Redacción Canal Abierto | Entre los días 9 y 12 de octubre la Comisión de Solidaridad con los Pueblos integrada por representantes de trece organismos, sindicatos y organizaciones sociales y estudiantiles estuvo en Jujuy relevando la alarmante situación de los derechos humanos en la provincia, con la mirada puesta principalmente en las comunidades originarias, los sectores populares y los espacios políticos de oposición.   

Divididos en tres comisiones, 16 activistas y dirigentes actuaron con cabecera en San Salvador de Jujuy, Libertador General San Martín, Quebrada de Humahuaca y zonas aledañas, tomando testimonios, relevando fotográficamente algunas de las problemáticas expuestas y sistematizando una serie de casos.

La Comisión, en primera medida, señaló la preocupante situación referida a la violencia de género y su cara más extrema, los femicidios.

Otras vulneraciones de derechos relevadas fueron “la persecución sistemática, criminalización, estigmatización, judicialización y detención de opositores políticos” al gobierno de Gerardo Morales, sumado a la persecución de abogados que defienden causas contrarias a los poderes establecidos, “lo cual deteriora de manera muy preocupante los principios republicanos que consagra nuestra Constitución Nacional”, advierte el informe preliminar.

La Comisión de Solidaridad con los Pueblos durante la visita a la casa de Milagro Sala

El texto también alerta sobre la “aplicación indiscriminada, arbitraria y criminalizante del Código Contravencional” establecido mediante la ley provincial 5860, que es utilizado para castigar especialmente los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Los casos -denuncian desde la comitiva-, “tienen como principales responsables al Estado en sus tres esferas, municipal, provincial y nacional, como así también a las corporaciones del sector privado que funcionan en connivencia con el Estado”.

“Observamos con gran preocupación en distintos y diversos delitos y violencias varias, un entramado partidocrático y de familias vinculadas al poder, donde diversos negocios e intereses marcan a las claras una connivencia que generan una plataforma de impunidad evidente”, indicaron los organismos a través de un comunicado.

Los 43 casos relevados y agrupados fueron sitematizados en las siguientes categorías:

  • Vulneración de derechos de los pueblos originarios –se percibe en seis casos denunciados-
  • Deterioro de la calidad institucional –se percibe en 21 casos denunciados-
  • Violencia policial –se percibe en siete casos denunciados-
  • Acceso a la tierra –se percibe en cuatro casos denunciados-
  • Derecho al ambiente sano –se percibe en tres casos denunciados-
  • Violencia de género/femicidios –se percibe en cinco casos denunciados-
  • Criminalización –se percibe en tres casos denunciados-
  • Impunidad estatal –se percibe en cuatro casos denunciados-
  • Impunidad de actores privados –se percibe en dos casos denunciados-
  • Violencia de la corporación local –se percibe en un caso denunciado-
  • Acceso a la salud –se percibe en un caso denunciado-
  • Acceso al deporte y la recreación –se percibe en un caso denunciado-
  • Derechos de niños, niñas y adolescentes –se percibe en un caso denunciado-
  • Desaparición de personas –se percibe en un caso denunciado-
  • Homicidios –se percibe en tres casos denunciados-
  • Derechos Humanos en contexto de encierro –se percibe en un caso denunciado-
  • Discriminación –se percibe en un caso denunciado-
  • Violencia laboral –se percibe en un caso denunciado-

La enumeración es taxativa y será desarrollada y profundizada en un informe final.

La comisión está conformada por abogados, periodistas y referentes de las siguientes organizaciones:

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-La Matanza; Asociación Civil Derecho Popular; Asociación de Trabajadores del Estado–ATE Nacional; CTA Autónoma Nacional; Comité por la Libertad de Milagro Sala-Córdoba; Corriente Política y Social La Colectiva-Córdoba; Espacio Jurídico Deodoro Roca; Frente Patria Grande; Kasa Compañera-Córdoba; Movimiento de Participación Estudiantil (MPE); Nuevo Encuentro-La Matanza; Trabajadores Unidos por la Tierra (UTEP).

María José Cano (ATE / CTA-A) y Pablo Pimentel (APDH-La Matanza) en la computadora, junto al resto de los integrantes de la Comisión, recibiendo las denuncias.

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