Redacción Canal Abierto | Con 30 votos afirmativos, 8 negativos, 6 abstenciones y 4 ausencias la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un proyecto de declaración que señala “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
Las comunidades calificaron a la norma como “racista y negacionista”, y llevarán el caso a organismos internacionales.
El conflicto que ha despertado esta ola de racismo y xenofobia institucional en la provincia radica en las Resoluciones 36/2023, 42/2023 y 47/2023 emitidas por el INAI que reconocen la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad lof El Sosneado, de la comunidad lof Suyai Levfv y de la comunidad Lof Limay Kurref, todas pertenecientes al Pueblo Mapuche y con asiento en la provincia de Mendoza.
Respecto a la norma aprobada, el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI), Luis Pilquiman, señaló: “Si bien hubo muchas manifestaciones, este es el primer acto de institucionalizar una acción de carácter racista, discriminatorio y xenófobo. Por eso vemos con gran preocupación que una legislatura provincial como Mendoza genere esta situación. Hay una cuestión de separatismo y no sabemos cuál es la política que el gobierno va a implementar con los hermanos y hermanas mapuches de la provincia, que son una gran cantidad”.
Al mismo tiempo, resaltó: “Es un embate muy fuerte para un sector de la sociedad. Ese daño que se hace es irreparable, y lamentablemente Argentina ha vivido situaciones de querer borrar identidades en la época del 78, pero en realidad este país tiene que entender que la situación de racismo, de tortura, de desaparición y muerte no arrancó con la dictadura, sino que tiene una historia mucho más anterior y que la sociedad no lo acompaña, no lo entiende”.
La disputa por la tierra
El primer artículo del texto aprobado rechaza la prórroga de la ley 26.160 que suspende las sentencias de desalojo y desocupación de las tierras comunitarias indígenas. El segundo cuestiona el reconocimiento que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hizo a comunidades mapuches sobre territorios en Mendoza. Y el tercero, rechaza la argentinidad del pueblo mapuche.
“Los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, dice el proyecto impulsado por el gobierno de Rodolfo Suárez.
Al aprobarse la medida, referentes cambiemitas hicieron pública su celebración. Entre ellos estuvo Miguel Ángel Pichetto, que el pasado 22 de febrero declaró: “El pueblo mapuche es un pueblo invasor, no es originario de la Argentina, es originario de Chile”, y celebró el genocidio indígena producido por el Estado en la denominada Campaña del Desierto. “En Argentina por suerte apareció (Julio Argentino) Roca y la Patagonia es argentina por Roca”, señaló. No es la primera vez que este funcionario público proclama estos argumentos.
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Mi apoyo categórico a los legisladores de la provincia de Mendoza que están por dictaminar por ley que los mapuches no son un pueblo originario argentino en los términos del art. 75, inc 17 de nuestra C.N. En este sentido no tienen derecho a reclamar tierras como propias.
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 29, 2023
En esta línea, Mario Guaquinchay, referente de la Comunidad Huarpe Juan Antonio Guaquinchay de Mendoza, expresó: “Se plantearán respuestas legales pero todavía no podemos iniciar porque estamos evaluando hacerle un juicio al gobernador porque el Estado no nos ampara, porque con todo el odio y el racismo que está emitiendo está haciendo su campaña política”.
A su vez, añadió: “Claramente esto es por las tierras. Vendió miles de hectáreas a un extranjero para que haga un centro de ski. Y ahora está vendiendo tierras al costado de un río –vendiendo agua que es de los puesteros- en Malargüe. Son varias cosas que vienen sucediendo una atrás de otra, y ahora con esta ley que votaron no sabemos qué esperar”.
En este sentido, informó que pedirán acceso a las documentaciones pertinentes para saber quiénes son los testaferros de esas tierras vendidas. “Sabemos que está el Grupo Clarín y otros más para empezar con la minería que quieren avanzar sobre el Cerro Marini. Quieren emplazar pozos de petróleo y una mina de oro en el lugar”.
A contramano de la Constitución
Expresamente desde la reforma constitucional de 1994, el artículo 75, inciso 17, establece que “Corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
“Vamos a ir al INAI y más arriba de Mendoza porque el gobierno provincial está yendo en contra de la ley y no está respetando la Constitución. Tenemos que aceptar que Mendoza es plurinacional. Tenemos Coyas, Quechuas, Guaraní, y muchas más. Tenemos que unirnos como pueblos originarios y decir que acá estamos parados”, finalizó Guaquinchay.