Redacción Canal Abierto | El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el tema de un fin de semana intenso y con declaraciones cruzadas. La carta de la vicepresidenta Cristina Fernández, cuyo silencio despertaba especulaciones, y las expresiones vía redes sociales del ex presidente Mauricio Macri establecieron, a ambos lados de la grieta, que de los términos de ese acuerdo surgirá el horizonte político y económico de la Argentina.
Mientras CFK afirmó que “la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI” y que “la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”, se encargó de establecer el límite de aquello que ella, y sus votantes, acompañarán.
“Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país”, aseguró. Y con las mayúsculas resaltó aquello que, entiende, debe ser la principal inquietud del Gobierno que tendrá que afrontar los siguientes dos años eventuales rebrotes pandémicos y una pobreza superior al 40%.
Por su parte, Macri –quien comandó el gobierno que contrajo la deuda de 44.500 millones de dólares con el organismo internacional de crédito– citó a Elisa Carrió en un hilo de Twitter en el que ratificó: “Para que la Argentina se desarrolle económicamente tenemos que generar confianza. Tenemos que honrar nuestras deudas, respetar las instituciones. Liderar con el ejemplo”.
A juzgar por ambas declaraciones, mientras el ala del Frente de Todos encabezada por la vicepresidenta apuesta a un acuerdo con el FMI sólo bajo ciertos términos, la facción de los halcones de Juntos por el Cambio que conduce el ex presidente establece que éste debe firmarse más allá de las condiciones.
En este escenario, las preguntas son varias. ¿Cuál es el mejor acuerdo al que puede esperarse? ¿Qué costos significarían? ¿Hay opciones al ajuste?
Con esas premisas, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) afirma que, a grandes rasgos, existen sólo dos alternativas.
Los dos caminos posibles
“En un camino, el acuerdo podría implicar un tradicional programa fiscal y cambiario del Fondo, ligeramente aliviado por la ausencia de reformas estructurales en el régimen laboral y de privatizaciones. Traducido en medidas, implicaría un ajuste del tipo de cambio más brusco, fuerte suba de tarifas y contracción del gasto público”, sostiene el informe publicado hoy y titulado ¿Vamos al Fondo a la derecha?
Para los economistas, los efectos económicos de programas como estos, a la luz de la historia, significan “pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de las mayorías, con reducción de la demanda interna provocando la interrupción de la reactivación económica”. En términos políticos, por otro lado, reduciría el caudal electoral del Frente de Todos de cara a 2023 y el descontento de la población, que en esos marcos tiende a inclinarse hacia posiciones extremas.
“El otro camino es avanzar con lo que se tiene, al estilo del modelo Duhalde-Lavagna-Kirchner. Kirchner comprendió que el resultado de la negociación con el Fondo dependía de la situación interna, y no al revés –detalla el CESO–. Fortalecer el empleo y los ingresos en la base social, en un esquema que no sea simplemente la posición heterodoxa ingenua de gastar, estimular la demanda y crecer hasta pegarse la frente con la brecha externa, sino hacerlo en los sectores que solucionan problemas sociales urgentes, generan mucho empleo y requieren pocos insumos importados. Elegir dónde y con quiénes crecer. La escasez de divisas pone un límite muy concreto a la política de reactivación tradicional que no puede desconocerse”.
Por lo pronto, del “programa plurianual” que el Gobierno enviará al Congreso con los términos del acuerdo negociado con el FMI anunciado por el presidente Alberto Fernández el 14 de noviembre aún no se conocen los detalles, aunque en el mismo discurso anticipó su rechazo al ajuste fiscal como camino para reducir el déficit.
Puestos a analizar, el informe del CESO sostiene que un lugar vital lo ocupará el esquema cambiario del año que viene, que para funcionar requiere de un plus de “sorpresa”.
Luego de las elecciones, el Banco Central redujo significativamente su intervención en el mercado del dólar financiero (MEP y contado con liquidación) “pero no puede quedarse sin instrumentos para intervenir en la brecha cambiaria”, a riesgo de que “se espiralice la inflación generando una desestabilización económica y social”.
Sobre ese punto detalla que –aún cuando el equipo económico trate de presentar todo el pliego de reivindicaciones como el producto de decisiones concertadas con el establishment local–, llevar adelante un programa bajo esa premisa “es estar todavía más a la derecha del Fondo, sobrecumplir todas sus expectativas a la manera que lo hizo el expresidente Macri y, a juzgar por sus recientes declaraciones, volvería a reincidir”.
Por el otro lado, “un programa 100% definido por la Argentina es algo que el Fondo no va a estar dispuesto a conceder porque, en caso de hacerlo, traicionaría el mandato de veedor y supervisor que le asignan las potencias que lo financian y los acreedores privados que están a la espera de sus pagos en dólares”, asegura el estudio.
Y sentencia: “Si se quieren ganar grados de libertad en la negociación, será por la vía de reactivar la economía, generar puestos de trabajo y mejorar los ingresos de las mayorías, para ensanchar el caudal político del oficialismo de cara a las negociaciones con el FMI”.
Se trata de un juego delicado donde el Gobierno viene intentando satisfacer a propios sin enojar a ajenos, cuyo apoyo también necesita.
Ilustración: Marcelo Spotti