Redacción Canal Abierto | El próximo 11 de agosto vencen los contratos de concesión de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón Arroyito, ambos sobre el río Limay, y Cerros Colorados, sobre el río Neuquén, y el 29 de diciembre el de Piedra del Águila, también sobre el Limay.
Estas centrales, construidas y gestionadas por el Estado nacional a partir de los años ‘60, fueron privatizadas por Carlos Menem a lo largo de la década del 90 con concesiones a 30 años –en la mayoría de los casos–. Los emprendimientos citados fueron adjudicados en 1993 en el marco de la privatización de Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (Hidronor S.A.). Otras 15 centrales de un total de 19, gestionadas por esta empresa o por Energía Eléctrica S.E. (AYEE S.E.), tuvieron el mismo destino y terminaron en manos de sociedades anónimas integradas por grandes corporaciones nacionales y trasnacionales.
La Secretaría de Energía de la Nación mediante la resolución 574/2023 del 11 de julio, dispuso que una vez vencido el plazo se extiendan las concesiones por 60 días corridos a las concesionarias AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila). También designó a Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) como veedora de las centrales hidroeléctricas.
Las centrales hidroeléctricas aportan entre un 20 y un 25% de la generación eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista, con una potencia instalada superior a los 10.800 MW.
Estamos, entonces, ante una ventana de posibilidad que nos permitiría revertir uno de los más infames procesos de la década de los 90: el que transfirió a costos irrisorios emprendimientos construidos y financiados con fondos públicos a privados que durante tres décadas usufructuaron la renta de proyectos con muy bajo costo de mantenimiento.
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El verdadero “Estado bobo”
“El Estado invirtió cerca de U$S 20 mil millones de dólares en la construcción de las centrales, cuya concesión los privados se hicieron por un monto de aproximadamente U$S 2 mil millones. La renta bruta anual que recibe el conjunto de los concesionarios es cercana a montos que fluctúan entre los U$S350 y U$S400 millones. El Estado invirtió en su construcción y los privados recaudaron y aún recaudan con su gestión”, sostienen Bruno Fornillo, Martín Kazimierski y Jonatan Nuñez del Grupo Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC) –que es parte del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires–, en el informe titulado “Desprivatización hidroeléctrica”.
“Esas estructuras tienen un costo de construcción muy elevado, una inversión enteramente hecha por el Estado nacional, y después tienen un bajo mantenimiento, a diferencia de otra infraestructura energética que pueda haberse concesionado –termoeléctricas, redes, etc.–. Las hidroeléctricas tienen un costo de sostenimiento bastante bajo en relación a las ganancias que se generan por la venta de energía”, sostiene Kazimierski, geógrafo e investigador del Conicet, en diálogo con Canal Abierto.
Las represas poseen un promedio de amortización de 30 años. Para citar un ejemplo, la inversión en El Chocón y Cerros Colorados recién hubiera sido recuperada en 2007 y 2010, pero para ese entonces ambas centrales llevaban más de una década en manos de empresas privadas. El caso de Piedra del Águila es aún más grotesco: la obra fue concluida en simultáneo con su privatización, recién en 2023, cuando vence su concesión privada, se estaría amortizando su costo –pero toda la renta durante estos 30 años se la llevaron privados.
“Nosotros resaltamos el carácter ilógico de invertir en una infraestructura sumamente costosa para luego no tener el retorno de la inversión sino, directamente, dejarle las ganancias a empresas que con un mínimo de inversión y gasto de mantenimiento obtienen ganancias muy importantes”, sostiene el experto del GyBC.
Continuando con las cuentas, en rojo para el Estado, veamos cuánto tiempo le tomó a los operadores privados recuperar su inversión. En el caso de Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A., el paquete accionario fue otorgado en un 59% a Patagonia Holding (controlada por la estadounidense Dominion Energy Inc.) en agosto de 1993, por un monto de U$S 72.623.232. Un 39% de la propiedad de la presa quedó en manos de la provincia de Neuquén y el 2% restante se colocó en calidad de participación público-privada. Según los datos oficiales publicados hasta 2013 por el Ministerio de Economía, de la sumatoria de los balances, se encuentra un acumulado de U$S 103.028.481, es decir que el concesionario recuperó su inversión en 14 años, con 16 de concesión por delante.
Desprivatizar es la tarea
“En el informe ponderamos la necesidad y el beneficio que tendría la reeestatización y la captura de las ganancias por parte del Estado. Las provincias también tendrían cierta injerencia; hoy reciben regalías que son muy bajas. Las provincias quieren ser quienes, de ahora en adelante, tomen el control de la operación de las represas y la Nación sostiene que son activos financiados por el Estado nacional en su momento, por lo tanto, no veo viable que prime la intención de las provincias”, sostiene Kazimierski.
Pese a la existencia de entidades de cuenca y espacios de diálogo entre los diferentes actores implicados en el manejo y el uso del agua, no solo los estados nacional y provinciales, sino también cámaras agrícolas y diferentes usuarios, “son los privados en general quienes deciden cómo operar sus presas y la regulación era muy laxa. Los privados operan las presas especulando en el beneficio que les produce la venta de energía. La reestatización de las presas permitirá generar mayores consensos sobre cómo deben operarse las presas y cómo debería manejarse el recurso hídrico”.
“El privado, lógicamente busca la maximización de la ganancia. Entonces, las operadoras especulan con los niveles de los embalses para vender cuando más les conviene y se guardan el agua cuando la energía está más barata. Eso perjudica a los usuarios del recurso cuenca abajo, y también genera impactos ambientales, muchas veces se llega a mínimos peligrosos que afectan el suministro de agua. Uno espera que bajo control estatal esto no suceda”, concluye el geógrafo.
Desprivatizar pero cuándo
El vencimiento de las concesiones comienza a darse en el contexto de una batalla electoral por el recambio presidencial. La extensión de las concesiones parece expresar una vía para no meter ruido en la campaña por parte de un gobierno que teme hacer ruido y tomar la iniciativa cuando agoniza su mandato. “Hay cierto costo político por la resonancia que puede tener en algunos sectores, se tiene miedo de que palabras como expropiación, que no sería el caso de este proceso, empiecen a resonar en el contexto de la campaña y el costo político que puedan traer. Creo que claramente esta medida tiene que ver con el panorama electoral”, razona Kazimierski.
“Yo creo la intención de este gobierno es la de recuperar estos activos, pero el contexto político hace un poco incierto todo. Es muy posible que la pelota quede para el próximo gobierno. Se está tratando de mantener el status quo y no pagar un costo político en este momento electoral”.
Las empresas privadas ya expresaron el pedido para renovar las concesiones y habrá que ver la fuerza que tenga el gobierno, o la disputa de sectores dentro del mismo, para negar la renovación e iniciar el proceso de reestatización.
“El sector energético está muy ligado al macrismo, hay bastantes personajes que fueron centrales dentro del gobierno pasado, por ejemplo Pampa Energía y otros que tuvieron hasta un rol dentro del gobierno. En caso de que se estire la bola, no veo a un gobierno de Juntos por el Cambio sacándole las concesiones a gente que forma parte del partido”, concluye Kazimierski.
El camino de la reestatización tiene los días contados. Poner este tema sobre la mesa, utilizarlo en la campaña o esconderlo bajo el mantel: las opciones de Unión por la Patria y su fallido gobierno.