Por Gladys Stagno | Un informe de la Auditoría General de la Ciudad detalló que, durante la pandemia, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta compró insumos médicos con sobreprecios y a empresas no habilitadas.
Se trata de barbijos, camisolines y demás productos necesarios para los hospitales porteños que normalmente se compran vía licitación pero de marzo a diciembre de 2020, emergencia mediante, fueron adquiridos por compra directa.
El informe ejecutivo que data de agosto de 2022 pero fue publicado recientemente, señala que hubo al menos tres situaciones irregulares que impactan sobre el erario público y que no podrían explicarse ni por la emergencia ni por el error involuntario.
“Hay tres compras sucesivas de barbijos, en los que fue aumentando el precio. La primera compra fue a la firma CINMOR S.R.L., donde se compran barbijos a $35 cada uno. Después, cuando le van a comprar de vuelta, CINMOR dice que no vende de manera directa, que le compren a un distribuidor, que se llama Roitz S.A., que nos vende los barbijos a $68, es decir un 94,29% más caro, casi el doble de lo que habíamos pagado antes”, explica Lisandro Teszkiewicz, uno de los auditores, en diálogo con Canal Abierto. En el segundo expediente tampoco figura que hubo una compra anterior con un precio más bajo.
La Auditoría también detalla que hubo una tercera compra a Roitz a $71 por barbijo, es decir un 104% más de lo que se había pagado la primera vez.
“Por otro lado, en ninguno de esos tres expedientes se ingresan los precios de referencia antes de la compra, que es lo que indica la normativa de la Ciudad cuando se compra de forma directa, en casos de emergencia, para saber si los precios son razonables. En la primera no se ingresan nunca y en las otras se ingresan luego de que ya se había ejecutado el 60% del contrato”, agrega Teszkiewicz.
Comprarles a los amigos
La siguiente irregularidad que surgió en la auditoría tiene que ver con los proveedores. “En las dos compras que se le hacen a Roitz, cuando se va a verificar el expediente, se ve allí mismo que el Área de Compras del gobierno porteño denuncia que esa empresa está inhabilitada para operar con la Ciudad, porque tiene la documentación desactualizada en el registro de proveedores. CINMOR, que nos vendía a $35, sí estaba habilitada, pero dejamos de comprarle para comprarle a Roitz, que no está habilitada y nos vende a más del doble. No se entiende por qué”, analiza el auditor.
En el mismo sentido, el informe también detalla que en el 16,77% de los casos de compras directas durante la pandemia —4 de 24 productos—, había licitaciones públicas de contratación con orden de compra abierta, firmada antes del estallido de COVID-19, que incluía esos productos y estaban vigentes a precios muy menores.
Finalmente, la situación más escandalosa aparece en las compras directas de insumos médicos realizadas a EZAY S.R.L.. “Esa sociedad tiene como objeto el ‘asesoramiento técnico en cambio de marca’, pero la Ciudad le compró insumos médicos. En el propio expediente de la contratación directa el Área de Legales dice: ‘se deja constancia de que la empresa no posea habilitación como distribuidor de productos médicos’ —precisa Teszkiewicz—. No cualquiera puede vender insumos médicos, hay una cantidad de normativas que hay que cumplir, pero la Ciudad se los compró a una consultora de imagen y marca sabiendo que no cumplía con esas normativas”.
Lo que infiere Teszkiewicz es que “un montón de amigos del Larretismo que tienen empresas, y tenían dólares frescos para invertir, salieron al mercado y compraron los insumos que la Ciudad necesitaba para comprárselos a ellos”.
“La concepción del Larretismo de ‘donde hay una necesidad, nace un negocio’ fue llevada al extremo en las compras durante la pandemia. Todo lo que el Estado necesitaba para ellos fue pasible de hacer un negocio con sus amigos del sector privado. Así fue cómo hicieron compras directas amañadas, cómo fraguaron precios, y cómo le compraron insumos médicos a empresas que se dedicaban a otra cosa”, asegura.
Un sistema discrecional
El informe es, en realidad, un botón de muestra de una situación mucho más grave, millonaria y de larga data.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) existe un sistema de control de fondos públicos que desde la Auditoría califican como “complejo”, aunque una descripción más precisa sería “discrecional”. El mismo data de 1992, y fue elaborado como parte de los compromisos asumidos por el entonces presidente Carlos Saúl Menem con el FMI durante el Plan Brady. Actualmente, sólo se asemeja al de la Nación y la provincia de Salta.
En la práctica, esto significa que mientras el resto de las provincias comparten el sistema de control por tribunales de cuenta, el de CABA está partido.
De forma simplificada, en el resto de las provincias las compras que superan determinados montos deben ser autorizadas primero por el Tribunal de Cuentas provincial. “Se trata de un control previo, pero también realizan un control posterior con capacidad jurisdiccional. En éste, el Tribunal hace un juicio de responsabilidad sobre los funcionarios intervinientes en el gasto, y si estos hicieron una contratación irregular el propio Tribunal lo sanciona”, explica Teszkiewicz.
Por el contrario, en la Ciudad hay varios organismos involucrados —la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (Sigeba), la Procuración, la Auditoría General—, pero ninguno con poder de control previo ni sanción posterior.
“Los funcionarios porteños no necesitan autorización de ningún organismo para realizar una compra, sólo a la Procuración General de la Ciudad cuando superan determinado monto, que la lleva Gabriel María Astarloa, que fue director general de Concesiones durante el gobierno de Mauricio Macri. Antes era el que firmaba los contratos, ahora es el que controla que los contratos que se firman se firmen bien —agrega el auditor—. La Sigeba puede, en cualquier momento, pedir ver un expediente y opinar, pero no hay dictamen ni obligatorio ni vinculante, y es liderada por Mónica Freda, funcionaria nombrada por el propio Larreta”.
Finalmente, la Auditoría funciona como control externo, posterior y por muestreo, y sólo puede generar observaciones. Por añadidura, decide qué auditar por una planificación que debe aprobar un colegio de auditores donde el oficialismo tiene cinco miembros (dos del PRO, dos de la UCR, uno de la CC) sobre siete.
“Eso hace que en los últimos años se haya auditado menos del 10% del presupuesto de la Ciudad. Al 90% del presupuesto nadie lo controla”, asegura el auditor.
Si hablamos de números, en 2022, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires ascendió a $964.614.572.005, aproximadamente $313.000 por habitante. Para 2023 ese presupuesto subió a 2,154 billones de pesos ($2.154.000.000.000), casi $700.000 por habitante.
“La Ciudad de Buenos Aires tiene más presupuesto por habitante en euros que Madrid, más presupuesto por metro cuadrado que París o Barcelona, más presupuesto por habitante en dólares que San Pablo o México DF —compara Teszkiewicz—. Es uno de los presupuestos por habitante más grandes del mundo, al que le auditamos sólo el 10% de la plata que gastan y tienen problemas en todo”.