Redacción Canal Abierto | Este martes 22 de agosto tuvo lugar la tercera audiencia del juicio oral y público contra cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.
El crimen tuvo lugar en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche, el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo de vigilancia tras el desalojo ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva en el conflicto por la recuperación de las tierras reclamadas por la lof Lafken Winkul Mapu.
Mientras los prefectos y sus abogados asisten al juicio de manera remota por video conferencia, la familia de Rafael Nahuel que con sus escasos recursos solventa el viaje de 500 kilómetros entre la ciudad andina y General Roca y la estadía en esta ciudad, este martes no pudo concurrir a la audiencia y lo hizo de forma virtual junto con sus abogados. Como sostuvo días previos Graciela Salvo, madre de la víctima, los Albatros “fueron a Bariloche a matar a Rafita, pero ahora no quieren dar la cara en el juicio”.
Esta situación, apelada por la querella y la fiscalía, fue avalada por el tribunal, por lo que se sostiene esta situación de desigualdad ante la justicia. “Lo que está pasando es injusto. Lo más lógico sería que el juicio se trasladara a Bariloche, es algo que puede y debe hacerse”, sostuvo Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, quien señaló que la familia no viajó por una cuestión económica y que la organización está viendo como resolver la situación para la semana entrante. “Me parece que la sociedad barilochense y las comunidades merecen un esclarecimiento en el lugar de los hechos”, afirmó.
La tercera audiencia
En la jornada de ayer declararon sólo dos testigos, ambos de la PNA, el Subprefecto Pablo Rubén Berra y el Ayudante de Primera Eric Blanco, durante cuatro y dos horas respectivamente.
De acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal se realizarán dos jornadas de audiencia por semana. A ese ritmo se proyecta que la instancia oral del juicio se prolongue entre un mes y medio y dos, en los que desfilarán, en principio, 92 testigos citados por las partes.
El primero en declarar ayer fue Berra, quien comandó el operativo del grupo Albatros. Según lo expuesto, el oficial dispuso que dos grupos operativos ingresen al territorio en disputa para controlar el perímetro del predio, e “identificar y detener” a las personas que pudiesen encontrar. El subprefecto no pudo precisar los nombres de los subordinados intervinientes y se contradijo sobre quiénes y qué armas portaban. También tuvo declaraciones contradictorias con lo depuesto en la etapa de instrucción.
Berra, quien no subió a la montaña ni participó de la persecución de los miembros de la comunidad, abonó la teoría del enfrentamiento armado pero no dio precisiones sobre si escuchó disparos por parte de los integrantes de la comunidad o sostiene ese argumento en base a lo manifestado por sus subordinados.
Declaró también que la Prefectura Naval “no es una fuerza idónea” para actuar en la montaña, afirmación que abre preguntas y señala la responsabilidad de quienes ordenaron el accionar de esta fuerza en ese terreno.
El segundo testigo, el Ayudante de Primera Eric Blanco, sostuvo que, según el protocolo de acción de la fuerza, “no se puede utilizar” armamento letal en situación de persecución. “Sólo disparos de advertencia. Nada dirigido a alguien que pueda dañar”, respondió ante la consulta de los abogados querellantes.
De esta manera comprometió a los uniformados que tenían la orden de patrullar la zona y detener a los miembros de la comunidad que encontraran. Recordemos que de la inspección ocular y las pericias se desprende que los Albatros dispararon al menos 130 veces con munición de plomo.
Foto: Agencia Télam