Redacción Canal Abierto | Desde su casa en El Carmen, Jujuy, donde cumple prisión domiciliaria, el abogado Alberto Nallar cuenta el derrotero que llevó a su detención el 13 de julio de pasado y desmonta la acusación en su contra por “sedición”. Además, denuncia una persecución política por haber asesorado legalmente a varios encarcelados durante las protestas que comenzaron a mediados de junio y continúan hasta la actualidad.
“Morales conduce la Justicia de forma personal, directa y tiránica, y mi caso es el mejor ejemplo de esta manipulación”, apunta en diálogo con Canal Abierto.
A su vez, Nallar explica cuáles son los argumentos jurídicos para impugnar la polémica reforma de la Constitución local y el pedido de intervención federal de los poderes Ejecutivo y Judicial a nivel provincial.
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En primer término, el letrado plantea varias razones de nulidad de la Convención Constituyente que aprobó la nueva ley magna jujeña. “Muchos de sus integrantes tenían prohibido ocupar esos cargos por estar ejerciendo al mismo tiempo otras funciones públicas, como es el caso del propio gobernador o varios diputados provinciales y nacionales”, detalla.
El propio Morales fue quien en su momento elevó el proyecto de ley de reforma y luego presidió la asamblea en simultaneo a la primera magistratura provincial. Todo esto a contramano del mandato constitucional que impide al gobernador el desarrollo de cualquier otra función o tarea, tanto en el ámbito estatal como privado.
“Hoy Morales ejerce el Poder Ejecutivo, el Poder Constituyente y el Poder Judicial; es decir, tiene la suma del poder público, un delito grave con una posible pena de prisión perpetua”, afirma.
Mientras tanto, el compañero de fórmula presidencial de Horacio Rodríguez Larreta recorre el país con una campaña centrada en la “defensa de la República”, cuyo valor fundamental debiera ser la división de poderes.
“La Constitución Nacional dice que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar el sistema republicano, cuando éste se viera perjudicado o amenazado”, explica Nallar, y agrega: “este es el fundamento central por el que estamos reclamando la intervención provincial al Presidente”.