Por Néstor Espósito | La organización internacional Clooney Foundation for Justice y Amnistía Internacional denunciaron ante la Justicia argentina al Estado Venezolano por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno que encabeza Nicolás Maduro desde 2014 hasta la actualidad. La causa recayó ante el juez federal Sebastián Ramos e invoca el principio de la “justicia internacional”, que la Argentina ha utilizado en otros casos.
La presentación se insinúa como un dolor de cabeza político y diplomático: el actual gobierno argentino tiene una fluida relación con Venezuela (a diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno de Cambiemos 2015 – 2019) y el embajador de Buenos Aires en Caracas es Oscar Laborde, ex diputado del Parlasur y cercano al kirchnerismo.
“La demanda penal presentada ante la justicia federal argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice sobre crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, dijo Amnistía Internacional en un documento.
La denuncia fue presentada en Comodoro Py el 14 de junio, quedó registrada con el número 2001/2023, está caratulada como “averiguación de delito” y la encabeza Rosa María Orozco Seijas. Un blog en internet cuenta su historia: “El 22 de mayo se cumplieron tres meses de la muerte de la joven Geraldine Moreno, luego de que el pasado 19 de febrero recibiera un disparo en el rostro propinado por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante una manifestación en Carabobo. Moreno estuvo hospitalizada desde la noche de aquel 19 de febrero hasta el mediodía del 22 de febrero cuando murió en una clínica de Naguanagua”.
La mujer le envió una carta al general Antonio Benavides Torres, comandante general de la GNB, en la que expresó que “el respeto por la familia y la dignidad de las personas” fue “pisoteado” por integrantes de esa fuerza de seguridad. “Un Guardia Nacional la destruyó, dejándome en una soledad que usted no imagina, porque no le ha tocado. Me quitaron mi vida, mis ganas de vivir, mi amiga, mi hija adorada, mi Geral. Usted dice que la GN, soldados, patriotas, nunca han levantado un fusil en contra de los venezolanos, usted me dirá ¿quién fue entonces? ¿Quién le quitó la vida a mi hija Geraldín y por qué la funcionaria de la mal llamada Guardia del Pueblo que agredió a Marvinia Jiménez aún anda suelta maltratando a más venezolanos, así como los funcionarios de la GN del destacamento 24 en el estado Carabobo?”.
El caso está judicializado en Venezuela. Pero las organizaciones que lo denunciaron también en la Argentina sostienen que en los tribunales venezolanos no hay garantías de una investigación imparcial. Es, cuanto menos, curioso, que supongan que sí encontrarán eso en Comodoro Py 2002. Más específicamente, en el juzgado de Sebastián Ramos.
“La justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos. La justicia federal de Argentina no puede darles la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”, sostuvo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
Clooney Foundation for Justice sostiene en su sitio oficial en internet que “desde 2014 las autoridades venezolanas han respondido a las protestas masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro con una represión sistemática. Según las Naciones Unidas y otros que documentan estos hechos, las autoridades venezolanas han ejecutado, torturado y hecho desaparecer por la fuerza a cientos de civiles y han detenido arbitrariamente a miles más”.
El organismo ha desplegado un equipo de abogados e investigadores que “está realizando entrevistas con víctimas y testigos venezolanos —hasta ahora en Venezuela, Argentina, Colombia y España— y recopilando otra documentación”.
En ese contexto fue presentada la denuncia ante los tribunales argentinos. “La demanda se enmarca en la política de represión instaurada y ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2014. Esta política -que sigue vigente- incluye la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y persecución por motivos políticos”, sostiene el documento difundido por Amnistía Internacional.
¿Por qué se denuncian en Argentina supuestos delitos cometidos en Venezuela y achacados a autoridades de aquel país? El documento explica que “los tribunales argentinos tienen la competencia constitucional sobre estos crímenes no por dónde hayan sido cometidos o por quién, sino porque se trata de hechos que dañan a la humanidad en su conjunto”. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, expresó: “El derecho internacional acuerda en permitir que todo Estado se halle facultado para investigar y sancionar a los responsables de crímenes de derecho internacional. En algunos casos esa facultad se convierte en una obligación de derecho internacional, cuando la o el presunto responsable de un crimen de derecho internacional se encuentre presente en un territorio sometido a la jurisdicción de otro Estado (a aquél en el que ocurrieron los hechos)”.
El antecedente citado en la Argentina se vincula con un expediente que aún tramita ante el juzgado Federal de María Servini por presuntos crímenes cometidos por el régimen franquista en España entre 1936 –cuando estalló la Guerra Civil- y 1975, cuando murió –en el poder- Francisco Franco.
Amnistía Internacional también invocó como antecedente “la investigación abierta en 2021 sobre el posible genocidio del pueblo rohinyá en Myanmar”.
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Néstor Espósito: @nestoresposito