Por Néstor Espósito | El ala de Juntos por el Cambio –que incluye a jueces y abogados en el Consejo de la Magistratura- resolvió paralizar la designación de jueces hasta después de abril, cuando fallo de la Corte Suprema mediante deberán ingresar siete nuevos consejeros. La jugada es perversamente brillante para el definitivo copamiento por la oposición del Consejo, por lo menos hasta noviembre próximo.
La tendencia ideológica que se perfila en esos nuevos siete consejeros se encamina a conformar una mayoría opositora amplia que en algunos casos tendrá mayorías para proponer y sacar resoluciones, y en otros una capacidad de veto suficiente como para bloquear cualquier iniciativa del oficialismo.
Lo que está pasando y lo que aparece en el horizonte del Consejo es una muestra más de la imposibilidad (¿incapacidad?) del Gobierno para producir cambios profundos en la Justicia que son necesarios más allá de cualquier ideología política.
El Poder Judicial defrauda todos los días a la sociedad, pero parece satisfecho de sí mismo por esa situación. Funciona como casta, se abroquela sobre sus propios y mezquinos intereses y condena al hastío a los cientos de notables jueces, fiscales, secretarios y voluntariosos empleados que todavía creen que todo puede ser mejor.
Tan perversa es la jugada que esa mayoría que no puede perforar el espíritu corporativo termina, como proponía Umberto Eco, convirtiéndose en apocalípticos (incluso saliendo del sistema) o en integrarse a aquello que les repugna pero les asegura un buen pasar económico y unos cuantos privilegios sociales.
En el último plenario había una docena de concursos para nuevos jueces que estaban en condiciones de ser votados. Se trata del paso previo a que las ternas aprobadas sean enviadas al Poder Ejecutivo, para que el Presidente escoja a uno y pida al Senado que le preste acuerdo para designarlo juez.
En nueve había un dictamen único, es decir que todos los consejeros estaban de acuerdo. Sólo tenían que levantar la mano y aprobarlo. Y nueve juzgados vacantes quedaban a un paso de tener juez.
El resto, todos relacionados con cargos de Comodoro Py, tenían dos y hasta tres dictámenes diferentes. Allí el acuerdo era imposible, porque la aprobación necesita de una mayoría especial de dos tercios que hoy no existe.
Sin embargo, en lugar de aprobar los concursos en los que había acuerdo y posponer los demás, el representante de los abogados porteños y ex legislador por el PRO Diego Marías propuso posponer todos los expedientes y el juez Ricardo Recondo, uno de los que más militó desde el Poder Judicial la derrota del kirchnerismo en las elecciones de 2015 y referente de la Asociación de Magistrados proclamó: “Tenemos que esperar a la nueva constitución para conseguir los consensos para los concursos”. Más aun, advirtió: “voy a votar negativamente todos los concursos que se traten».
La decisión significa, ni más ni menos, que anticipar un mes la paralización del Consejo de la Magistratura. Según el fallo de la Corte, el 15 de abril deberían estar los 20 consejeros. Pero hasta entonces, la actual conformación tiene plenas capacidades y obligaciones para trabajar.
El abogado Diego Molea, el juez y actual presidente del Consejo Alberto Lugones y la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño lo advirtieron y se opusieron. Fueron a votación y el propio Marías, el abogado del interior Carlos Matterson, el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, el juez Juan Manuel Culotta, la senadora de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo y Recondo votaron por postergar todo.
Los que querían seguir trabajando también sumaron seis votos. Es decir que la votación terminó empatada. ¿Entonces qué pasó? Que no se votó nada. Aún sin ganar, los que propusieron tácitamente paralizar el Consejo consiguieron su objetivo.
La semana próxima deberá reunirse la Comisión de Labor para intentar destrabar la situación. Hoy es virtualmente imposible. A nadie parece importarle.
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Néstor Espósito: @nestoresposito