Redacción Canal Abierto | El ejecutivo rionegrino presentó –este martes 19 de abril– ante el Plenario de las comisiones de Planificación, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Legislatura provincial el proyecto de producción de hidrógeno verde de la empresa Fortescue y de creación de un Ente de Promoción de la Zona Franca para Sierra Grande.
La iniciativa del gobierno de Arabela Carreras incluye la concesión por 50 años de un área de 625.000 hectáreas de tierras fiscales a la empresa australiana. El trawun (asamblea) zonal mapuche tehuelche de la Zona Atlántica advirió a los legisladores que el proyecto para la cesión de esas tierras avasalla los derechos de muchas comunidades que las ocupan ancestralmente.
Pese a la objeción indígena, el plenario de comisiones aprobó la presentación y este miércoles 20 de abril se trata su aprobación –descontada– en el plenario legislativo.
La presentación de las comunidades originarias a la legislatura señala que: “las tierras fiscales de las cuales habla el proyecto, en su mayoría están ocupadas por comunidades indígenas y pobladores dispersos mapuche-tehuelches”; que “los territorios ancestrales son territorios indígenas”, no fiscales; y que en el citado proyecto no se menciona ni se tiene en cuenta el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional ni el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Legislatura Provincial, que reconocen el derecho indígena y obligan al Estado a realizar la consulta previa, libre e informada antes de llevar adelante esta iniciativa privada, para obtener el consentimiento de las comunidades.
También señalan que el proyecto no contempla el Plan de Manejo del Área Natural Protegida de la Meseta de Somuncurá, del cual las comunidades de la zona no tienen participación por incumplimiento de los sucesivos gobiernos provinciales.
Por último, exigen la rectificación del proyecto y la presentación del Informe de Evaluación de Impacto Sociocultural y Ambiental, y señalan que caso contrario se solicitará la intervención de las autoridades nacionales e internacionales competentes.
Desde el CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) –organismo estatal integrado por representantes del gobierno y de las comunidades–, Nehuen Loncomán, presidente del organismo, también reclamó la realización de la consulta previa.
“Es tremendo esto, están entregando a una empresa extranjera 625 mil hectáreas con la gente adentro”, señaló Orlando Carriqueo, werken del Parlamente Mapuche Tehuelche de Río Negro, en diálogo con este medio. “Eso se llama extranjerizar la tierra. La excusa es que es por 50 años, pero ninguna empresa devolvió las tierras. Los emprendimientos forestales son un ejemplo”.
Vaya si vale el ejemplo, si recordamos el conflicto de Cuesta del Ternero que costó la vida del joven mapuche Elías Garay, asesinado por dos empleados de los hermanos Rocco, concesionarios forestales de tierras fiscales y no dueños de la propiedad.
Intervención del INAI
Al unísono de la presentación de las comunidades, la presidenta el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), la rionegrina Magdalena Odarda, se dirigió a la gobernadora Carreras manifestando el acompañamiento a la preocupación de las comunidades y señalando la “necesidad de llevar adelante el proceso de participación y consulta previa libre e informada en relación al citado proyecto, previsto en la normativa vigente”. A la vez, señala que el INAI “se pone a disposición para la articulación y para acompañar en el resguardo de los derechos mencionados”.
Apoyo de la CTA Autónoma
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) demandó consultar con las comunidades originarias que habitan el territorio, antes de otorgar las tierras a la empresa Fortescue para la producción de Hidrógeno Verde, como se prevé en el proyecto de Ley 253/2022 que la Legislatura tratará este miércoles.
“El gobierno se expone a que uno de sus proyectos más embanderados pueda verse frenado a partir de cuestionamientos legales”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro y Adjunto de ATE Nacional. “No es posible llevar adelante un proyecto de tamaña envergadura sin la previa consulta a las comunidades originarias que habitan el territorio. La legislatura avanza sanciona una norma pasible de ser declarada inconstitucional”, agregó.