Por Néstor Espósito | El juicio político contra el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio se convirtió en un circo romano que por momentos parece un scketch de Capusotto.
Carzoglio es el juez que en 2018 rechazó un pedido del fiscal Sebastián Scalera para detener al sindicalista camionero Pablo Moyano. En ese contexto, denunció que dos agentes de la Agencia Federal de inteligencia (AFI), Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale, lo visitaron en su despacho invocando la representación del entonces presidente, Mauricio Macri, exigiéndole la detención de Moyano. Incluso le llevaron un borrador de la resolución que debía firmar, cuando Carzoglio ni siquiera había recibido el expediente.
El rechazo del juez significó el inicio de su calvario. Le desempolvaron viejas denuncias en las que se pedía su juicio político, le formularon nuevas, lo apartaron de su cargo y luego lo suspendieron y desde hace casi cinco años permanece marginado del cargo.
El lunes pasado comenzó el juicio político en el edificio anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. El líder de la acusación contra el juez de Avellaneda es el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand. La fotografía de Conte Grand almorzando con Macri en un restaurante del norte del Gran Buenos Aires difundida meses atrás no fue obstáculo que le impidiera llevar la bandera de la acusación.
¿De qué está acusado Carzoglio? Básicamente de malos tratos a los empleados de su juzgado y de una aplicación en extremo garantista respecto de planteos de morigeración de las condiciones de detención de presos que pasaron por su jurisdicción. Según Conte Grand, una de las muestras evidentes de que Carzoglio es un mal juez es la cantidad de resoluciones que le revocó o le anuló la Cámara de Garantías al revisar sus decisiones.
La función de la Cámara es, justamente, revisar las decisiones de los jueces de primera instancia. Para eso están; forman parte del sistema de control de las decisiones jurisdiccionales que toman los jueces y, en caso de así entenderlo, corregirlas mediante revocatorias, confirmaciones parciales o incluso nulidades. Todo dentro del funcionamiento del Poder Judicial. Jurisprudencia pacífica del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a nivel federal y nacional establece claramente que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de sus sentencias. Si se equivoca, está su superior jerárquico para corregirlo, más no para promover, argumentar o fundamentar su destitución.
¿Cuáles son los malos tratos que se le reprochan a Carzoglio? Una decena de sus colaboradores y ex colaboradores en el juzgado declararon en los primeros días del juicio que su nivel de exigencia laboral era muy estricto. Que los compelía a que se quedaran trabajando más allá del horario reglamentario argumentando que “había mucho trabajo”. Lo había; el juzgado de Carzoglio estaba “de turno” –con lo que ello implica en un distrito populoso y picante como el sur del conurbano bonaerense- cada dos semanas.
Una secretaria letrada contó que Carzoglio la removió de su cargo y colocó a otra colaboradora a hacer sus tareas porque no estaba conforme con ella. La mandó a la mesa de entradas, pero no le alteró ni el salario, ni el escalafón. Una perito calígrafa sostuvo que el juez firmaba varias resoluciones en una misma secuencia temporal y que ello quedaba evidenciado en que el trazo de su rúbrica dejaba marcas en la hoja que estaba debajo. Según esa perspectiva, firmar varias fojas, una detrás de la otra, es causal de remoción de un juez.
También surgieron situaciones de dos colaboradoras que manifestaron padecimientos psíquicos por los supuestos malos tratos del juez. Pero una perito psicóloga que las trató señaló durante el Jury que ambas habían sufrido tragedias personales (muerte de familiares cercanos) y que ello podría haberles generado una hipersensibilidad ante el stress laboral que domina el trabajo en tribunales.
Carzoglio fue denunciado también por algunos de sus colegas que, cuando fue apartado del cargo, lo subrogaron en su juzgado y encontraron “desprolijidades”. Cuando fueron interrogados sobre qué significaba ese término, hablaron de “desorden”; jamás de delitos como ocultamiento de pruebas, encubrimiento o cosas por el estilo.
Acaso lo que más le juegue en contra al juez suspendido sea su actitud supuestamente “blanda” con los reclamos de los detenidos para morigerar sus condiciones de encierro e incluso obtener excarcelaciones. Se le reprocha a Carzoglio ser proclive a conceder medidas a favor de las prisiones domiciliarias o las libertades de los detenidos. El mal llamado “garantismo” (en el supuesto caso de que eso fuera lo que guió la gestión del juez suspendido) tampoco es causal de remoción.
En lo que resta del Jury desfilarán los testigos de descargo. Son más de 50, todos dispuestos a respaldar la actuación del juez como juez, más allá de las simpatías o antipatías personales que su figura despierte. Porque tampoco el buen o mal humor (por cierto: Carzoglio está lejos de ser un malhumorado) son causales de remoción.
Hay un dato adicional: todas las imputaciones contra el juez tienen, al menos, siete años de antigüedad. Y algunas, mucho más: se remontan a… 2009. Carzoglio está a punto de ser destituido de un juzgado por episodios que ocurrieron 14 años atrás. Si en lugar de un juicio político fueran causas penales probablemente ya estarían prescriptas por el paso del tiempo.
En un Poder Judicial en el que jueces federales ocultan sus relaciones promiscuas con funcionarios políticos y fallan a favor de ellos, en el que aceptan invitaciones de empresarios sobre cuyos intereses tienen que pronunciarse, que prevarican todo el tiempo a sabiendas de que están beneficiando (o perjudicando) a una de las partes en litigio, que juegan a la política partidaria sin disimulos y sin siquiera sonrojarse cuando quedan expuestos en sus miserias, Carzoglio está a punto de ser destituido.
Algo así como el Lawfare, pero puertas adentro del Poder Judicial.
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Néstor Espósito: @nestoresposito