Redacción Canal Abierto | El marino retirado Roberto Bravo volvió a declarar ayer ante un jurado estadounidense por su participación en la Masacre de Trelew de 1972, en la que La Armada fusiló a los militantes que habían intentado escapar del penal de Rawson una semana antes. El acusado insistió con la versión oficial de los hechos brindada por el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse.
Hasta el día de hoy, Bravo había logrado eludir la acción de la Justicia ya que desde 1973 permanece en Estados Unidos y el primer pedido de extradición de Argentina fue rechazado en 2010.
El Center for Justice Accountability (CJA) -en forma conjunta con los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP- presentó una demanda civil en representación de familiares de cuatro víctimas, con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina. El proceso comenzó en octubre de 2020 y el juicio se inició este lunes 27 de junio, aunque avanza por separado al nuevo pedido de extradición y constituye un reclamo de reparación y de rendición de cuentas.
Ayer -según consigna el reporte del CELS, la organización que acompaña a los familiares en la demanda- recordó haber empezado a trabajar en la Base Naval Almirante Zar en enero de 1972 y que el 15 de agosto, día de la fuga de la Prisión de Rawson, dijo, estaba de vacaciones en Buenos Aires cuando lo llamaron para ordenarle que volviera a la base. A su retorno se le encargó vigilar a los 19 prisioneros. Contó -a contramano de lo que demuestran las pruebas de los juicios realizados en Argentina-, que sus interacciones con ellos fueron mínimas hasta el 22 de agosto, fecha en que, al estar trabajando en documentación, un marinero fue a decirle a las 3 de la madrugada que debía ir a ver a los prisioneros. Según su relato, colocó la pistola al cinto y caminó hasta el bloque de las celdas.
Bravo dibujó ante el jurado las posiciones y atestiguó que, al ingresar, halló a los cabos Marandino y Marchan vigilando a los militantes detenidos. Luego repitió que, como los prisioneros se estaban intentando comunicar entre sí, los hicieron salir y formarse en el pasillo, y en ese momento Mariano Pujadas le robó la pistola al capitán Sosa.
El ex oficial demandado dijo que, supuestamente, vio a Pujadas dispara dos veces y luego de eso supuso que todos los prisioneros se le venían encima. Entonces, según su relato, pensó: “tengo que detenerlos”. Luego, aseguró haberse sentido “anonadado por el hedor a pólvora y humo”. Atestiguó que llamó a guardias y médicos. Cuando todo terminó, fue aislado por días a la espera de una investigación. Sin embargo, los abogados de los familiares de las victimas solicitaron que vuelva a dibujar la escena del crimen y esta vez la posición de los prisioneros antes del fusilamiento fue representada de manera diferente por el acusado. Mientras que en el primer diagrama estaban de frente a los fusiladores, en el segundo se miraban entre ellos, unos con otros. Cuando además le hicieron notar que antes había declarado que Pujadas disparó solo una vez, Bravo exclamó: “¡no me confunda!”
Intentando defender su traslado a Estados Unidos, reconoció que fundó varias empresas que fueron registradas públicamente a su nombre y con su dirección.
Cuando se le preguntó si la investigación y el informe se realizaron bajo el dictador militar Alejandro Agustín Lanusse, Bravo expresó su disgusto con el uso del término “dictador” y señaló que Lanusse fue dictador “solo para la oposición”.
Otras declaraciones
Además el patólogo forense William Anderson explicó que lo tatuado en hollín en la herida del pecho de la víctima Jorge Alejandro Ulla, uno de los asesinados del ERP, solo podía haber sido causado por “contacto directo”. Opinó que los granos de pólvora listados en la autopsia de la víctima Rubén Bonet también coincidían con una herida causada por un disparo a quemarropa.
