Redacción Canal Abierto | La directora del Departamento del Derecho de los Pueblos de la CTA Autónoma y de ATE Nacional María José Cano se refirió a informe que la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos realizó en Perú acerca de la represión desatada por el régimen de Dina Boluarte contra quienes se manifiestan pidiendo su renuncia.
La Misión realizó informes similares cuando el gobierno de Piñera reprimió las movilizaciones en Chile, en Bolivia tras el golpe de estado que destituyó a Evo Morales, y en Ecuador y Colomia durante sendos paros nacionales que se extendieron durante un mes y padecieron de la represión de sus gobiernos.
“Nosotros siempre hemos hecho hincapié en que los testimonios que recogemos las denuncias que tomamos son in situ, son en los lugares. Primero estamos en la ciudad capital reuniéndonos con las organizaciones que se manifiestan, con personalidades, organizaciones campesinas, indígenas, centrales sindicales donde plantean su mirada, como ven el conflicto y posibles salidas para nosotros tener un panorama. Luego nos dividimos en grupos y vamos a distintos lugares”, explicó Cano a Canal Abierto Radio.
“El primer contacto es con las organizaciones en territorio que siempre garantizan un espacio seguro donde podamos juntarnos con víctimas o familiares. También vamos a sus domicilios o se visita heridos en los hospitales como ha pasado en varias las misiones y también en Perú. Esa es la característica a diferencia de otros organismos internacionales o comisiones que hay en situaciones como que la que se está dando en Perú y que también están yendo, es que varios al principio se reunían en un hotel cinco estrellas de la capital del país y convocaban ahí para que vayan a hacer las denuncias, con lo cual es más complejo que todos quienes quieran denunciar puedan acercarse”, agregó.
Cano destacó que “eso genera otro contacto con los hermanos y las hermanas peruanas en el marco legionaria dan un contexto donde no sólo se plasme una denuncia, sino que las situaciones son realmente desgarradoras”.
“Esta misión tuvo la particularidad de que viajaron dos Diputados de la Nación, Juan Marino y Federico Fagioli. También ellos tuvieron reuniones con parlamentarios de Perú y articularon acciones que permitan acompañar todo lo que tiene que ver con las movilizaciones, el conflicto y la situación crítica que se está viviendo para poder dar visibilización y ver cómo apuntar a los parlamentarios que están resistiendo hoy en el marco de esta situación con Dina Boluarte”, subrayó
Consultada acerca de la situación económica y social, Cano la definió como “muy crítica. Si bien los niveles de pobreza que son un poco inferiores a los de Argentina, superan el 30 por ciento. Pero ese número se excede muchísimo más en las provincias del sur del Perú que justamente son las que se encuentran más movilizadas y donde hay un 80% de trabajadores informales. Esto es un poco más alto de lo que hay en Lima. Eso obviamente que agudiza esos índices que te dicen que el 30% de la población de Perú es pobre, pero hay que cruzarlo con ese dato de que el 80% son trabajadores informales”.
Y advirtió que “los sectores más vulnerabilizados son a los que se están reprimiendo, pero la particularidad que se vio en Perú es que muchísimas personas de las que fueron asesinadas, por ya sea por la Policía Nacional del Perú o por el Ejército Nacional, no estaba participando de las movilizaciones. Y eso fue un dato concreto como también la cantidad de adolescentes menores de edad que fueron asesinados”.
Cano resaltó algunos denominadores comunes entre lo que vieron en Perú y en los países a los que habían ido anteriormente. “Los protocolos son todos los mismos para la región, el marco normativo es el mismo para la región, pero el uso de la fuerza o el uso de la violencia, cuando el Estado tiene el monopolio, es un patrón. El uso de las armas no letales que con el uso indebido las convierte en letales. Eso que pasaba en Chile que disparaban a los ojos, lo vemos acá, que la mayoría de los impactos de balas de plomo que tuvieron las personas asesinadas son el tórax o en el estómago. O las bombas lacrimógenas en las partes de la cintura para arriba, cuando eso tiene que tirarse como si fuera una onda para arriba para que caiga, no directo al cuerpo. Y hemos visto videos que apuntan derechos a la cabeza o a la fecha de las manifestantes que se movilizan pacíficamente”.
El informa concluye con la necesidad de que el gobierno peruano sea investigado por delitos de lesa humanidad. En tal sentido, Cano destacó que el informe elaborado por la Misión “no es vinculante, pero ese informe final, con el formato que está armado, es una herramienta fundamental para hacer denuncias extra jurisdiccionales. Al ser crímenes de lesa humanidad se pueden hacer desde cualquier país”.
Y concluyó: “es un elemento no sólo para los peruanos y las peruanas, sino para otros quienes quieran utilizar ese informe donde hay un backup con pruebas, materiales de audiovisuales, fotos, necropsias y todo aquel material que sea necesario para acreditar la violencia extrema que ha desplegado el Estado peruano bajo el gobierno de Dina Boluarte”.
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