Redacción Canal Abierto | El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental al master plan del Distrito Joven. Sin embargo, no se conoce aún el llamado máster plan para las 14 hectáreas que a partir de la ley aprobada en 2018 serán concesionadas a emprendimientos privados que explotarán la Costanera Norte.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se advirtió que ni en el estudio de impacto ambiental presentado por el gobierno de Larreta y ni en el expediente administrativo, se observan elementos del proyecto concreto del master plan, a excepción delineamientos genéricos que establece la ley. Lo mismo ocurre con el sector previsto para uso público.
Y destacó que en el propio estudio de impacto ambiental se reconoce el desconocimiento de los usos que los concesionarios darán al espacio y, por lo tanto, del total de obras que realizarán. “Se deja asentado que el presente EsIA es sobre un Proyecto Maestro y no para muchos aspectos de potenciales acciones de la fase de Obras o de Usos, no se cuenta con detalles específicos. De las antiguas propiedades o concesiones, aún no se cuenta con información sobre cuáles se preservarán ni cuáles serán demolidas, no se tiene información al detalle de las obras sobre calles, veredas, parques, plazas, volúmenes o espacios a concesionar, más allá de lineamientos generales, ocupación de suelos y el proyecto”, se puede leer en el estudio.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad alertó también sobre la vaguedad en el Plan de Movilidad presentado, que consta de sólo 6 páginas de las cuales dos corresponden a imágenes. También resaltó que esta situación no fue modificada a pesar de haber sido observada en la audiencia pública realizada el 11 de febrero de este año y de la que participaron más de 200 ciudadanos.
Consultado por Canal Abierto, el titular del Observatorio Jonatan Baldivieso planteó que «siempre estuvo el cuestionamiento sobre cómo se realizan los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Pero nunca se había llegado al extremo de que nos convoquen a evaluar un estudio sobre un proyecto que no existe y sobre un master plan que no existe».
Y denunció que «se está violando la Constitución de la ciudad en la que con criterio ambiental establece que la Costanera y todo estos sectores en los cuales se encuentra inmerso el Distrito Joven tienen que ser públicos, gratuitos y de uso común. Pero ahora nos llevamos la sorpresa de que se publicó en el Boletín Oficial la resolución de la Agencia de Protección Ambiental otorgando el permiso ambiental que técnicamente se llama el certificado de aptitud ambiental para que el gobierno pueda avanzar con el proyecto».
Baldivieso subrayó que «está tan mal hecho este proceso de evaluación de impacto ambiental que la Agencia de Protección del APRA tiene que reconocer que va a realizar futuros estudios para cada una de las concesiones porque no existe el proyecto y no se pudo evaluar. Entonces lo que hizo la agencia es habilitar a que se inicien las concesiones pero que a futuro va a haber evaluaciones parciales fragmentada por cada concesión».
«Eso que genera que no podamos tener un análisis global de lo que va a pasar con la Costanera, que son sectores únicos de territorios en la ciudad y que deberían tener una evaluación de impacto ambiental acumulativa, estratégica e integral y que va a terminar teniendo una evaluación fragmentada de porciones de tierra de la costanera y que obviamente como van a ser evaluaciones de ecuaciones pequeñas no nos van a volver a convocar audiencia públicas», agregó el abogado.
El abogado adelantó que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad «hicimos un pedido de información porque hay varios documentos que supuestamente están fundamentando la decisión de la Agencia de Protección Ambiental así que sigo un superior información para que nos permitan copias la documentación para ver cuáles son los fundamentos posteriores a la audiencia que dan sustento al otorgamiento de pensamiento ambiental una vez que tengamos esos documentos vamos a ver si analizamos avanzar en una presentación judicial porque es algo inaudito que nos hayan convocado a analizar un proyecto que no existe».
