Redacción Canal Abierto | Hace unos días apareció por primera vez en audio y video el accionar de la mesa judicial bonaerense que no dejó lugar a dudas sobre el espionaje ilegal y armado de causas contra dirigentes gremiales encabezado por María Eugenia Vidal.
Esta prueba nítida de cómo se operaba contra representantes sindicales fue profundizada por el portal InfoGremiales, quien accedió al plan sistemático mediático y judicial que se preparó en la cartera de Marcelo Villegas para desacreditar a ATE, bajar los salarios, enjuiciar a los trabajadores y cerrar Astillero Río Santiago.
“En ese entonces no estábamos informados pero sí sospechábamos algo desde el momento que cayó la intervención armada dentro del Astillero el 7 de mayo de 2018, la cual entró despidiendo gerentes y en su gran mayoría compañeros de carrera que se habían formado dentro de ARS. Esa fue una señal muy fuerte de cuáles eran las intenciones”, señaló Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada.
Así operaba la mesa judicial de Vidal contra Astilleros Río Santiago y ATE Ensenadahttps://t.co/XXd7mfnbxJ pic.twitter.com/H1h0M4qtXw
— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) January 3, 2022
Y agregó: “Después de esto, nos sacaron los derechos que nosotros teníamos por convenio como las vacaciones y el premio a la eficiencia, no nos daban categorías como correspondía y paralizaron todas las obras. Este fue otro paso que dieron para ir acorralándonos. También dejaron de pagarnos la cuota societaria, cortaron todas las licencias gremiales y no pagaron los salarios por ocho meses a los dirigentes gremiales”.
Los documentos de la investigación detallan los ataques planificados hacia los gremios que se tejían en su paso por el Ejecutivo. Según destacó el portal, “el documento es casi un manual de trinchera donde queda clara la planificación con golpes hacia los trabajadores en los dos planos que mejor se movía Cambiemos: el mediático y el judicial”.
El objetivo eran los más de 3.300 trabajadores de Astillero Río Santiago. Se intentó primero recortar y después cerrar. La “agenda integral” de la gestión Vidal “constaba de tres patas que en su conjunto buscaban quebrar la resistencia de los operarios y su gremio para bajar los salarios y flexibilizar sus condiciones de empleo. Esas tres aristas eran la económica, la judicial y la agenda pública”.
En lo económico se detallan los derechos laborales a recortar, como el comedor, vacaciones, partes del sueldo, jubilaciones, los “dispensados”, la nocturnidad y las licencias gremiales. Más tarde llegarían los despidos y hasta se habló de un cierre total. En las otras se preveía una primera denuncia en los juzgados, que sería filtrada a los medios y luego reforzada por una denuncia de asociación ilícita, que también llegaría a los medios afines para convencer a la opinión pública.
“Con esto se concretaron los dichos de Mauricio Macri de que había que dinamitar el Astillero, y para eso tenían que venir por la organización gremial. Gracias a Dios con la organización de los trabajadores no nos pudieron doblegar, pero buscaron desprestigiarnos, armarnos causas por todos lados. Por suerte hoy el Astillero está abierto. Lo que para ellos eran privilegios para nosotros eran derechos y el Gobierno actual nos los devolvió y continuó con las obras que ellos habían paralizado. Lentamente se va reactivando”, añadió Banegas.
Si bien se apuntaba a ATE Ensenada y a las gestiones anteriores del Astillero, el plan de disciplinamiento y juicios se extendió a los trabajadores. De hecho, en su documento, Villegas le pide a los funcionarios de turno “proactividad para recepción e investigación de posibles ilícitos” y recomienda una serie de denuncias penales de hechos ilícitos. También pidió que se filtren en off hipotéticas “amenazas” de trabajadores a directivos y supuestos discursos que atenten contra el orden democrático.
Al respecto, el referente de ATE Ensenada sostuvo: “Esta persecución, después de la del año 76, fue la peor. Ni siquiera la de los 90 tenía una connotación de este tipo, y ver que un ministro que llamaba a dialogar, que decía que iba a resolver los problemas consensuando pasó a querer armar una Gestapo. Eso es muy repudiable y es una actitud que la Justicia no puede dejar pasar, que debe investigar en serio y que todas las causas que nos armaron se deben caer. Por un lado no sorprende, pero por otro todas estas actitudes indignan porque en nuestro caso particular nos hacían seguir con autos negros, sacaban fotos frente a la organización gremial, siempre han buscado intimidar la resistencia de los trabajadores”.
En este sentido, el material audiovisual confirma las denuncias efectuadas por la CTA Autónoma junto a las demás centrales argentinas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017. “Allí denunciamos un plan sistemático de criminalización de la protesta social, estigmatización de dirigentes sindicales (incluyendo arrestos y detenciones), estigmatización de jueces, intervención, suspensión y disolución de sindicatos, denegación de sus registros, restricciones al cobro de la cuota sindical, apuntando a un reforma laboral regresiva para ofrendarla a las corporaciones económicas y que logramos frenar con las movilizaciones en la calle”, señalaron Ricardo Peidro, Hugo Cachorro Godoy y Claudia Baigorria, el tridente al frente de la Central.
Y finalizaron: “Actos como estos buscaban desacreditarnos frente a la sociedad para luego encarcelarnos y someter a nuestras organizaciones al chantaje y a la pérdida de derechos. Constituían una verdadera organización mafiosa entre funcionarios, jefes de gobierno, agentes de inteligencia, funcionarios del poder judicial y patronales, junto a la complicidad de sectores de la prensa hegemónica. Para nuestra Central, hechos de esta gravedad institucional atacan seriamente la democracia, no pueden quedar impunes y deben ser sancionados con el máximo de las penas”.