Redacción Canal Abierto | Organizaciones sociales realizan un acampe frente a las plantas de las principales empresas productoras y distribuidoras de alimentos del país. La medida busca visibilizar la especulación de dichas firmas a través de la suba desmesurada de precios y el desabastecimiento de mercaderías en las góndolas de los comercios.
De esta manera, las plantas de Bagley en Córdoba, la de Arcor en El Talar, la de Molinos Río de La Plata en Mar del Plata, las de La Serenísima en Misiones y San Juan, la de Molino Cañuelas en Salta, el acceso a la localidad chaqueña de Castelli en la que se encuentra una distribuidora de YPF se encuentran con militantes en sus puertas. Lo mismo ocurre en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, responsable del manejo de las exportaciones de granos.
La medida es convocada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, el MTD Anibal Verón, la Federación de Organizaciones de Base (FOB), el Movimiento de Resistencia Popular y el MTR por la Democracia Directa. Además de la denuncia y visibilización de los abusos que cometen estas empresas concentradas, en el comunicado de convocatoria se advierte que el aumento de precios por parte de estas firmas genera un traspaso de riquezas de los sectores medios y bajos a estos oligopolios.
Y se advierte que en ese contexto “el gobierno nacional, a las puertas de la debacle, busca encandilado cómo cumplir disciplinadamente las metas del FMI, ajustando aún más hacia abajo sin tocar a los de arriba”.
“En menos de un mes, las 20 empresas que monopolizan la comida de los argentinos, cometieron todas las atrocidades posibles: desabastecimiento y aumento de precios en los alimentos, devaluando aún más la capacidad de subsistencia de millones de personas”, se sostiene en el comunicado.
Y se detalla que ARCOR, propiedad de Luis Pagani, aumentó en 24 horas un 20% en todos sus productos. Por su parte, la Aceitera General Deheza, de la familia Urquía, a la que se le atribuye una facturación superior a los 2.700 millones de dólares por año y la Aceitera Bunge incrementaron el precio del aceite comestible en más de $700, situación que combinaron con el desabastecimiento del producto.
“Molinos Cañuelas de Aldo Navilli (el favorecido por el ex secretario de comercio de interior, Roberto Feletti) y Molinos Río de la Plata aumentaron el precio de la harina de trigo en un 10% en una semana. Que responda la Serenísima cuán millonario hay que ser, para comprar un litro de leche al igual de Ledesma y Bagley, que también se enriquecen a costa de nuestra pobreza”, expresa otro tramo del escrito.
“Son ellos los principales empresarios que acrecientan su riqueza, a base del robo inflacionario de la comida, tal como le gusta decir al mismísimo Federico Braun –dueño de la cadena de supermercados La Anónima– ‘remarcamos precios todos los días’, al igual que lo hacen las patronales sojeras y agrarias acopiando en silobolsas esperando al aumento de precios, mientras que nuestro salario sigue en descenso ante el incumplimiento de medidas o la inexistencia de clara sanciones a los especuladores, por parte del gobierno nacional”, se agrega.
También se hace referencia a la criminalización de los movimientos sociales materializada en las últimas semanas en allanamientos a sedes y domicilios particulares de referentes en la provincia y la ciudad de Buenos Aires y en Jujuy. Donde además se descubrió la infiltración por parte de las fuerzas policiales de la provincia que gobierna Gerardo Morales.
Además de la denuncia, las organizaciones llegan a esta jornada con demandas al gobierno nacional: la aplicación inmediata de la ley de abastecimiento, el cese de la persecución y criminalización hacia las organizaciones sociales, la quita del 21% del IVA a todos los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria, aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por arriba de la inflación, la aplicación de sanciones para los especuladores y formadores de precios, la implementación de impuestos progresivos a las grandes empresas y bancos con grandes ganancias usurarias, la aplicación permanente del impuesto a las grandes fortunas. También se plantea el llamado a un paro general por parte de todas las centrales sindicales y la reducción de la jornada laboral a 6 horas sin rebaja salarial.
Un día después de la culminación de los acampes, estas organizaciones volverán a las calles. En este caso confluirán a las 11 de la mañana del jueves 28 en el Obelisco, en el marco de la Jornada de Asambleas convocada por organizaciones como la CTA Autónoma y la UTEP en demanda del Salario Universal, aumento salarial para trabajadores públicos y privados, un aumento de emergencia a jubilados y aguinaldo para beneficiarios de Salario Social Complementario.