiliario, las grandes constructoras de edificios«, sostuvo.
«Desde el CODIP decimos que en realidad favorecer la construcción es parte del mismo negocio del mercado inmobiliario no es una solución para quienes necesitamos acceder a la vivienda. Lo que hoy falta son políticas de acceso a la vivienda que garanticen que quienes alquilamos en vez de tirar ese dinero a la basura durante años y años podamos invertirlo en un crédito hipotecario o cualquier otra herramienta que permita acceder a los inmuebles que hoy existen. Hay miles de casas y departamentos vacíos, pero todos los años se construyen millones de metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. Y de todas maneras el porcentaje inquilinos aumenta y el porcentaje de propietarios disminuye. así que los inmuebles que se están construyendo, se están concentrando cada vez en menos manos. Por eso digo la discusión en torno a la crisis habitacional no es entre propietarios e inquilinos, sino entre el mercado inmobiliario y los inquilinos», agregó.
«Es importante señalar que quienes hoy están representando justamente a los intereses del mercado inmobiliario en el Congreso Nacional y en la Legislatura porteña, son quienes están favoreciendo la construcción desmedida de Torres en la ciudad de Buenos Aires que no se traduce justamente en soluciones», concluyó Pasi.