Canal Abierto Radio | Organizaciones que trabajan con personas en situación de calle y la problemática de la vivienda reclaman que se ponga en funcionamiento la totalidad de la Ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo que fue aprobada en diciembre de 2021 con el número 27.654, y tiene dos puntos esenciales que aun permanecen sin avances:
1- el Relevamiento o Censo Anual – Articulo 13 de la ley que debía ser realizado a 180 días después de la publicación de la misma, y que jamás se hizo.
2- los Centros de Integración de 24hs los 365 días del año en todo el país (Articulo 16).
Por eso, este mediodía marcharon y se concentraron frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Avenida 9 de Julio.
En un comunicado, informaron que “estos dos artículos eran la base del armado de programas y del armado presupuestario para aplicar a la ley. El artículo 19 a su vez indica que la autoridad de aplicación deberá ‘presentar un informe anual que permita una evaluación de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones realizadas y los resultados obtenidos’. A casi dos años, nada de esto se cumplió”.
“Como dijimos en varias oportunidades –continúa el reclamo- somos el único país en el mundo que tiene tres leyes especificas sobre la problemática e igual las principales ciudades de las provincias y sus municipios están atestadas de personas en situación de calle. Además se ha notado un marcado crecimiento de la población mencionada, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Consultado por Canal Abierto Radio, Horacio Ávila, de Proyecto 7, explicó que es importante el cumplimiento de los dos puntos señalados porque “para aplicar una ley tenés que tener un diagnostico, y sin un relevamiento cualitativo y cuantitativo no lo podes hacer”.
“Hace dos años que se aprobó la ley, que decía que a los 180 días se tenía que hacer el relevamiento, porque a partir de ahí con los subgrupos podes empezar a armar programas que beneficien a la población, y después diseñar el presupuesto”, agregó.
Sobre los centro de integración, el dirigente social describió que “hay grandes ciudades y provincias donde la gente no tienen ni siquiera donde comer o bañarse. En la Ciudad de Buenos Aires no hay menos de 10.000 personas viviendo en la calle”
“Se está haciendo mal –continuó Ávila-, están cerrando convenios y entregando el dinero de siete meses todo junto, con 120% de inflación anual, ese dinero además no está yendo para centros de integración nuevos, está yendo a ciertos sectores de la iglesia y sectores que tienen acomodo político, pero no le va a llegar a las personas en situación de calle”.
“Hicieron todo mal desde el principio, se refuerzan los centros que ya existen pero eso solo funciona durante el día y por la noche la gente no tiene donde dormir”, añadió.
“Siempre nuestra población queda relegada al asistencialismo puro, a considerar que alcanza con repartir frazadas. El Estado no puede ser un grupo solidario, es una política pública y debe aplicarla, hicimos la mitad de su trabajo que era diseñar la ley, ahora debe aplicarla”.
Sobre la distribución del dinero que establece la nueva legislación, el representante de P7 advirtió: “Hay que ver porque el Estado siempre tiene que casarse con la iglesia y les reparte los recursos, que claramente hace asistencialismo, en invierno no veo las puertas de las iglesias abiertas para que la gente no duerma en la calle”.
Finalmente, consultado sobre la posibilidad de que Jorge Macri sea el próximo Jefe de Gobierno porteño, dijo: “Hace 16 años que le damos la pelea a la derecha en la ciudad, no hay uno que sea menos monstruo que el otro, son la misa porquería, hace 16 años que nos persiguen, que nos esconden, que nos golpean y seguiremos dando la pelea”.
La gacetilla de la organización además enumeraba que “los formularios de convenios son infirmables e irrealizables, con plazos de siete meses, ningún proyecto de integración con una problemática tan compleja, que se considere serio puede durar ese tiempo, debe ser mínimo un año con una renovación automática por un año más. Montos fijos que no se saben a qué responden, que son para reforzar las cajas de algunos lugares ya armados que no son específicos de la problemática”.
“No queremos seguir contando muertos ni casos de violencia institucional como un mero dato estadístico, queremos que eso se termine”