Redacción Canal Abierto | Cuatro pacientes de salud mental de entre 24 y 40 años que se encontraban internados en el centro de rehabilitación San Fernando en Pilar, fallecieron intoxicados al producirse un incendio en la comunidad terapéutica.
La Comisión Provincial por la Memoria denunció que el lugar no se encontraba habilitado y califica a las condiciones de detención y el régimen llevado allí como “graves violaciones de derechos humanos”.
El organismo recolectó testimonios junto al Consejo Municipal contra la Violencia Institucional de Ramallo, entidad que había presentado acciones por jóvenes de esa localidad alojados allí. Tanto los fallecidos como los sobrevivientes se encontraban sobremedicados con un coctel de psicofármacos que pudieron haber dificultado la respuesta ante las llamas. Además todas las ventanas tenían rejas que les impedían escapar, el lugar no tenía matafuegos ni existían un plan de contingencia ni salidas de emergencia.
Está situación acontece sin que se hubieran encendido luces de alarma sobre el modo en que funcionaba San Fernando, de manera incompatible con un espacio del que se espera contribuya con la salud mental de quienes allí se atienden. Sin embargo, la comunidad estaba sobrepoblada, tenía denuncias previas por estos hechos y las personas permanecían en aislamiento extremo durante más de 23 horas diarias, con castigos y un abordaje tratamental que no respetaba los principios de la Ley de Salud Mental.
Son estas las situaciones que los pacientes señalan como las que desencadenaron los sucesos, ya que el incendio fue provocado por uno de los internos en protesta por las condiciones de encierro que padecen.
Pero San Fernando cuenta con una mancha como es el fallecimiento de murió Ezequiel Ibarra en noviembre del año pasado sin que la Justicia impidiera la continuidad de su funcionamiento. Y tras este siniestro, autorizó el traslado de los pacientes sobrevivientes a otra institución del mismo dueño.
Tras la recorrida y el diálogo con los sobrevivientes, los organismos intervinientes presentaron un habeas corpus colectivo a favor de los usuarios de la comunidad. También se presentaron habeas corpus individuales y pedidos de arrestos domiciliarios de los jóvenes afectados detenidos por orden judicial.
Al respecto, la CPM señaló en un comunicado que “la desidia judicial frente a las reiteradas denuncias y la falta de controles estatales sobre los dispositivos de salud mental, permiten que estas comunidades sigan funcionando al margen de la ley, vulnerando los derechos de los y las usuarias e incumpliendo con los preceptos de la ley nacional de salud mental”.
“Los jueces son responsables, no conocen los lugares donde derivan a los jóvenes que deben ser tratados como pacientes, y no realizan un seguimiento de esas internaciones. Es imperioso que desde el Estado provincial y municipal se realicen controles efectivos y adecuados de estas instituciones privadas que funcionan al margen de la ley, violando los derechos humanos y provocando la muerte de personas que deben ser tratadas por su padecimiento mental”, concluye la misiva.