Canal Abierto Radio | El caso de los 29 trabajadores despedidos por la Pyme Lácteos Vidal, de Villa Devoto, tomó un giro inesperado con la presentación de una alianza de abogados laboralistas de CGT, CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 69 para ser admitidos como amicus curiae (amigos del tribunal). Buscan ser parte de la discusión sobre el conflicto que desde el 18 de julio mantiene la Asociación de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) con la empresa, que denunció pérdidas millonarias debido a las manifestaciones en las puertas de la misma.
“Los despidos fueron como consecuencia de la huelga, una represalia: se los despide a causa de la medida legítima de acción sindical”, sostuvo Horacio Meguira, abogado laboralista de la CTA Autónoma y amicus curiae en dicha causa, en comunicación con Canal Abierto Radio. “Vienen por el derecho a huelga”, aseguró
Asimismo, destacó la importancia de participar en este “caso testigo” porque se trata de “una de las tantas causas que se están abriendo” con el fin de penalizar la huelga. Estos intentos de criminalización, aseguró, “fueron iniciados por un movimiento de empresas contra el bloqueo presidido por la abogada Florencia Arietto, con presentaciones y querellas que apuntan a que al estar bloqueando el ingreso de otros trabajadores o empleadores, se trataía de un delito de bloqueos extorsivos”, indicó.
A su vez, el letrado explicó que “esta causa se ha constituido como una causa testigo porque justamente 53 abogados de la más diversa formación ideológica se presentaron para debatir al respecto, sentando un precedente con esta causa que está a cargo del Juez José Ignacio Ramonet”. Cabe señalar que el magistrado ordenó a la Pyme reincorporar a los trabajadores despedidos, sin embargo esa resolución no fue cumplida.
“Quieren convertir una acción legítima en un delito”, aseguró Meguira, y agregó que se trata de “una persecución y criminalización de gran magnitud”. Por ello, se dejaron de lado las “diferencias” en cuanto “a la construcción de un modelo sindical” para poder actuar en conjunto a través del Foro de Abogados y Abogadas de organizaciones sindicales para “la defensa de la organización sindical, la defensa de la huelga y de la negociación colectiva”. “Una experiencia de tener ciertos acuerdos en la diversidad con objetivos claros sobre derechos elementales que están siendo cuestionados sistemáticamente”, expresó.
“No se puede responsabilizar a un sujeto por conductas que no son propias, y eso es lo que se está juzgando en muchas causas donde esta mujer (Arietto) es parte. Y se está modificando culturalmente el discurso porque tradicionalmente la justicia penal no se metía en temas relacionados a huelgas por entender que las reglas que juegan en esos conflictos son ajenas al derecho penal”, remarcó el abogado de la CTA-Autónoma.
“Sin embargo, a partir de distintas influencias que son evidentes y de público conocimiento por los partidos que representan estos intereses lo que hacen es presionar a los jueces para que se juzgue el delito de extorsión”, denunció Meguira advirtiendo que si se toma a “la huelga como delito de extorsión estamos volviendo dos siglos para atrás, lo que es muy peligroso porque es una campaña sistemática que intenta posicionar al empleador como víctima y al trabajador activo como victimario invirtiendo los roles”.
Solidaridad obrera
Una delegación de la CTA Autónoma encabezada por su secretario general, Hugo Godoy, visitó el acampe en Moctezuma, municipio de Carlos Casares, Buenos Aires. “Las empresas deben terminar con su actitudes de abuso de poder y de incumplimiento de la justicia, porque el derecho de los trabajadores no se negocia”, apuntó el referente gremial.