Canal Abierto Radio | Por un dictamen de minoría realizado entre Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal y Provincias Unidas para modificar la Ley de Alquileres, agrupaciones de inquilinos e inquilinas realizarán un esta tarde “Valijazo este miércoles a las 18 horas en el Congreso Nacional en contra de lo que denominaron como la “ley de las inmobiliarias”.

La iniciativa de la oposición elaborada en las comisiones de Presupuesto y Legislación General plantea la reducción de los plazos de contratos para volver al período por dos años, además de que el ajuste de precios estará liberado para que sea un acuerdo entre partes sin topes para la actualización y con la posibilidad de que las mismas sean de entre 3 y 12 meses. “Es un proyecto muy regresivo en materia de derechos y que perjudica muchísimo el acceso a la vivienda en alquiler”, remarcó Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, en diálogo con Canal Abierto Radio.

Asimismo, señaló que “esto no sucede desde la dictadura donde no había ningún tipo de parámetros, e incluso el dictamen de JxC retoma algo de ello y es que se puedan pedir por adelantado meses de alquiler cosa que hoy está prohibido pero que fue algo que sucedió en la dictadura con la bicicleta financiera y especulación”.

“Estamos en una situación bastante grave que no se veía hace décadas”, expresó.

Muñoz criticó el inexistente rol del Estado como interventor en el mercado inmobiliario para ser garante del acceso a la vivienda asegurando que “la ley de Alquileres es muy incómoda para muchos en Argentina: para quienes se dedican al negocio inmobiliario y para el Estado que si la hace cumplir se pelea con los grupos económicos”.

“Desde que se votó, no hubo ninguna campaña para difundir los derechos alcanzados en la Ley, ningún tipo de control estatal lo que generó una situación donde el mercado pudo avanzar en una campaña contra la ley, en el incumplimiento sistemático, y en que los y las inquilinas no supieran sobre sus derechos”, indicó.

Según Muñoz, esto se debe a la “relación entre algunos sectores políticos y el mercado” que es “muy estrecha porque se dedican al negocio”. Para el dirigente, esos funcionarios “deberían abstenerse a votar” porque hay “diputados y jueces que tienen ocho, diez, y hasta cincuenta viviendas en alquiler”.

“El acceso a la vivienda era una reivindicación de diferentes sectores y en un momento se abandonó por lo que cada vez hay más inquilinos y menos propietarios. El derecho a la vivienda propia se transformó en el sueño de la vivienda propia y es un sorteo. Esa es toda la política de viviendas que hay en Argentina”, señaló.

En este sentido remarcó que “cuando se conquistó el derecho a la vivienda fue porque el Estado intervino sobre el negocio inmobiliario, no es que construyó casas o que dio créditos hipotecarios sino que la vivienda estaba en pesos, estaban congelados los precios de los alquileres, existía la Cámara de Alquileres, estaba prohibido tener viviendas vacías por más de un mes; hubo una política de Estado muy fuerte de regular el poder económico del negocio de la vivienda transformándolo en un derecho”.

Y refirió a la paradoja de que haya tantos departamentos vacíos y al mismo tiempo tantas personas durmiendo en la calle: “La vivienda está dolarizada, los sectores inmobiliarios construyen en pesos y apenas terminan dolarizan toda la inversión y ya tienen ganancias por lo que no hace falta construir para que lo habiten y por eso la ciudad está en constante construcción, tantos fideicomisos que no se sabe de quiénes son y se desarman a los días. En Rosario el excedente de la soja y narcotráfico va al sector inmobiliario porque te permite blanquear guita muy fácil y te da ganancias en dólares en Argentina. Por eso hay cada vez más viviendas vacías con alquileres más caros en Argentina”, explicó.

“Es la producción de la desigualdad. Cada vez hay menos gente con más propiedades y mucha gente que no va a poder acceder a la vivienda propia ni a los alquileres”, añadió, invitando a las personas a movilizarse “contra la modificación pero también para decirle al Estado que existimos y que tiene que haber políticas públicas para los y las inquilinas”.

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