Redacción Canal Abierto | “Hoy gana la ciudadanía y pierde Blackstone, pierden los fondos buitre, pierde la banca y pierden los especuladores que durante décadas han estado en España campando a sus anchas, jugando con las vidas de la gente. Las casas son para vivir, no para especular”, sostuvo Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España y secretaria General de Podemos, celebrando el acuerdo que permitirá la aprobación en el Congreso de Diputados de la primera Ley de Vivienda de la historia española.
Primera Ley de Vivienda de la historia de nuestro país. Sí se puede 
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— Ione Belarra (@ionebelarra) April 14, 2023
Tras extensas negociaciones se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno y los bloques progresistas para descongelar una ley que llevaba 13 meses atascada en el trámite parlamentario y se trata de un proyecto de cajoneado durante los últimos tres años.
El acuerdo con ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), EH Bildu (coalición independentista vasca), PSOE y Unidas Podemos ha consensuado un texto que permitirá regular los precios de los alquileres, proteger a los inquilinos, frenar los “abusos de caseros” y evitar desahucios de familias en situación de vulnerabilidad.
“El acuerdo alcanzado el pasado viernes con la Ley de Vivienda marca la senda de lo que hay que hacer como Gobierno en lo que queda de legislatura, porque la mejor forma de frenar a las derechas es conquistando derechos para la mayoría social”, publicó la ministra en su cuenta de Twitter, un mensaje clave pensando que en breve en la péninsula comenzarán tiempos electorales, con una primera parada el domingo 28 de mayo con las elecciones municipales y, en diciembre, las elecciones generales.
Mercado tensionado
El proyecto de ley contempla que los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado serán regulados y tendrán un tope de precios, sean los inmuebles propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios (establece el límite en cinco propiedades en alquiler en un área tensionada), y tendrá incidencia tanto en los contratos de viviendas que estén en alquiler como en los nuevos contratos.
¿Qué parámetros establece el texto de la ley para que una comunidad autónoma pueda declarar una zona tensionada? Cuando la carga media del costo de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% del ingreso medio de los hogares, o bien cuando el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años previos a la declaración de área tensionada.
Los topes para los pequeños propietarios se establecerán mediante la indexación a la renta anterior en vigor, es decir el establecido por el contrato anterior. En atención al interés de que estos locatarios pongan sus inmuebles en arrendamiento, el texto del proyecto de ley prevé incentivos y bonificaciones para este sector.
En el caso de los grandes propietarios, el tope será establecido mediante un índice de referencia que comenzará a elaborar el INE (Instituto Nacional de Estadística) para entrar en vigencia el 1 de enero de 2025. Mientras tanto, durante 2023 se aplicará el actual límite del 2% y en 2024 del 3% sobre todos los contratos activos. El mencionado índice eliminará la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia para la actualización anual de los contratos, y será más estable e inferior a la evolución del IPC.
Costos
Los gastos y honorarios inmobiliarios de una operación de alquiler inmobiliario correrán a cargo del propietario. Esta obligación se aplicaba hasta ahora sólo para los grandes tenedores.
El texto prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos como costos de alumbrado, barrido y limpieza, u otros, que los propietarios puedan utilizar para compensar el gasto inmobiliario.
Otros destacados del proyecto de ley
- El porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida aumenta del 30 al 40% en nuevas urbanizaciones y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado (zonas urbanas fabriles, reurbanizaciones en territorio de ciudades).
La vivienda protegida en España es aquella construida cumpliendo determinados requisitos legales de superficie, diseño, habitabilidad, calidad y precio máximo, que le permiten ser admitida en un régimen de protección pública con ayudas de diversa índole.
- Se prohíbe la realización de desahucios sin fecha y hora predeterminados. La inclusión de nuevas prórrogas en los procedimientos judiciales aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas en situación de vulnerabilidad.
- También establece la posibilidad de utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales a personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales, realojamientos de personas en situación vulnerable o cualquier otra alternativa habitacional para esta población.
Pese a que hubo políticas paliativas del presente gobierno durante los último años, en 2019 se produjeron más de cien desahucios al día por no pagar el alquiler y más de 40 por no pagar la hipoteca. En 2022, el número de desalojos se redujo un 7,5 % alcanzando las 38.266 actuaciones, según los datos divulgados por el Consejo General del Poder Judicial