Redacción Canal Abierto | El pasado sábado 18 de marzo, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro denunció que miembros de la comunidad mapuche Ancalao, de la región de Ñorquinco, en la zona del Alto Río Chubut, habían sido amenazados de muerte por el capataz de la Estancia El Foyel, Pablo Pradena, acompañado por otros empleados y por el administrador y testaferro de la estancia Andrés Saint Antonin. La gravedad del hecho es mayor cuanto el intento de intimidación se hizo ante efectivos de la Policía de Río Negro que no intervinieron de modo alguno.
El conflicto que originó este hecho es que personal de la estancia ha tendido alambrados, cerrado tranqueras con cadenas y candado y construido edificaciones sin autorización en un terreno que la lof mapuche afirma es de posesión comunitaria.
La comunidad mapuche Ancalao, asentada en el territorio desde fines del siglo XIX, se declaró en estado de permanente alerta ante las amenazas y se encuentra ejerciendo su derecho de posesión del territorio ancestral mapuche en el Paraje Alto Río Chubut.
El viernes 17 de marzo, el personal de la estancia, de propiedad de un empresario de los Emiratos Árabes, se presentó en el lugar con la Policía provincial que labró un acta a petición de los usurpadores y pretendía hacérsela firmar sin antes leer su contenido a los miembros de la lof presentes. Entonces, se produjeron las amenazas.
Ante esta serie de delitos, Newen Loncomán, presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Co.De.C.I) realizó una denuncia en la fiscalía descentralizada de El Bolsón dando cuenta de la usurpación de la propiedad comunitaria y de las amenazas. También solicitó al Fiscal una medida de protección para las y los integrantes de la Lof Ancalao que están ejerciendo la posesión comunitaria, entre las que se encuentra una mujer autoridad del Consejo de Ancianos de 82 años de edad.

“La ocupación de territorios comunitarios por parte de empresarios extranjeros que el gobierno llama ‘Tierras Fiscales’ se produce con complacencia del estado en desmedro de las históricas demandas comunitarias. No estamos dispuestos a continuar sufriendo el histórico despojo territorial al que nos han sometido los distintos gobiernos desde hace más de cien años”, señaló en un comunicado el Parlamento Mapuche Tehuelche, en el que también responsabilizó a la gobernadora Arabela Carreras de cualquier hecho de violencia que pueda sufrir la comunidad.
Preexistencia
Los Ancalao están asentados en el territorio desde 1884. La ocupación de esos territorios fue reconocida como “reservas indígenas” en el departamento de Ñorquincó, mediante decretos y leyes provinciales de 1971 y 1973, aún antes de que la reforma constitucional de 1994 consagrara más derechos para los pueblos originarios y estableciera la preexistencia de éstos al Estado nación.
“Se otorgaron tierras en usufructo vitalicio y gratuito aunque con restricciones para practicar la mediería, vender, arrendar, dividir los campos que explotaban y obtener créditos para financiar actividades económicas”, sostiene en La tierra de los otros (La dimensión territorial del genocidio indígena en Río Negro y sus efectos en el presente) la investigadora María Laura Martinelli.
En el mismo trabajo, la antropóloga reconstruye el derrotero de los Ancalao desde su originaria residencia en la zona aledaña a Bahía Blanca desde la época de Juan Manuel de Rosas hasta su ubicación actual tras el otorgamiento de tierras por decreto nacional de 1900 al cacique Rafael Ancalao y su tribu: “La extensión de la tierra reservada fue precisada en 1929, en un reclamo realizado por Pedro Ancalao, en 96.000 hectáreas. Varias décadas después, en octubre de 1971, la provincia de Río Negro reconoció a la Agrupación Indígena Ancalao una porción menor, de 28.383 hectáreas, en la sección IX del departamento Ñorquincó, mediante la Ley 674. Las tierras se adjudicaron en usufructo gratuito y vitalicio y sin la posibilidad de transferencia ni aparcería. Finalmente, en junio de 1993, por Ley 2.641, se dispusieron los mecanismos para que se otorgue el título de propiedad exento de gastos administrativos a los integrantes de la reserva indígena de la ‘agrupación’ Ancalao”.

El presente conflicto, como tantos otros, se deriva de que la Dirección de Tierras desconoció estos derechos otorgados por diversas leyes y consideró el lugar en conflicto como tierra fiscal, dando lugar a que se negocie con estas tierras, nada más y nada menos que, con personeros de capitales extranjeros, según señala Orlando Carriqueo, werken de la organización comunitaria.
En esta misma zona, en noviembre del 2020, se produjo la muerte de un integrante de la familia Mol y hasta el momento no ha sido esclarecida. La Comunidad Ancalao interveno acompañando a la familia en las actuaciones judiciales y poco después inició, en febrero del 2021, la posesión efectiva de las tierras comunitarias identificadas como lotes 75, 76, Sección 9, Departamento de Ñorquinco.
Audiencia de conciliación
En la mañana del lunes 20, a instancias del fiscal Francisco Arrien, se realizó una audiencia de conciliación en el Juzgado de Paz de Ñorquinco. En la misma se llegó a un acuerdo de no innovar por treinta días hábiles. Durante ese tiempo, la obra se detendrá y los miembros de la comunidad Ancalao, afectados por la edificación y que permanecían en el sitio para impedir el avance, se retirarán del lugar. Solo podrán quedar en la zona los animales de la familia Miranda, integrantes de la comunidad.
“La Dirección de Tierras tiene una responsabilidad histórica en estos negociados”, manifestó el werken a El Cordillerano. “Nosotros sabemos que el capataz es el que pone el nombre, pero que los intereses son de la estancia”.
Una nota de El Cohete a la Luna de abril de 2019, señala que el “propietario” final de estas tierras, detrás un entramado de sociedades fantasma, socios truchos y personeros, es Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri, magnate de los Emiratos Árabes señalado como mano derecha de los negocios de la casa real de Abu Dhabi. Según reconstruye la periodista Susana Lara, se habría apropiado de alrededor de 21.000 hectáreas en la zona andina.

Este vecino del apropiador Joe Lewis pretendería utilizar parte de estas tierras para establecer un coto de caza mayor. Segura, y prontamente, será visitado por jueces, periodistas y servicios como la mansión de Joe Lewis. Otra coincidencia: en todo este fraude con las tierras habría participado Nicolás VanDitmar, el administrador de la estancia Hidden Lake, en la que el magnate inglés se apropió de Lago Escondido.