Por Néstor Espósito | La República está a salvo. Los 134 diputados que votaron en contra de que jueces, fiscales, funcionarios y trabajadores judiciales pagaran el Impuesto a las Ganancias garantizaron la salud institucional y, sobre todo, preservaron a la institución Poder Judicial del atropello de la política. Un sector que claramente no comprende lo que es vivir dentro de la ley pretendía que por ganar más (mucho, mucho más) de 333 mil pesos por mes, esos judiciales debieran descontar dinero por un tributo que sí tienen que pagar el resto de los trabajadores con esos ingresos.
La Argentina, gracias a esa corajuda decisión de 134 diputados que honran el principio constitucional de la “igualdad ante la ley”, es hoy un país más confiable, más creíble, con un futuro esperanzador. Se respetaron las instituciones y, por sobre todas las cosas, la independencia del Poder Judicial. En medio de tanta crisis, de tanta pobreza, de tanta indigencia, quedaron sentadas las bases de la prosperidad futura. Nada se construye a partir de la vocación de un grupo de malvados que pretenden atentar contra la independencia de los jueces cobrándoles el mismo impuesto que pagan el resto de los ciudadanos.
Cómo será de justo lo decidido que hasta el sector más progresista del Poder Judicial, agrupado en la Lista Celeste (una de las tres que habitualmente compiten por la conducción de la Asociación de Magistrados) estuvo de acuerdo en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero los judiciales son un poco menos iguales que el resto. Ese sector, que a menudo es asociado con el kirchnerismo y muestra una mirada crítica sobre el funcionamiento de la Justicia, coincidió por una vez con los más conservadores. Nada hay más trasversal y cierragrietas que la defensa corporativa de los bolsillos desde una posición de poder.
La diputada kirchnerista Vanesa Siley también votó en contra de que los judiciales paguen Ganancias. En su caso, fue la impulsora del SITRAJU, un gremio que representa a trabajadores judiciales y al que también se le atribuyen simpatías y devociones hacia la figura de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Esa representación sindical y la postura asumida en el Congreso son indicativas de una forma de sentir y de autopercibirse del micro mundo judicial. Si Siley hubiera votado de acuerdo a lo que proponía su colega, también kirchnerista, Marcelo Casaretto –impulsor del proyecto para el pago de Ganancias de los judiciales- probablemente el SITRAJU habría quedado reducido a menos que un sello de goma.
Además, esa pérdida de fuerza en la representación sindical le habría sido funcional al histórico líder del gremio de los judiciales UEJN, Julio Piumato, quien también es peronista pero se opuso a un artículo del proyecto de Presupuesto Nacional de un gobierno peronista.
De ninguna manera se trató de una postura corporativa, ni de una defensa ciertamente egoísta de un privilegio. Tampoco hubo acciones de lobby, ni mucho menos intromisiones de un poder, el Judicial, sobre otro, el Legislativo.
Nadie podría interpretar que los llamados telefónicos y mensajes de Whatsapp de jueces a legisladores para convencerlos de rechazar la propuesta de Casaretto fue una intromisión de un poder con poder sobre otro que tiene como única fuerza la representación popular manifestada en decenas de miles de votos.
No son presiones; presionar, sólo presionan los políticos a los jueces. Nunca al revés.
De lo que se trató, y esto debe quedar claro para el goce sanitario institucional, es de la férrea defensa de la Constitución Nacional, que claramente expone que los sueldos de los jueces son intangibles. Si a un funcionario judicial se le cobra un impuesto, cobra menos, entonces su salario se vuelve “tangible”. Y ese recorte claramente afecta a su independencia. Un simple silogismo permite deducir que un juez que paga impuestos es menos independiente.
Por ejemplo, los jueces que juraron en sus cargos desde 2017 en adelante sí pagan Ganancias, porque así lo dispuso una normativa adoptada en esa época. Esos jueces, según aquel silogismo, son menos independientes que los que no pagan el tributo. Pero como por ahora son poquitos y ninguno desayuna té de bronce como sus colegas más antiguos, no pasa nada. ¿O acaso alguien podría sugerir que se viola el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”?
Se trata, valga la repetición, de preservar la independencia judicial. Esa independencia que no se ve afectada cuando jueces y fiscales se reúnen a escondidas con presidentes, ministros y funcionarios y después emiten fallos independientes que los benefician. Se trata, claro está, de independientes actos de justicia emitidos por jueces independientes.
Tampoco se afecta la independencia cuando otros magistrados comparten actividades deportivas a modo recreativo y de preservación de la salud (que tan necesario resulta que la conserven para seguir prestando relevantes servicios a la patria). Cuando se sacan los pantaloncitos cortos, se dan una ducha, se calzan el traje y la corbata y se van a juzgar –independientemente- a los enemigos políticos del anfitrión deportivo.
La independencia judicial tampoco está en jaque cuando un juez que antes fue abogado de grandes y poderosas empresas decide intervenir, ahora como juez, en causas judiciales en las que están afectados intereses de esas mismas empresas que antes representó. Ni, menos aún, cuando permanecen en sus cargos cuando la propia cabeza del Poder Judicial haya dicho que nunca debieron estar en esos cargos.
La independencia judicial está a salvo de cualquier sospecha de lawfare. La protección judicial al espionaje ilegal es una forma de garantizar que si no se puede hacer justicia legalmente, la trampa también es tolerable cuando el fin lo justifica. Después de todo, Torquemada no era tan turro. Y aunque no se pueda demostrar científicamente, todos saben que hay cosas que no existen, “pero que las hay, las hay”.
Tan preocupados están los magistrados por las cuestiones institucionales que le pidieron a la vicepresidenta, a quien están juzgando y proponen encarcelar a cada rato, que los recibiera para explicarle cuán peligroso es para la salud democrática el cobro de un impuesto a funcionarios que ganan no menos de un millón de pesos por mes, y algunos mucho más que eso. Pero cuando tuvieron la certeza de que eso no pasaría, deshicieron la reunión que ellos mismos habían pedido. Fue una actitud valiente, para preservar la independencia judicial respecto de una dirigente política que tiene muchos procesamientos encima y debe rendir cuentas ante… los jueces que querían verla para explicarle “cuán peligroso es para la salud democrática el cobro de un impuesto a funcionarios” de tribunales.
Gracias a esos 134 patriotas -que doblegaron en el Congreso a 116 desestabilizadores de la paz social-, la República está a salvo.
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Néstor Espósito: @nestoresposito
Ilustración: Marcelo Spotti