El jurado también vio la declaración en video de Miguel Marileo, carpintero que hacía ataúdes en Trelew. Él dijo que, pasada la masacre, fue obligado a ir a la base naval en medio de la noche; allí vio en camillas a tres sobrevivientes heridos “gimiendo” y a 16 cadáveres desnudos. Dos cuerpos de mujeres le impresionaron en particular: una, notoriamente embarazada, con heridas de bala de los senos para abajo, y la otra con una sola herida en la nuca. Terminado su trabajo en la prisión, afirmó haber sido amenazado por un militar para que nunca revelara lo visto y para que tuviera en mente que tenía un hijo.
También fue proyectada la declaración del cabo Carlos Marandino, quien recordó que Bravo le ordenó abrir las celdas de la prisión y luego irse. Dijo que cuando volvió, al rato, Bravo le instruyó revisar los cuerpos.
Por último, se le mostró al jurado la declaración de Marcela Santucho. La hija de Ana María Villarreal, víctima de Trelew, y de Mario Roberto Santucho, líder del ERP que logró fugarse de Rawson, explicó que, tras enterarse de la trágica muerte de su madre, su familia se vio expuesta a acoso y secuestro. Habló de una niñez difícil que culminó en el exilio en Suiza.
Día 2-Bravo
En la primera parte de la declaración, el ex marino había brindado detalles que no coinciden con sus declaraciones anteriores como cuáles soldados estaban presentes, quién abrió las puertas de las celdas, cuántos tiros supuestamente disparó un prisionero y la posición de cada soldado cuando comenzó el tiroteo.
El día de ayer Bravo, según se informó, contó que “llegó al bloque de celdas debido a las quejas de un marino no identificado. Sintiéndose incómodo, recogió una ametralladora PAM que uno de los cabos dejó por seguridad. Dijo que su temor surgía de la fuga de la prisión que precipitó los eventos en Trelew y en la cual se dijo que un guardia fue asesinado”.
El marino sostuvo así el guion redactado por la dictadura de Lanusse para justificar la matanza, según el cual una vez que a los militantes se les ordenó salir de sus celdas, uno de ellos se impuso al capitán Sosa, agarró su pistola calibre 45 y disparó dos tiros a los uniformados.
“El Sr. Bravo luego exclamó: “¡Fuego! ¡Fuego!” y vació las 30 a 32 balas de su cargador”, señala la transcripción de su primera declaración.
Después de admitir que había inconsistencias en su narración, Bravo se justificó diciendo que estaba esforzándose al máximo por relatar con precisión los eventos que ocurrieron hace 50 años.
Después de la Masacre de Trelew, la Armada mandó a Bravo como agregado militar a Estados Unidos. Ayer dijo que fue a formarse, aunque también dijo que lo enviaron para que no hubiera “venganza” contra su familia. Llegó a Washington el 15 de mayo de 1973, diez días antes de que asumiera el gobierno Héctor Cámpora. Renunció a la fuerza recién en 1979.
Día 2-Los familiares
También declaró Eduardo Capello, sobrino del militante del PRT-ERP fusilado de igual nombre, e hijo de padre y madre desaparecidos por la última dictadura, quien contó sobre el dolor que persiguió a su familia por las ausencias y el temor con el que atravesó toda su infancia.
Preguntado sobre qué le diría a su tío, Eduardo respondió: “Espero que él esté tan orgulloso de mí como yo estuve de él. Nos tomó 50 años llegar a este punto, pero nunca nos rendimos, y estoy muy seguro de que, después de que concluya este proceso judicial, el mundo será un poco más justo”.
Por su parte, Alicia Krueger, viuda de Rubén “el Indio” Bonet, dirigente del ERP que participó de la histórica conferencia en el Aeropuerto de Trelew, escribió una declaración bajo juramento ya que su salud le impide viajar a Miami. Describió los eventos que siguieron a su arresto como “una pesadilla de confusión, pérdida y miedo”.
