Redacción Canal Abierto | En 1992, el gobierno de la “revolución productiva” otorgó en concesión por treinta años uno de los elevadores de granos del Puerto de Quequén, Necochea, que originariamente estaba en manos de la Junta Nacional de Granos –disuelta un año antes por decreto de Domingo Cavallo–, a la firma Terminal Quequén S.A. Este noviembre vence ese plazo y un grupo de vecinos y militantes de la ciudad constituyeron la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén y proponen la estatización del mismo.
En 1994, luego de esta privatización, una de tantas del desguace del Estado encarado por la administración menemista, los puertos pasaron de la Nación a las provincias y se creó el Consorcio de Puerto Quequén integrado por representantes del estado provincial, de los gremios, de los armadores y de las cerealeras, que a la sazón son las que manejan el puerto.
Miguel Angel Bayón, quien fuera funcionario en la municipalidad de Necochea –desde 1983, director de Obras Públicas, y, de 1986 a 1991, subsecretario de Planeamiento Desarrollo e Industrias– es uno de los referentes de la Asamblea. “Disuelta la Junta Nacional de Granos en 1991, lo que eran las instalaciones de la Junta en Quequén, fueron concesionadas a Terminal Quequén que es un consorcio de empresas exportadoras”, explica el arquitecto en diálogo con Canal Abierto. El control de la misma está en manos de Glencore S.A. (Viterra), Cofco S.A., Bunge S.A. y las compañías locales Curcija S.A., Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Centro de Acopiadores de Cereales de Necochea y la Sociedad Rural.
“En 1994, Menem provincializó los puertos con lo cual desmembró más toda la estructura portuaria nacional. Además de permitir la aparición de un montón de puertos privados en el Paraná, descuartizó los puertos estatales. A la vez, creó los consorcios de gestión que son los que administran los puertos, lo que nosotros denunciamos como una privatización encubierta. El gobernador tiene la potestad de nombrar al presidente del consorcio pero en el directorio, de nueve miembros, siempre tienen mayoría las exportadoras. Hay dos representantes gremiales, uno por la municipalidad, pero siempre terminan imponiendo su política las cerealeras. Con su poder económico terminan comprando todas las voluntades. Objetivamente están de los dos lados del mostrador, se quedaron con las terminales de carga y también administran el puerto”, narra Bayón.
¿Por qué a las cerealeras les interesa quedarse con las terminales?
-No es por el servicio de la elevación y la carga de los cereales en los barcos; por eso cobran la tarifa que es importante, pero es un negocio relativamente chico. El negocio de ellos está en que de esa forma impiden al Estado, al no ser el operador de las cargas, mucha capacidad de control. Entonces, les permite mentir respecto de las calidades, las cantidades y los precios de lo que exportan.
Con el manejo de las terminales ocultan las calidades y las cantidades, entonces declaran valores menores. El Estado tiene cierta capacidad de control, pero siempre es como ir a controlar a un negocio ajeno, vos vas a hacer muestreos de inspección, pero, una vez que se va la inspección, ellos terminan haciendo lo que quieren. Eso les permite subfacturar y evadir impuestos a las ganancias, por un lado, y por otro, fugar divisas.
¿Cómo es el proceso de fuga?
-Ellos declaran al fisco, por ejemplo, que exportan por un valor 100 en función de describir que se trata de un cereal con una calidad menor. Declaran que exportaron por ese valor a su filial que puede estar en cualquier paraíso fiscal, sea Uruguay, Panamá, Islas Caimán. Después, la filial extranjera le factura al destinatario final por el valor real, digamos de 130. Esos 30 dólares son fugados, no vienen nunca más.
Otra maniobra que realizan las cerealeras multinacionales es retrasar las entregas pactadas en los contratos con las filiales extranjeras o con empresas fantasma que no son más que un escritorio y una computadora. Se originan expresamente retrasos, o se hacen figurar retrasos, y la empresa que está en Uruguay o en Panamá le cobra una multa a la filial argentina. Entonces la filial local aparece como que tiene menos beneficios y que tuvo que girar dólares. Entonces, el valor de 100 del ejemplo ya puede ser 95 o 90.
Otra jugarreta que hacen es hacer figurar falsos préstamos de la central, que puede estar en Estados Unidos o en Luxemburgo, a la filial argentina que ésta paga en cuotas. Así tienen una vía legal para seguir fugando dólares.
¿Qué plantean desde la Asamblea?
–Estamos planteando que esa terminal vuelva al Estado provincial al vencerse la concesión. No es todo el puerto, pero desde esa terminal se exporta el 40% de lo que sale del puerto Quequén. La idea es que el Estado establezca una empresa testigo que va a tener la justa valoración de lo que se exporta por este puerto y va a hacer que las otras dos terminales, que exportan el 60% restante, se sientan controladas y eso transparentará el comercio en Puerto Quequén.
También serviría como un puerto testigo para el resto de los puertos nacionales, por eso es que las multinacionales tienen pánico de que el Estado establezca una empresa testigo.
Argentina produce, las que exportan son las multinacionales extranjeras. Argentina entregó el negocio de la exportación, entregó los puertos y entregó la flota naviera, lo que hizo el menemismo fue un descuartizamiento brutal.
Tuvieron una reunión con el gobernador (Axel) Kicillof, ¿qué resultados tuvieron?
-La parte positiva es que nos recibió. Nosotros le habíamos pedido varias veces audiencia al presidente del consorcio –Jorge Álvaro– que supuestamente es un compañero, para poder transmitirle nuestra propuesta y no nos recibió. Hace un año que le pedimos audiencia.
