Redacción Canal Abierto | El ministro de Defensa ordenó esta semana la “cancelación definitiva” de un radar instalado en la localidad de Tolhuin, Tierra del Fuego, por la empresa Leo Labs de capitales norteamericanos, irlandeses y de Gran Bretaña, porque el proyecto “afecta severamente la soberanía” de la Argentina en las islas Malvinas y el Atlántico Sur. Además, asegura que “es un riesgo para la seguridad nacional”.
El reporte en el que se apoyó Jorge Taiana fue elaborado por las Fuerzas Armadas, el INVAP y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).
Hace un mes, cuando se conoció que el artefacto de la compañía británica estaba en funcionamiento a 500 kilómetros de Malvinas, tanto el funcionario como otros legisladores, organizaciones políticas y sindicales y agrupaciones de veteranos de Malvinas levantaron la voz para reclamar información precisa y exigir su inmediata inhabilitación.
A la vez, el informe de Defensa detalla que la compañía podría tener nexos con servicios de inteligencia ingleses y de la OTAN.
Se bien el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella había asegurado que la firma “no tiene funciones militares sino que monitorea la basura espacial y vende esos servicios a diferentes programas”, el Ministerio nacional alertó que los radares tienen capacidades para interferir comunicaciones y la información de las Fuerzas Armadas.
Taiana y el canciller Santiago Cafiero ya habían dispuesto la suspensión de la autorización que el 15 de noviembre del 2022 emitió el entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Aquel permiso habilitaba a LeoLabs a instalar una “estación terrena en Banda S” en Ushuaia. Pero ahora, con el informe técnico en mano se ordenó la cancelación definitiva del proyecto.
El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley celebró en marzo la instalación de la antena con un tuit que decía que “Ushuaia no es sólo un lugar excelente para observar las estrellas, también es un punto clave para que la empresa espacial estadounidense @LeoLabs_Space colabore con empresas y gobiernos de todo el mundo en la protección contra los desechos espaciales”.
Ushuaia no es sólo un lugar excelente para observar las estrellas, también es un punto clave para que la empresa espacial estadounidense @LeoLabs_Space colabore con empresas y gobiernos de todo el mundo en la protección contra los desechos espaciales. #SpaceSafety https://t.co/Pf27QO5NNJ
— Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) March 14, 2023
La compañía cuenta con una red de radares en distintas partes del mundo para, según informan oficialmente, monitorear las órbitas terrestres bajas (LEO, según sus siglas en inglés por Low Earth Orbit) y evitar la colisión de desechos espaciales potencialmente peligrosos.
Qué dice el informe que presentó Defensa
El documento entregado al jefe de Gabinete Agustín Rossi asegura que el radar, “desde nuestro propio territorio nacional, podrá monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar (actividad que utiliza proyectos de satélites de órbita baja)”.
Además, asegura que el aparato puede “interceptar datos, comunicaciones y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves. La banda de operación declarada por la empresa coincide con la banda de operación de las estaciones terrenas de emisión y recepción de datos en banda S, recepción en banda X y Ka de los satélites argentinos”.
También tiene capacidad de “hacer seguimiento de trayectorias y lanzamiento de vectores”.
“No es posible dejar de considerar las connotaciones geopolíticas que conlleva –continúa el memo-, dado el carácter dual de los datos obtenidos en sus instalaciones, máxime cuando el Reino Unido sostiene la ocupación ilegal de las Islas Malvinas”
“El Ministerio de Defensa solicita la cancelación y suspensión definitiva a la instalación y puesta en funcionamiento de la Estación AGSR de LeoLabs Argentina S.R.L en la localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, por vulnerar la seguridad nacional y ser incompatible con la Directiva de Política de Defensa Nacional -Decreto 457/2021-“.
“Por las mismas razones, solicita, también, que se quite la autorización para operar a la empresa Leolabs Argentina S.R.L, dejando sin efecto la Disposición Nº 8/22 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad”, concluye.
Rechazos y presión social
Ex combatientes de Malvinas y militantes de organizaciones políticas se manifestaron el 30 de julio en las cercanías de la ciudad de Tolhuin. “No podemos permitir que esto suceda”, reclamaron.
