Redacción Canal Abierto | La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal correspondiente a este año. Con los 585 casos de 2021, ya son 8.172 las víctimas de represión estatal desde 1983.
En abril de 1996, el entonces presidente Carlos Menem “explicó” a los medios de comunicación por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.
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“Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos -torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992- propuso en una reunión: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”, explican desde la Coordinadora.
Así, a fines de ese año presentaron en Plaza de Mayo el primer Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, con datos de 262 casos. “La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, nos motivó a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año su presentación pública”, agregan.
A su vez explican que “el objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación”.
Entre las principales modalidades represivas, se destacan las muertes en cárcel, comisaría o bajo custodia (50,99%), y el gatillo fácil (35,22%), y el rango de edad de las víctimas que prevalece es entre 15 y 25 años.
En cuanto al análisis de datos durante la gestión de Alberto Fernández, hubo 981 casos de los cuales el 58,10% (570) fueron perpetuados por el Servicio Penitenciario, seguido de la Policía Provincial con 28,64% (281), y la Policía de la Ciudad con 5,20% (51).
“Ante este panorama, nuestra agenda antirrepresiva urgente resulta más necesaria que nunca. Son medidas que remiten a temas sensibles históricamente como portación del arma reglamentaria de civil, facultades para detener personas arbitrariamente, uso indiscriminado y masivo de la prisión preventiva -salvo cuando son represores-, defensa técnica institucional de miembros de las fuerzas imputados en causas penales, dificultad del acceso a las causas de las familias de las víctimas, mantenimiento en servicio de los funcionarios imputados, entre otras”, señala la CORREPI.