Canal Abierto Radio | El viernes 13 de mayo el Tribunal Oral 1 de La Plata dictaminó las condenas para los represores Miguel Etchecolatz y Julio Garachico por los delitos de lesa humanidad cometidos contra siete personas en lo que se conoció como el Pozo de Arana durante la última dictadura cívico, militar, eclesiástica y empresarial. Si bien las sentencias fueron a reclusión perpetua, la domiciliaria a Garachico generó descontento y anticipó una apelación por parte de los y las abogadas de la querella.
El juicio investigó los secuestros y tormentos sufridos por Patricia Dell’Orto, Ambrosio De Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López, desaparecido nuevamente tras su testimonio, clave en este juicio, y la desaparición forzada de tres de ellos, Dell’Orto, De Marco y Rodas. La secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante en el juicio junto a la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
“Fue muy raro. Esperábamos lo de la domiciliaria porque es un criterio que a medida que pasa el tiempo tiene sus lógicas sobre todo después de la pandemia. Muchas veces cuando nos llegan los pedidos de prisión domiciliaria por cuestiones de salud en muchos casos decimos que la persona está en condiciones de que sus patologías, que tienen que ver con la edad, sean atendidas en el establecimiento carcelario, porque además no están en las cárceles donde están los pibes pobres del conurbano, están en Campo de Mayo todo bárbaro. Pero no siempre eso sucede y si hay algo que nos distingue al pueblo de los genocidas es el respeto de algunos derechos”, expresó al respecto Guadalupe Godoy, abogada querellante en la causa e integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en comunicación con Canal Abierto Radio.
En este sentido, señaló que “hubo una oleada de muchas domiciliarias muy flexibles con mucha ausencia de peritos del Estado durante el macrismo y sus discursos negacionistas, por lo cual hubo una estampida en la que muy pocos genocidas quedaron dentro de la cárcel”. Y sobre la reciente sentencia manifestó: “A mí no me asombró la domiciliaria de Garachico, sí me parece que evidentemente estos jueces no son titulares y no conocen la jurisdicción. Además es muy propio de nuestra ciudad la forma en que se hacen los juicios y la vara alta que tenemos”.
Al hablar sobre la importancia de los juicios por delitos del terrorismo de Estado, la abogada aseguró: “En los juicios hacemos más que obtener condena, disputamos sentido y peleamos todo; hasta que en la primera fila van las fotos de desaparecidos, en la segunda los familiares y después el resto”. La integrante del colectivo Justicia Ya! explicó que, al no caracterizar el fallo como “genocidio”, y “decir que eran delitos de lesa humanidad borrando esa calificación, estamos mal”.
Además, contó: “Este tiempo de pandemia, al hacerse los juicios virtuales, pudimos ver cómo viven los genocidas en sus casas y da mucha bronca. Es más que Garachico lo que sucede. Creo sinceramente que los jueces (José Antonio Michilini, Andrés Basso y Alejandro Esmoris) no dimensionaron e hicieron lo que dice el código y, justamente, porque saben de qué se trata, acá en La Plata los planteos incómodos los dejan al final de forma que cuando todos están aplaudiendo la perpetua ahí lo dicen en vocabulario que sólo entendimos los abogados”, remarcó.
“Llevamos más de diez años con innumerables composiciones de jueces, de hecho, más de una vez, como en este momento, tenemos dos composiciones simultaneas porque hay jueces que subrogan exclusivamente para un juicio. Esto nos obliga a estar todo el tiempo empezando de cero”, indicó Godoy, haciendo hincapié en la militancia que hay en La Plata y las maneras en que se acompañan estos procesos.
“Acá logramos cosas muy importantes porque es la primera jurisdicción donde se reconoció no sólo el marco sociológico de lo sucedido como un genocidio, sino el delito de genocidio. Fue la primera vez que se condenó por la autoría del delito de genocidio. También construimos la figura de desaparición forzada logrando el reconocimiento de esa figura y hoy fue un retroceso en ese sentido”, señaló.
Para finalizar, Godoy, destacó dos cosas: el pedido al gobierno provincial para que “desafecte el destacamento de Arana, como fue especificado en el juicio de Camps” y que sólo funcione el espacio de Memoria, Verdad y Justicia; y la apelación al fallo dictaminado a partir de junio: “Vamos a apelar por el tema de las calificaciones, porque en verdad las condenas a perpetuas están bien”, sintetizó.