El vicepresidente del Centro de ex combatientes Malvinas Argentinas de Río Grande, Alberto Ante, exigió que se explique cuál es la función del radar ubicado en la estancia El Relincho, sobre la Ruta Nacional 3. “El Intendente de Tolhuin Daniel Harrington no nos atiende el teléfono, ni nos da respuesta alguna”, dijo.
“El que debería estar acá es el presidente de la comisión Malvinas de la legislatura de Tierra del Fuego, Federico Sciurano”, se quejó el dirigente malvinero.
Por su parte, Unidad Popular, uno de los partidos que componen Unidad Ciudadana a nivel nacional, exigió “que se cancele inmediatamente la operación del radar británico en Tierra del Fuego” expresó un respaldo a la declaración del Ministro de Defensa.
En el comunicado partidario, Claudio Lozano, presidente de UP, advirtió sobre una “clara violación de nuestra soberanía e integridad territorial”.
“Resulta alarmante que no se tengan en cuenta la magnitud de las consecuencias geopolíticas que tiene tamaña operación en manos de una empresa que por más que utilice el nombre ‘Argentina’ en su razón social, tiene domicilio legal en el Reino Unido. Pero más incompresible aún resulta la decisión de entregar en manos de un operador británico tamañas cuotas de nuestra soberanía, cuando ese imperio mantiene la ocupación ilegal de nuestras Malvinas. A la vez autorizar su instalación en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una verdadera bofetada a la defensa de nuestra soberanía”, dijo el economista.
“En momentos que en la última cumbre UE-CELAC se reconoce el derecho a entablar conversaciones entre nuestro país y el Reino Unido para dar cauce al histórico reclamo, resoluciones como la de autorizar esta instalación, resultan incomprensibles”, sintetizó.
A su vez, la CTA Autónoma también se pronunció en contra con un fuerte texto firmado por su secretario General, Hugo “Cachorro” Godoy, y el responsable de Relaciones Internacionales Adolfo Aguirre.
“Se trata de un acto lesivo contra nuestra soberanía en materia territorial, espacial, digital, tecnológica y comunicacional”, dice el escrito sindical.
“Supone una gravísima intromisión por parte de un actor privado en áreas vitales para la soberanía y la defensa del territorio argentino. A ello se suma que la operación sería realizada por una empresa radicada en el Gran Bretaña, Estado que usurpa el territorio de nuestras Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, a convertir a las Malvinas en una base militar nuclear de la OTAN y mantiene una actitud hostil a todo desarrollo de nuestro complejo industrial, tecnológico y de defensa que perciba como un desafío a su intromisión en el Atlántico Sur”, agregan.
“Esta estación serviría para extender la capacidad de proyección de la influencia británica sobre el hemisferio sur, haciendo de nuestro país una pieza involuntaria en las ambiciones y disputas de las grandes potencias”, resume la CTA-A, al tiempo que valora el accionar de Taiana.
“La CTA considera que detener esta acción es fundamental para promover una visión estratégica de desarrollo con soberanía tecnológica, industrial, satelital y de datos”, concluyen.
Por su parte, el diputado Federico Frigerio y el senador Pablo Blanco, ambos fueguinos y de Juntos por el Cambio, también habían denunciado y pedido informes sobre el radar.
Otras sospechas
En noviembre de 2022 ocurrió algo que modificaba la situación original: Leolabs se había constituido en Argentina como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con sede en Ushuaia. Según los documentos publicados por la Inspección General de Justicia de la provincia, la firma se formó a partir de dos sociedades extranjeras: Leo Labs Space Holding Limited con domicilio en Dublin, Irlanda, y Leolabs Limited con domicilio en Londres, Inglaterra.
De este modo, la empresa autorizada ya no era estadounidense como se planteó al principio, sino británica, y a ello comenzaron a sumarse las sospechas de que el equipamiento podía tener un uso militar, además de científico.
Gran Bretaña tiene en las Malvinas la base militar de Mount Pleasant, la más grande de la región del Atlántico Sur. El Gobierno Argentino ha denunciado que allí hay armas nucleares que violan el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe completamente el armamento nuclear en América Latina y el Caribe, y que en realidad se trata de una base de la OTAN encubierta.
De hecho, en su libro Territorios vigilados, la periodista Telma Luzzani asegura que hay unos 1.500 efectivos que hacen entrenamiento, 500 de los cuales están de manera permanente, y que el costo de esa base fue de 1.200 millones de dólares.