Además el jurado escucho la lectura del testimonio de Alberto Camps, uno de los tres sobrevivientes de la masacre, en el hospital después de los eventos de Trelew. Allí, el alto dirigente de Montoneros informó que los prisioneros eran bien tratados por todos los soldados, con una excepción: el teniente Roberto Bravo. Camps se refiere a las amenazas de Bravo, quien con frecuencia dijo que en lugar de alimentar a los prisioneros se los debía fusilar. “Camps anota que el Sr. Bravo obligaba a los prisioneros a quedarse en posiciones de estrés por más de una hora, y explica que, en la noche en cuestión, el Sr. Bravo ordenó a los prisioneros salir de sus celdas y formar filas a ambos lados del pasillo antes de dar la orden de abrir fuego”, dice el texto que escucharon ayer los integrantes del jurado norteamericano.
“Tan pronto empezó la ráfaga, el Sr. Camps dice que se lanzó de vuelta a su celda con su compañero Mario Delfino. El Sr. Bravo los persiguió y les preguntó si iban a mostrar más interés en responder a sus interrogatorios, ambos dijeron que no. El Sr. Camps luego relata que el Sr. Bravo les disparó a quemarropa; mató a Delfino y a él lo hirió de gravedad con un único disparo al estómago. Camps indica que Bravo, satisfecho de que la “amenaza” había sido neutralizada, salió de la celda sin pedir atención médica”, concluye el documento.
Por su parte, en la primera audiencia, el abogado defensor de Bravo busco argumentar que los hechos reclamados se encontraban prescriptos. Arguyó que, como los negocios del demandado cotizan en bolsa, les hubiese sido fácil a los demandantes encontrarlo a partir de la década de los 90, por lo que no tienen excusa para no haber iniciado antes una acción legal. El letrado dijo que podían haber demandado desde 1995 en cortes estadounidenses, pero no lo hicieron; por ende, la fase de prescripción pasó ya.
El juicio civil
El 27 de junio comenzó el juicio civil contra Roberto Guillermo Bravo por su presunta responsabilidad en los fusilamientos. El juicio se desarrolla ante un jurado en una corte federal para el distrito Sur de Florida.
Familiares de cuatro de las diecinueve víctimas demandaron a Bravo por su presunto papel en el fusilamiento del 22 de agosto de 1972. La demanda se basa en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA) y busca la rendición de cuentas y reparación.
En 2012, a 40 años de los hechos, se desarrolló en la Argentina el juicio por la masacre de Trelew ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. El tribunal condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por sus responsabilidades en la masacre. Bravo no pudo ser juzgado. En 1973 fue enviado a Estados Unidos por la Armada. Desde entonces permaneció en Miami y hoy es ciudadano de ese país.
Actualmente se encuentra en trámite otro pedido de extradición a la espera de la decisión del juez federal Edwin Torres.
El equipo legal presentará prueba testimonial y documental del homicidio y tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos. Buscan que Bravo sea considerado legalmente responsable y se le otorguen daños compensatorios y punitivos.
Los fusilamientos
El 15 de agosto de 1972, un grupo de dirigentes revolucionarios de las organizaciones armadas que combatían a la represión logró escaparse del penal de máxima seguridad de la ciudad de Rawson. Los primeros seis dirigentes -Mario Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo del ERP, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Quieto de Montoneros, y Marcos Osatinsky de las FAR- lograron completar el plan de fuga, volar a Chile y luego a Cuba. Otros 19 consiguieron autos demasiado tarde para alejarse de la prisión y llegaron al aeropuerto de Trelew cuando el avión secuestrado estaba despegando. Luego de una conferencia, depusieron las armas y se entregaron.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, estando detenidos en la base aeronaval Almirante Zar, fueron acribillados por integrantes de la Armada Argentina. Dieciséis murieron: Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Cappello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho.
Por su parte, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar sobrevivieron a los disparos y fueron trasladados a un hospital y luego a la prisión de Devoto, donde fueron estrevistados por el poeta Francisco Paco Urondo para su libro La Patria fusilada. Los tres ueron desaparecidos luego por la dictadura que comenzó en 1976.
- Con información de El diario del juicio del CELS
- Foto principal: AP News // Roberto Guillermo Bravo sale de la corte federal el lunes 27 de junio de 2022 en Miami donde es juzgado por su papel en la masacre de presos políticos en 1972. (AP/Lynne Sladky)