Por Diego Leonoff | El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles la firma de un decreto por el cual ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos norte y oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO).

“A nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”, señaló el mandatario sobre los convenios firmados en 2018.

Las sospechas apuntan al rol de los ex funcionarios en la renegociación de los contratos, acusados de haber favorecido a la empresa española Abertis, al momento en que esta era socia de la familia de Mauricio Macri.

La causa hoy está en manos del juez Daniel Rafecas, pero fue en los primeros días de julio que la jueza María Eugenia Capuchetti -la misma que investiga el ataque contra Cristina Kirchner- convalidó la falta de mérito anteriormente dictada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia a favor de los ex ministros Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, así como también para el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. En 2018, todos ellos habían sido procesados por el ex magistrado (hoy jubilado) Rodolfo Canicoba Corral.

Entre otras cosas, la investigación menciona los injustificados aumentos vía dolarización de tarifas, condonación de multas y sanciones, un pago millonario sin justificación técnico-económica, el perjuicio del erario público y negociaciones espurias en el marco de conflictos de intereses. En definitiva, describe el escrito de 161 páginas con que el magistrado procesó a Iguacel y Saravia Frías, un “complejo engranaje de maniobras (…) que a todas luces tuvo como única motivación los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana S.A. en la que el presidente Mauricio Macri y sus familia tenía acciones)”.

Todo comenzó cuando, a poco de asumir, Mauricio Macri -a través de Dietrich- le reconoció una deuda de 499 millones de dólares a las concesionarias por supuestas inversiones no realizadas por el Estado. El argumento para acceder al pago de la exorbitante cifra era que de esa manera la controlante de las firmas, la española Abertis, levantaría una demanda contra la Argentina que había iniciado ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial, incluso antes de cualquier instancia judicial en territorio nacional.

Por ese motivo, concluía entonces Canicoba Corral, “los funcionarios no obraron en defensa de las arcas del Estado” al entender que dichas maniobras estuvieron “destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios”.

En diálogo con Canal Abierto, la hoy asesora jurídica del Ministerio de Obras Públicas y por aquellos años a cargo de la División de Concesión de Obras y Servicios Públicos de Vialidad Nacional, Julieta Ripoli, explicó que “las empresas sabían que uno de sus socios tenía muchas chances de asumir la presidencia, una situación que podía potenciar sus beneficios. Esto se evidencia cuando uno coteja el fuerte aumento en el valor de las acciones de Ausol”.

Los activos de la concesionaria valían cuatro pesos en enero de 2015. Un año después, cuando asumió Macri, la acción trepó a 14,50. Luego aumentó la tarifa de peajes entre un 200 y 270 por ciento y la acción llegó a 75,50. En ese momento, Socma vendió el 7% que tenía de participación a un valor de 19,7 millones de dólares. “En teoría, el valor debía ir en descenso ya que por esos años se vencía la concesión y, en definitiva, era el fín mismo de la empresa; pero sucedió todo lo contrario”, afirmó Rípoli.

El 7 de diciembre de 2015 -tres días antes de la asunción presidencial- Abertis, socia principal y controlante extranjera de Ausol, presentó un reclamo millonario ante el Ciadi. El 17 de diciembre el organismo recibió la denuncia formalmente. “Ni bien asume Dietrich sale a decir que se renegociaban los contratos porque se estaba tramitando una demanda de la empresa Abertis ante el tribunal arbitral del Banco Mundial que supuestamente nos iba a salir una fortuna a los argentinos, algo poco probable siendo que aún no se había agotado la vía judicial en Argentina”, detalló la abogada. La simulación consistió en presentar aquel reclamo internacional por 1.100 millones de dólares, en una renegociación por la cual el erario público terminó poniendo unos 500 millones.

El hasta entonces procurador del Tesoro de la Nación y encargado de velar por los intereses del Estado, Carlos Balbin ensayó una fuerte defensa que terminaría costándole el cargo. “Como sucedió con el sector energético, los parques eólicos, con los tarifazos o el Correo Argentino, la política del macrismo fue sacar del medio a los funcionarios que cuestionábamos sus negociados”, apuntó quien fuera desplazada de su cargo en la era Cambiemos y reincorporada por el Frente de Todos. En aquel entonces, el Gobierno decidió reemplazar a Balbin -reconocido jurista en materia de derecho administrativo- por Bernardo Saravia Frías, ex abogado de la familia Macri.

La venta de las acciones por parte de la familia Macri se dio en paralelo al acuerdo de renegociación de los contratos de los accesos norte y oeste. A cambio de esto último, y el pago de la supuesta deuda millonaria, es que Abertis decide retirar la demanda ante el CIADI. “La realidad es que las empresas también tenían deudas millonarias con el Estado por obras que no ejecutaron y estaban incluidas en los contratos. Ausol, de hecho, estaba siendo investigada por sospechas de defraudación al Estado y fuga de capitales”, cuenta la abogado y testigo en la causa que compromete al ex Presidente y sus funcionarios.

“Macri está en el centro de la cuestión desde el día en que asumió la presidencia de la Nación, siendo accionista de una concesionaria a la que su ministro extendió sin licitación un contrato con múltiples beneficios y tarifas dolarizadas que si hubieran seguido como estaban, al día de hoy el peaje rondaría los 1.800 pesos”, detalla Ripoli. “La maniobra estuvo repleta de pequeñas simulaciones para defraudar al Estado”.

Las maniobras de las que Julieta fue testigo directa incluyeron la instauración de un “estado de terror dentro de Vialidad” con persecución ideológica y despidos de quienes podían llegar a oponerse al gran negociado. Entre ellas, la propia Ripoli, funcionaria del organismo desde 2004 y cesanteada en 2018 injustamente y sin sumario administrativo previo.

“Coparon el organismo con dos objetivos claros: beneficiarse con negociados de corrupción y perseguir a quienes consideraban kirchneristas”, apuntó la abogada recibida en la UBA, quien luego de  ingresar como pasante a sus 19 años hizo una carrera que la llevó hasta a la jefatura de la División de Concesión de Obras y Servicios Públicos, puesto clave para el lineamiento de los contratos. “Eso incluye el armado de la conocida como Causa Vialidad, contra Cristina Fernández”.

Tras haber participado en las primeras reuniones de renegociación de las concesiones de Ausol (Acceso Norte) y GCO (Acceso Oeste), Ripoli fue despedida sin informe legal ni el sumario interno correspondiente. “Yo veía todo, cómo los representantes y abogados de las empresas coparon el organismo desde el primer día, con mesas y directorios ad hoc que delineaban las políticas de forma paralela e ilegal. Fue todo tan burdo que pusieron a Ricardo Stodart, quien había trabajado en el estudio que representaba a las empresas, como nuevo titular de Jurídicos de Vialidad: estaba renegociando el contrato en nombre del Estado con sus ex colegas”.

“El curso natural de aquellos contratos otorgados en 1994, y con vencimientos en 2018 y 2020, era dejarlos vencer y volver a llamar a licitación o que el Estado volviera a hacerse cargo de las concesiones”, señaló. “Este caso demuestra una dinámica sobre cómo la gestión anterior entendía y manejaba la cosa pública, con funcionarios a ambos lados del mostrador”.

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Entrevista: Diego Leonoff 

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