Redacción Canal Abierto | Con un comunicado colectivo y un pedido de audiencia al senador José Mayans, vio la luz el Comité de Acreedores de la Deuda Interna (CADI), una iniciativa multisectorial compuesta por cien referentes del campo popular que apuntan a visibilizar la crisis social en ascenso y “promover acciones de investigación, denuncia, y reparación social” en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Por medio de la presente nos ponemos en contacto con usted para solicitar una audiencia (…) preocupados por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes; preocupados también por la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares; ocupados en impulsar la adopción de medidas tendientes a reparar los daños causados por la ambición de unos pocos en perjuicio de muchos”, sostiene la carta dirigida a Mayans, quien preside la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación.
Como respuesta, el Senado les otorgó una audiencia para el 19 de abril, donde plantearán la importancia de avanzar sobre las responsabilidades y responsables vinculados al endeudamiento y la fuga.
La deuda popular
El Comité se autodefine como un “espacio amplio de articulación entre personalidades y organizaciones” de ámbitos sociales, políticos, culturales, sindicales, académicos, campesinos, indígenas, feministas y religiosos, entre otros, que busca visibilizar “las múltiples deudas internas que el Estado Argentino mantiene con su único verdadero acreedor: el Pueblo”.
A modo de ejemplo de esta deuda, cita las recientes cifras de pobreza e indigencia y de deterioro del poder adquisitivo de las clases populares, que conforman un estado de situación alarmante junto con el déficit habitacional, la falta de acceso a la tierra y la destrucción del ambiente. Al mismo tiempo, señala las abultadas ganancias de las grandes empresas que han “lucrado de la inflación a costa del bienestar social de los trabajadores”.
Firmada por nombres como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el dirigente social Juan Grabois, Lita Boitano de Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, el escritor Jorge Elbaum, el economista Claudio Lozano o el titular de los estatales Hugo “Cachorro” Godoy, la carta sostiene que “el Comité en su conjunto buscará que el pueblo no pague un solo peso de la deuda, y mucho menos la crisis social que trae aparejada” y pondrá el foco en “evitar que la presión del organismo endeudador vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías”.
En esa línea, manifiesta su apoyo a propuestas “como el aporte especial de emergencia” para gravar impositivamente a que quienes mantienen ocultos en el exterior fondos millonarios y levantar el secreto bancario para conocer el destino de los millones que otorgó el FMI.
Al tiempo que anticipa que buscará implementar acciones “para demostrar a nivel nacional e internacional la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en una estafa, que, en colusión con el gobierno de Mauricio Macri, violó los propios estatutos del organismo para pergeñar una estafa contra el Pueblo argentino, motivada por razones de índole geopolítica y en beneficio de grupos económicos concentrados”.
El documento también lleva las firmas de los exministros Roberto Salvarezza (Ciencia) y Sabina Frederic (Seguridad), de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, Omar Plaini de la CGT, Hugo Yasky de la CTA-T, el sacerdote Lorenzo “Toto” De Vedia, del equipo de Curas Villeros y el presidente de la cadena mayorista Maxiconsumo, Victor Fera, entre muchos otros.
Ilustración: Marcelo Spotti
