Por Néstor Espósito | La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la influyente corporación de altos rangos del Poder Judicial, emitió un documento público que –hablando de corrupción puertas adentro- vulneró un principio básico: la presunción de inocencia.
El trabajo incluyó en una lista de “casos de corrupción” a tres jueces y ex jueces que no tienen condena firme. Menos aún, uno de ellos sigue siendo juez: está suspendido en el cargo por el Consejo de la Magistratura y afronta un juicio penal que está en pleno desarrollo. No pesa sobre él ni siquiera una condena de primera instancia.
Entre ciudadanos comunes, una confusión entre imputado, acusado y condenado es habitual, normal, entendible y hasta tolerable. Pero la AMFJN es una entidad integrada completamente por autoridades judiciales. La confusión, en ese caso, está vedada, es un espanto, no se puede entender ni mucho menos tolerar.
La Asociación presentó el “diagnóstico sobre la Independencia del Sistema Judicial en Argentina”, un trabajo realizado por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), junto a Cyrus R. Vance Center For International Justice (en honor al ex secretario de Estado norteamericano durante la presidencia de Jimmy Carter) y la Comisión Pro Bono, una iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el ala más derechosa de los letrados porteños.
En la página 14 se enumeran “los casos más recientes de corrupción en el ámbito del PJN”. Allí, textualmente, el reporte consigna:
“Juez Walter Bento: el 05/05/2021 fue imputado por la Fiscalía General de Mendoza por asociación ilícita, cobro de sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se lo acusó de dirigir una red de corrupción que incluía abogados y un funcionario de aduanas asesinado”.
Bento fue suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura y enviado a comparecer ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Probablemente sea destituido, pero eso aún no ocurrió. Además, está afrontando un juicio oral por los cargos consignados en el informe. El juicio está en pleno desarrollo. Probablemente sea condenado, pero ello aún no ocurrió. Técnicamente, hoy, Bento es inocente. No ha ocurrido lo que la Constitución establece para que sea considerado un delincuente.
El segundo caso es el del juez Raúl Juan Reynoso. “El 25/03/2019 fue sentenciado a trece años de prisión, inhabilitación especial para ejercer el cargo de magistrado judicial por el término de 35 años, inhabilitación absoluta por igual término que el de la condena a prisión y multa por ser responsable de favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes (delitos de concusión y prevaricato)”.
La afirmación es real pero incompleta. Reynoso tiene aún pendiente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Es decir que la condena de primera instancia, confirmada por la Cámara Federal de Casación, aún no adquirió fuerza de “cosa juzgada”, no está firme.
Probablemente la Corte rechace la última apelación, pero ello aun no ocurrió.
El tercer caso es el más insólito. Se trata del ex camarista federal Eduardo Freiler. “El 17/11/2017 fue destituido por enriquecimiento ilícito y mal desempeño de sus funciones tras un Jurado de Enjuiciamiento al que lo sometió el Consejo de la Magistratura. Se lo acusó de omisión de información en su declaración jurada, de un incremento patrimonial injustificado, de gastos que no condijeron con sus ingresos, de incumplimiento de obligaciones fiscales y de alegar motivos falsos para obtener licencias con goce de sueldo”.
Freiler, efectivamente, fue destituido. Pero el reporte omite toda referencia a las escandalosas circunstancias en que fue suspendido en el cargo, en el que un consejero de la Magistratura que debía asumir su cargo (y con ello alteraba las mayorías y minorías necesarias para su suspensión) fue retenido en un despacho del Palacio de Tribunales para que no pudiera prestar juramento. En esa maniobra participaron miembros del gobierno y del Poder Judicial, en ambos casos a sus más altos niveles.
Pero lo más llamativo (y también omitido en el documento) es que Freiler afrontó una causa penal por cargos similares por los que fue destituido. ¡Y fue sobreseído! El documento incluye entre jueces supuestamente corruptos a uno al que el propio Poder Judicial declaró inocente en una causa por corrupción.
El reporte contiene otra afirmación temeraria: “Ante casos de corrupción, existe la obligación de hacer la denuncia ante el Consejo de la Magistratura”. ¡No! Ante casos de corrupción, los funcionarios públicos tienen la obligación de formular una denuncia penal. El Consejo de la Magistratura es una instancia en la que la máxima sanción que puede recibir un juez es la suspensión para su posterior enjuiciamiento, cuyo resultado más grave es la destitución. Los delitos de corrupción, en cambio, están contemplados en el Código Penal y la mayoría de ellos se reprimen con prisión efectiva.
El informe describe que “la gran mayoría de las causas en donde se investigan hechos de corrupción no concluyen: los acusados son sobreseídos por prescripción, muerte del imputado, duración excesiva del proceso (más de 20 años) o porque las pruebas se degradan o erosionan. En los últimos 30 años, sólo el 12% de las causas por corrupción llegó a juicio oral”. La explicación a esa situación indica que “la Auditoría llevada adelante por el Consejo de la Magistratura respecto de las causas de corrupción en la justicia federal reveló problemas de recursos humanos, tecnológicos y funcionales que hacen casi imposible investigar y sancionar la corrupción”.
La verdadera razón por las que las causas terminan por fracasar es la decisión política de no avanzar en ellas. Las otras razones también existen, pero empalidecen ante la rosca judicial y política. El Poder Judicial es, además, parcial: entre 2016 y 2019 encarceló a funcionarios de un signo político sin miramientos e incluso mediante la creación de la figura del “poder residual” conocida como “Doctrina Irurzun”.
Pero sistemáticamente derribó todas las causas de presunta corrupción ocurridas en el anterior período presidencial. La última decisión en ese sentido fue la anulación de los procesamientos en la causa por la denominada “Mesa Judicial Bonaerense”. El fallo desmiente los sentidos del ciudadano común: lo que vieron los ojos y escucharon los oídos, no pasó.
Ese mismo Poder Judicial que consintió encierros preventivos en causas generadas a partir de sobres anónimos tirados por debajo de la puerta de despachos oficiales o por grabaciones encontradas “haciendo footing por Palermo”, cuando revisó la denominada “Causa GestaPRO” sostuvo sin que se les moviera un músculo: “ya en oportunidad de fallar en otros casos hemos notado, llamativamente, que no es la primera vez que en estos últimos años se han encontrado de ‘forma casual’, mediante tareas de limpieza, acomodamiento de muebles o de reorganización de espacios: archivos, videos o memorias de computadoras con datos (tal como paso en el caso Bases Amba y en Ara San Juan) sin ninguna otra información que permita profundizar su contenido”.
La Justicia Tuerta se reparte entre los que confunden una estafa con una estufa, los que renunciaron a hacer justicia por desgano o decepción, los venales y los que los toleran en silencio. Salvo un puñado de honrosas (también desconocidas y muchas veces estigmatizadas) excepciones, lo que domina la escena son magistrados cuya principal característica es la misma que la de la mayonesa de soja.
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Néstor Espósito: @nestoresposito
Ilustración: Marcelo Spotti