Ahora, aprovechamos que venía Kicillof a inaugurar una escuela, y planteamos hacer una caravana para alcanzarle la propuesta; se ve que eso destrabó la reunión. Nos recibió y le hicimos llegar nuestra propuesta y se ve que la conocía. Nos aseguró que la situación así como está actualmente no va a seguir: porque estas empresas en el 2002, con la caída de la convertibilidad, consiguieron con un fallo de la justicia pesificar el canon que antes pagaban en dólares, ellos sus servicios los cobran en dólares. Nosotros calculamos que pagan un 40% de lo que deberían estar pagando.
Kicillof nos aseguró que no se iba a renovar la concesión automáticamente pero que se llamará a una nueva licitación, con un nuevo canon y una compulsa. Eso no es conformar una empresa testigo. Nosotros lo que planteamos es que la provincia tiene que tomar las instalaciones y organizar una empresa exportadora.
Kicillof nos dijo que tenía sus dudas respecto al éxito de ese emprendimiento. Lo que vamos a hacer ahora es agregar más elementos para que no tenga dudas.
El Estado tiene recursos. Por ejemplo, YPF Agro entrega sus productos lubricantes, combustibles y servicios agropecuarios haciendo canje con los chacareros a cambio de granos. Hace esa operación con el 70% de las parcelas, ponele que pueda negociar con un tercio del total de la producción. Ahí ya tenés el recurso que es el grano. También tenés el Banco Provincia, el Banco Nación que dan créditos y el crédito se podría cobrar en granos. Para conseguir los clientes tenemos ciento y pico de embajadas con agregado comerciales, todo el Estado nacional puede hacer acuerdos con distintos países. Si vos tomas las instalaciones, como Estado tenés tiempo para organizar una empresa testigo.
Las exportaciones granarias de Argentina rondan los 60 mil millones de dólares anuales. Si a vos te evaden el 30% estamos perdiendo unos 18.000 millones de dólares por año. En tres años se podría pagar toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los dólares se podrían destinar al desarrollo industrial. En tres años se podría solucionar el problema financiero que ahoga al Estado.
[mks_toggle title=»Convocatoria patriótica por la Soberanía» state=»open»]
La Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del Río Paraná y el Canal Magdalena –integrada por Néstor Piccone, Luciano Orellano, Carlos Del Frade, Pedro Peretti, Oscar Verón, Horacio Tettamanti, Julio César Urien y Mempo Giardinelli, entre otros– acaba de incorporar entre sus consignas y propuestas la recuperación del puerto de Quequén.
Este 18 de noviembre, la coordinadora convoca a ocupar las plazas de todo el país, a partir de las 17 horas con la consigna de que la Soberanía no se negocia ni se olvida.[/mks_toggle]
La importancia del puerto de Quequén
El puerto de Quequén tiene una importancia muy grande. De la zona núcleo, en Rosario, Santa Fe, por el Paraná salen un 70% de las exportaciones granarias del país. El otro 30 está repartido en partes iguales entre el puerto de Necochea y el de Bahía.
El puerto de Quequén, por estar al centro de la pampa bonaerense, tiene menos gastos de transporte y por su ubicación estratégica tiene llegada desde el norte, el sur y el oeste, al contrario del de Bahía, que hacia el sur ya no tiene producción.
Por otro lado, es un puerto de aguas profundas. Tiene un calado de 50 pies, cuando el Paraná tiene un calado máximo de 34 pies. Lo que hacen los buques es cargar en el Paraná y completar la carga en Quequén, no pueden cruzar el océano con media carga, sería antieconómico.
Otro inconveniente del puerto de Bahía Blanca es que para ingresar hay que recorrer una ría de 110 kilómetros que debe hacerse con prácticos locales e incluso, como a veces no lo pueden concluir en un día, deben hacer noche en un fondeadero en la ría. Por todos estos motivos, el puerto de Quequén es el más económico del país.
[mks_toggle title=»Chau Macri» state=»open»]En el año 1990, Mauricio Macri en representación de Sideco Americana intentó quedarse con el puerto de Quequén por 50 años. La empresa proponía una concesión por cinco décadas a cambio de un plan de obras de las cuales la mayoría ya estaban hechas y las más importantes, que eran las verdaderamente necesarias –llevar el canal de acceso a una profundidad de 50 pies y extender la escollera que protege el ingreso de barcos– quedaban para una segunda etapa y en función de la proyección que tuviera el mercado internacional de granos. Bayón, entonces presidente de la Comisión Municipal de Defensa y Desarrollo de Puerto Quequén, se puso al frente de una campaña para desalojar al empresario y su propuesta engañosa. Estos hechos los puso en letra impresa en su libro en su libro Puerto Quequén, la batalla perdida de Mauricio Macri, editado en 2016.
Entre otras alternativas de la lucha contra la privatización, Bayón y otros integrantes de la Comisión lograron sumar el apoyo del grupo de diputados peronistas díscolos con el menemismo, el Grupo de los Ocho, compuesto por “Chacho” Álvarez, Germán Abdala, Juan Pablo Cafiero, Darío Alessandro, Luis Brunati, Franco Caviglia, Moisés Fontela y José “Conde” Ramos.
Con el apoyo del Grupo de los Ocho se consiguió organizar una reunión de la Comisión necochense con la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y que el Ejecutivo suspenda la concesión del Puerto de Quequén a Sideco Americana hasta que se expidiera la Comisión Bicameral de Seguimiento de Reformas del Estado. Esta convocó a una Audiencia Pública en Necochea el 15 de mayo de 1990. El dictamen de la Bicameral puso fin a la aventura portuaria del pirata que imita a Freddie Mercury. La rebelión popular duró muchos meses y consiguió abortar la privatización que Menem concretaría dos años más tarde.[/mks_toggle]