Redacción Canal Abierto | Santiago Tobías Hellman Suárez, de 17 años, fue trasladado el 4 de enero de este año al Centro de Adicciones Soltar, de Ituzaingó, una institución que no cuenta con página web, con instalaciones o staff profesional alguno y no está habilitada por el Ministerio de Salud de Buenos Aires.
El 25 de enero de este año, Santiago apareció ahogado en una pileta de 2 metros de profundidad en Soltar. Dos días después, la autopsia detalló que el joven tenía un estado nutricional “regular”, tez trigueña, cabellos cortos teñidos; nariz, boca y orejas medianas, una estatura de 1.80 metro y un peso aproximado de 80 kilos, dentadura completa, múltiples tatuajes en antebrazos y cuello y perforaciones en ambos lóbulos de ambas orejas. El médico de la policía Tomás Fogel infirió que su muerte se produjo 24 horas antes por paro cardíaco traumático y asfixia por sumersión.
La muerte de Santiago abrió una investigación por “averiguación de causal de muerte”, por parte de la Fiscalía 1, de Ituzaingó a cargo de Gabriela Milla, departamento judicial de Morón.
Al conocer el caso, la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó una inspección en el lugar, donde relevó graves violaciones de derechos humanos: sobremedicación, ausencia de un tratamiento integral y acorde a la ley de salud mental, espacios de aislamiento como castigo, malas condiciones edilicias y varias irregularidades tratamentales y administrativas.
Al mismo tiempo, presentó un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías N° 5 de Morón, por las personas alojadas en dicha comunidad terapéutica.
Durante la inspección, la CPM consignó que había casi una decena de jóvenes menores de edad oriundos de Santa Fe y adultos provenientes de San Luis y Misiones, lejos de sus comunidades de pertenencia.
Además, el equipo interdisciplinario de los programas de Salud Mental y Niñez de la CPM relevó que las personas alojadas en esta comunidad terapéutica padecían graves violaciones a sus derechos: desde la libertad hasta la salud física y psíquica, educación y alimentación. Durante la inspección se examinaron las historias clínicas y libros de actas, se entrevistó de forma confidencial a las personas usuarias y se relevaron las condiciones materiales del lugar.
Sumado a los incumplimientos a las leyes de salud mental, promoción y protección de derechos de la niñez y de derechos del paciente, se registraron irregularidades en la legalidad de las internaciones, un régimen de vida restrictivo, sometimiento a aislamiento y condiciones de alojamiento riesgosas y con falta de higiene.
Muchos de los alojados en Soltar son menores de edad, y casi en su totalidad oriundos de otras provincias. Las derivaciones se hacían desde lugares como la Secretaría de Niñez de Santa Fe, y el CPAA (Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones) de San Luis aun cuando -según informaron los mismos responsables de la institución- funcionan hace aproximadamente 5 años sin habilitación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
En cuanto al abordaje de los consumos problemáticos por los que supuestamente llegan al lugar, se encuadra esencialmente en una lógica disciplinaria y conductual a través de la modalidad premios-castigos, y no se adecúan a lo estipulado por la ley de salud mental.
“Los jóvenes están lejos de su casa, vigilados las 24 horas, sin acceso a la educación ni a comunicarse con sus familiares y referentes afectivos, sometidos a aislamiento, malos tratos y violencia psicológica. Adultos y menores de edad se encuentran alojados juntos, sin ningún tipo de separación o diferenciación en cuanto a espacios, tratamiento y acceso a derechos. La medicación no es administrada por un profesional de enfermería sino por los mismos operadores. En las entrevistas surgió que la aplicación de inyectables como método de sedación se da de forma violenta y recurrente, y se observaron signos de sobremedicación en los entrevistados como somnolencia, salivación excesiva, enlentecimiento del discurso y de los movimientos”, señalaron desde la CPM.
Asimismo, el su habeas corpus, solicitó que se designen peritos expertos para evaluar las diferentes áreas comprometidas: salud en función del abordaje y tratamiento, ingenieros y arquitectos en función de las condiciones edilicias, expertos en seguridad e higiene, y trabajador social para un informe socio-ambiental.
Historias que se repiten
A fines de febrero de 2022, cuatro jóvenes murieron en medio de un incendio producido en la comunidad terapéutica clandestina Resiliencia San Fernando de Pilar, similar a la que alojaba a Santiago.
Esta vez, las víctimas fueron Nicolás Ortiz (24); Rodrigo Moreno (22); José Castaño (22); y Nicolás, todos jóvenes pobres que buscaban dejar atrás sus adicciones.
La granja de Pilar, como muchas otras, algunas habilitadas por el Estado y otras clandestinas, apela a las internaciones involuntarias y eternas en el tiempo, buscan que los usuarios del sistema de salud mental estén encerrados el mayor tiempo posible para quitarles dinero a las familias, al Estado y a las obras sociales.
Estas granjas, más que centros de salud, funcionan como centros de detención y esclavismo, porque a su vez los pacientes trabajan para la institución, realizando tareas de limpieza, de seguridad y son usados como mano de obra barata.
Pocos casos llegan a la Justicia
En agosto de 2022 inició el primer juicio en Argentina contra una granja de rehabilitación de adictos. Fue a un trabajador de la Fundación San Camilo, imputado por el homicidio culposo de Saulo Rojas, un joven de 23 años que se ahorcó tras ser encerrado sin su dosis de insulina en una celda de castigo en 2013.
La “comunidad terapéutica” fue clausurada en 2017 por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tras constatar “graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios”.
Que se cumpla la Ley de Salud Mental
La Ley de Salud Mental está vigente hace 13 años, y pese a que la Resolución 15/14 de su Órgano Nacional de Revisión establece que toda muerte en una institución de salud mental tiene que ser investigada por la Justicia, esto no se cumple.
En los últimos diez años, la CPM contabilizó al menos 15 muertes en estas instituciones. Ante la repetición de casos similares, la Comisión expresó: “Pese a las iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Salud provincial, como el Registro Único Provincial de Establecimientos de Salud (RUPES), que incluye Comunidades Terapéuticas y Clínicas psiquiátricas privadas, es indispensable profundizar el control de estas comunidades, decenas de las cuales aún no se han registrado, no cumplen con la normativa vigente y violan los derechos de las personas allí alojadas”.