Redacción Canal Abierto | Entre los días 9 y 12 de octubre la Comisión de Solidaridad con los Pueblos integrada por representantes de trece organismos, sindicatos y organizaciones sociales y estudiantiles estuvo en Jujuy relevando la alarmante situación de los derechos humanos en la provincia, con la mirada puesta principalmente en las comunidades originarias, los sectores populares y los espacios políticos de oposición.
Divididos en tres comisiones, 16 activistas y dirigentes actuaron con cabecera en San Salvador de Jujuy, Libertador General San Martín, Quebrada de Humahuaca y zonas aledañas, tomando testimonios, relevando fotográficamente algunas de las problemáticas expuestas y sistematizando una serie de casos.
La Comisión, en primera medida, señaló la preocupante situación referida a la violencia de género y su cara más extrema, los femicidios.
Otras vulneraciones de derechos relevadas fueron “la persecución sistemática, criminalización, estigmatización, judicialización y detención de opositores políticos” al gobierno de Gerardo Morales, sumado a la persecución de abogados que defienden causas contrarias a los poderes establecidos, “lo cual deteriora de manera muy preocupante los principios republicanos que consagra nuestra Constitución Nacional”, advierte el informe preliminar.
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El texto también alerta sobre la “aplicación indiscriminada, arbitraria y criminalizante del Código Contravencional” establecido mediante la ley provincial 5860, que es utilizado para castigar especialmente los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Los casos -denuncian desde la comitiva-, “tienen como principales responsables al Estado en sus tres esferas, municipal, provincial y nacional, como así también a las corporaciones del sector privado que funcionan en connivencia con el Estado”.
“Observamos con gran preocupación en distintos y diversos delitos y violencias varias, un entramado partidocrático y de familias vinculadas al poder, donde diversos negocios e intereses marcan a las claras una connivencia que generan una plataforma de impunidad evidente”, indicaron los organismos a través de un comunicado.
Los 43 casos relevados y agrupados fueron sitematizados en las siguientes categorías:
- Vulneración de derechos de los pueblos originarios –se percibe en seis casos denunciados-
- Deterioro de la calidad institucional –se percibe en 21 casos denunciados-
- Violencia policial –se percibe en siete casos denunciados-
- Acceso a la tierra –se percibe en cuatro casos denunciados-
- Derecho al ambiente sano –se percibe en tres casos denunciados-
- Violencia de género/femicidios –se percibe en cinco casos denunciados-
- Criminalización –se percibe en tres casos denunciados-
- Impunidad estatal –se percibe en cuatro casos denunciados-
- Impunidad de actores privados –se percibe en dos casos denunciados-
- Violencia de la corporación local –se percibe en un caso denunciado-
- Acceso a la salud –se percibe en un caso denunciado-
- Acceso al deporte y la recreación –se percibe en un caso denunciado-
- Derechos de niños, niñas y adolescentes –se percibe en un caso denunciado-
- Desaparición de personas –se percibe en un caso denunciado-
- Homicidios –se percibe en tres casos denunciados-
- Derechos Humanos en contexto de encierro –se percibe en un caso denunciado-
- Discriminación –se percibe en un caso denunciado-
- Violencia laboral –se percibe en un caso denunciado-
La enumeración es taxativa y será desarrollada y profundizada en un informe final.
La comisión está conformada por abogados, periodistas y referentes de las siguientes organizaciones:
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-La Matanza; Asociación Civil Derecho Popular; Asociación de Trabajadores del Estado–ATE Nacional; CTA Autónoma Nacional; Comité por la Libertad de Milagro Sala-Córdoba; Corriente Política y Social La Colectiva-Córdoba; Espacio Jurídico Deodoro Roca; Frente Patria Grande; Kasa Compañera-Córdoba; Movimiento de Participación Estudiantil (MPE); Nuevo Encuentro-La Matanza; Trabajadores Unidos por la Tierra (UTEP).
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