Redacción Canal Abierto | El juicio político en el Congreso de la Nación contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema divide aguas, incluso al interior del empresariado argentino.
La semana pasada unos 500 empresarios de grandes grupos económicos concentrados y profesionales de los estudios jurídicos que los representan expresaron su rechazo al proceso, al que calificaron como “un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”.
Lo hicieron a través de una carta pública que rubricaron figuras como Enrique Cristofani (Banco Santander), Roberto Murchinson (Grupo Murchinson), Gerardo Cartellone (Grupo Cartelone), Luis Bameule (Asociación Empresarial Argentina, AEA), Juan Vaquer (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE), Santiago Mignone (tesorero del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA), Nicolás Braun (La Anónima), Luis Bameule (ex Quickfood), Lisandro Bril (Axia Ventures), Javier Goñi (Ledesma) y Alejandro Elztain (CRESUD), además de integrantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Por otro lado, en una conferencia de prensa realizada este martes 31 de enero, movimientos sociales, políticas y gremiales ratificaron la movilización de este 1 de febrero por la “democratización del Poder Judicial” y en respaldo al juicio político contra los cortesanos. Allí, los referentes de las principales organizaciones convocantes -CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), la CGT, la CCC y la APDH- cuestionaron el posicionamiento de las cámaras patronales. “Había que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, apuntaron.
La participación de empresarios en la mencionada comparecencia ante los medios evidencia que no es unánime el abroquelamiento del sector detrás de esta Corte, tal como quisieron presentar varios medios hegemónicos en las últimas horas. Allí estaba, entre otros, José Cudina, de la Asociación de Empresarios Nacionales.
Días atrás también se pronunciaron en la misma línea representantes de pequeñas y medianas empresas, de sectores productivos y de servicios y profesionales de diferentes puntos del país.
En una carta remitida a la Cámara de Diputados afirmaron que “el respeto de la división de poderes no puede ser sinónimo de privilegio” y dijeron que “en países con instituciones democráticas funcionando, el Poder Judicial no goza de inmunidad e impunidades distintivas de privilegios y conductas”.
La nota está firmada por representantes de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), del Instituto Argentina para el Desarrollo Económico (IADE), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Confederación General de la Producción (CGP), la Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, entre otros.
“En tal sentido, la solicitud de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, se enmarca en lo preceptuado por el art. 53 de la Constitución Nacional (CN), siendo su denuncia y pedido de promoción una facultad de todo habitante de la Nación Argentina, y un deber para todo funcionario público frente a hipótesis de mal desempeño o posible comisión de delitos en el ejercicio de la función pública”, advirtieron en el texto.
Asimismo, subrayaron que “no es posible por lo tanto argumentar, sin responsabilidad ni fundamentos, que la impunidad de jueces es imprescindible para que exista y se mantenga la actividad privada y la creación de empleo” que es el “único camino para reducir la pobreza”.
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