Redacción Canal Abierto | La bancada oficialista de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura provincial presentó, entre gallos y medianoche, cuatro proyectos de ley que plantean reformas a los mecanismos de ventas de tierras fiscales y de explotaciones mineras.
La movida, orquestada por el oficialismo provincial para tratar de forma exprés estos proyectos se corresponde con las necesidades políticas del nuevo gobernador y líder del espacio Alberto Weretilneck, quien asumirá su cargo el 10 de diciembre. De esta manera el ex y futuro mandatario intenta evitar pagar el costo político de aprobar estas leyes que ya intentó modificar en varias ocasiones años atrás.
“Este proyecto de nueva Ley de Tierras entró ayer sin ningún tipo de consulta ni formal ni informal. Ingresó con un proyecto de modificación del Código de Procedimiento Minero”, explica a Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken (vocero) del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia. “Las comunidades estamos con un amparo minero que ha sido rechazado con el argumento de que el gobierno de Río Negro no sabe dónde están ubicados los territorios comunitarios. Ese es el argumento de la Fiscalía de Estado, de la Dirección de Minería, la Dirección de Tierras, la Secretaría de Ambiente y del Superior Tribunal de Justicia (STJ)”.
“Ese mismo argumento lo vamos a utilizar para reclamarle al gobierno que si no sabe dónde están ubicadas las comunidades no se puede arrogar el derecho de llevar adelante una modificación estructural de la Ley de Tierras donde la afectación de ese entramado legislativo va a alcanzar a todas las comunidades porque estamos asentados en tierras fiscales”, sostiene el referente mapuche.
Los proyectos ingresados a la legislatura unicameral consisten en una nueva Ley de Tierras y tres propuestas que modifican normativas del sector minero que inciden sobre el Código de Procedimiento, el cobro de regalías y el Consejo de Evaluación Ambiental de la actividad.
La intención de JSRN, autor de las cuatro iniciativas, es que se aprueben en una sesión este viernes y, posteriormente, por tratarse de leyes que deben tener una aprobación en segunda vuelta, en una nueva audiencia el 5 de diciembre. Así, Weretilneck iniciará su nuevo gobierno con el camino allanado para dedicarse a sus anchas a impulsar el extractivismo minero de la mano de multinacionales como la australiana Fortescue.
Territorio de sacrificio
Frente al argumento utilizado por el STJ de que la Provincia no conoce la ubicación de las comunidades para hacer caer el amparo de las comunidades frente al avance minero, cabe señalar que la provincia no lleva adelante el relevamiento territorial de comunidades indígenas dispuesto por la ley 26.160.
El Negocio está en marcha, entre gallos y media noche, fiel a las prácticas oscurantistas que caracterizan al Brujo @Weretilneck y a @JSRN_Oficial , se presentaron los proyectos mineros y de tierras sin ningún tipo de consultas a las comunidades y sin debate social. Abro hilo pic.twitter.com/lEW5FhyRMF
— Orlando Carriqueo (@o_carriqueo) November 14, 2023
“Este mismo gobierno hace más de 10 años no aplica el relevamiento territorial de la ley 26160, no entrega títulos comunitarios y no resolvió más de 140 denuncias de la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras que funcionó en la Legislatura entre el 2012 y el 2015, que hoy están cajoneadas en la Fiscalía de Estado”, denuncia Carriqueo. “Por otro lado, el Codeci (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) está desfinanciado y prácticamente no funciona. En este escenario, quieren habilitar un nuevo uso de la tierra porque, según lo que sostiene la ley 279, la tierra tiene una función social, en principio es para el que la trabaja por lo tanto se trata de personas físicas y núcleos familiares los que pueden acceder a las tierras fiscales. Esta modificación habilita el uso minero e hidrocarburífero extractivo”.
Entre otros casos, la modificación propuesta por el oficialismo permitiría que la australiana Fortescue –que está detrás del desarrollo de hidrógeno verde– a la que el gobierno de Arabela Carreras le otorgó 625.000 hectáreas para su uso por 75 años, en los próximos años pueda pedir la titularidad de esas tierras, o de las 13.000 hectáreas que les acaban de otorgar para otro parque eólico.
“Esto es lo que pasó en Jujuy, es lo mismo, sólo que allá fue mucho más amplio e implicó la modificación de la Constitución. En Río Negro se apuesta a modificar leyes que son estructurales. La nueva ley de tierras va a poner parámetros para el acceso a la tierra y va a establecer condiciones para el uso extractivista del suelo”, concluye Carriqueo.
La ley de tierras es una ley que por sus características de orden público debe ser sometida a un debate social, no sólo en una Legislatura donde hay una mayoría absoluta del oficialismo con condiciones para levantar la mano sin discutir. “Que un gobierno haya ganado las elecciones no lo legitima para hacer estas reformas estructurales sin discusión social ni política. Esa es una práctica antidemocrática, es una práctica oscurantista que tiene el gobierno de Juntos Somos Río Negro. Weretilneck quiso modificar esta ley en cuatro ocasiones: en el 2016, en el 2017, en el 2018 y en el 2019”.